ANDAR en La Matanza

(APDH La Matanza) Desde hace algunas semanas se respira un clima social enrarecido con las protestas de un sector de la policía y los saqueos en diversos puntos de la geografía argentina. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza siempre denunciamos que un sector importante de las fuerzas de seguridad convive y “hace caja” con actividades ilegales como la trata de personas, el narcotráfico y los robos, por citar sólo tres ejemplos. En algunos casos que acompañamos a las víctimas, la investigación judicial demostró esa convivencia con lo ilícito y el abuso de autoridad. A Luciano Arruga y a Gabriel Blanco, el primero desaparecido desde 2009 y el segundo muerto en una comisaría en 2007, los policías bonaerenses les dijeron que si no robaban para ellos iban a aparecer muertos. Así fue con Gabriel y aun buscamos a Luciano, cuyos familiares y amigos sostienen una vigilia desde el 17 de octubre, en la casa que funcionó como destacamento y se lo vio con vida por última vez.

Los vecinos de muchos barrios de La Matanza sufren la violencia de los negocios sucios del narcotráfico, con los jóvenes denominados “soldaditos”, mano de obra barata y descartable de los verdaderos dueños del negocio. También están las “zonas liberadas” en las que los efectivos de seguridad miran para otro lado mientras los delincuentes desvalijan comercios o casas particulares.

En los últimos días vimos cómo esa sociedad ilícita e inescrupulosa entre la delincuencia y un sector de la policía corrupta, derivó en una situación de caos que fue tierra fértil para los saqueos. Así, las fuerzas de seguridad de paro por reclamos salariales contaron con el apoyo de bandas organizadas. Tras los destrozos, sectores expresamente motorizados y otros humildes y desprotegidos fueron en busca de las migajas. La presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner expresó que la policía “tampoco puede organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror”.

Entonces, es hora de una decisión política que encare una profunda reforma de las estructuras de las fuerzas nacionales, provinciales y de las denominadas “policías municipales”, cuerpos recientemente creados en diversas comunas.

Es necesario desarticular el poder corrupto y el negocio ilegal de quienes son empleados del Estado para brindar seguridad ciudadana. Se trata de una obligación republicana ineludible de las autoridades políticas. También la Justicia tiene un rol clave en la investigación de estos hechos, para desarticular ese esquema mafioso, que incluye a quienes pretenden criminalizar a los militantes por los derechos humanos y a los luchadores sociales, como sucede con los procesados en Las Heras, provincia de Santa Cruz.

La convivencia entre policías corruptos y delincuentes de diversa calaña no es nueva. La Apdh La Matanza lo denuncia y sufre las consecuencias por acompañar a las víctimas del “gatillo fácil”.

Es hora que los luchadores sociales, políticos y sindicales reclamen la democratización de las fuerzas de seguridad y la definitiva subordinación de sus integrantes a las autoridades civiles.

San Justo, martes 17 de diciembre de 2013