El joven fue asesinado en Quilmes en 2015 y el prefecto que disparó alegó legítima defensa. Después de que el juicio se suspendiera durante la pandemia, el oficial Juan José Silva enfrentará el debate acusado por el delito de homicidio en exceso de la legítima defensa ante el Juzgado en lo Correccional N° 3 de Quilmes a cargo de la jueza Julia Andrea Rutigliano.

ANDAR en Quilmes

(Agencia Andar) Después de 6 años y medio de pedir y esperar justicia, Inés Alderete verá al prefecto Juan José Silva frente a un tribunal acusado de matar a su hijo, Marcos Acuña de 21 años. Tras el crimen el oficial alegó legítima defensa y acusó a Marcos y sus amigos de intentar robarle. El juicio estaba previsto para el año pasado pero fue postergado por la pandemia.

“Son seis años de pisar la fiscalía todas las semanas, casi tres postergaciones del juicio”, repasa Inés. Ahora el oficial de Prefectura deberá responder por el crimen ante la justicia correccional de Quilmes, ya que al ser acusado por el delito de homicidio en exceso de la legítima defensa el crimen no encuadra en lo penal y Silva llegará libre al debate.

“Al principio tenía muchas expectativas en el juicio, al principio era una mamá que repetía ‘justicia, justicia, quiero justicia para mi hijo’. Hoy después de tanto creo que a veces el poder judicial te gana y te hace entender que para los pobres no hay justicia, no sé cómo explicarlo”-considera. “Si no se logra una condena yo al menos lo senté en el banquillo, y quisiera que no esté más como prefecto ni policía ni nada, porque esta persona si mata una vez puede seguir haciéndolo, ya está educado para eso. Lograr la condena sería lo ideal, pero quisiera que al menos no porte más armas y no sea más policía. Y si llega la condena mejor, el que mata tiene que ir preso, y si es policía con más rigor, porque están preparados para manejar un arma, tienen que saber actuar en medio de la sociedad”.

Según datos de La Comisión Provincial por la Memoria, entre 2016 y 2020 622 personas murieron por el uso de la fuerza policial: una muerte cada 3 días. Como en el caso de Marcos, el 70% de las muertes se provocaron bajo el supuesto de defender bienes materiales, en su mayoría de los propios agentes policiales.

Inés es parte de la Marcha nacional contra el gatillo fácil de cuya organización participó estos últimos seis años. “Creo que la lucha colectiva es lo principal, que hay que acompañar a los familiares. Falta mucho, mucho para unirnos y seguir luchando para que dejen de matar a los pibes, para evitar que caigan en las drogas, que terminen detenidos en penales de donde no salen recuperados”, dice desde su experiencia.

Aun con el camino que lleva recorrido, asegura que “nunca se consideró una referente, ni siquiera una militante… soy una mamá que el estado le mató al pibe, una mamá que lucha para no tener más pibes asesinados por la policía, eso sí. Lo único que puedo hacer es acompañar a las mamás para que no pasen el mismo proceso que yo. Una mamá que pelea por todos los pibes”.