ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar/CPM) Ubicado en el municipio de La Matanza, en el cruce del Camino de Cintura y la Avenida Gral. Ricchieri, el predio tiene un enorme valor histórico y jurídico: es un elemento clave como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad y también para la identificación de cuerpos de personas desaparecidas.

En el lugar se emplazó la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la provincia de Buenos Aires, una dependencia que desde su creación en 2017 se encuentra en continuo crecimiento.

Las denuncias y pedidos de las organizaciones que militan por su preservación y recuperación han Sido desoidas reiteradamente igual que las numerosas órdenes judiciales que desde el 2010 dictaminan el resguardo del lugar. “Con todos estos antecedentes que son el resultado de años de trabajo de sobrevivientes de la última dictadura y militantes, que han sido convalidados por la justicia, resulta inadmisible que en el predio funcione todo este despliegue operativo y logístico con un profundo impacto negativo sobre el lugar”, señalaron desde la CPM en una carta dirigida al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, y al secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla, tras el acto de la semana pasada.

La CPM, al igual que la Comisión Vesubio y Puente 12 y la Mesa de la Memoria de La Matanza, encuentra “especialmente preocupante” que los máximos responsables de la gestión provincial y municipal hayan desplegado la entrega de nuevos móviles policiales y la inauguración de dormitorios para los efectivos que desempeñan tareas en ese lugar, sin registrar “la situación extremadamente delicada en la que se encuentra el predio”.

LA CPM advirtió que estas acciones ponen de manifiesto el desconocimiento de las autoridades sobre la importancia del sitio en materia de memoria y derechos humanos.

En la carta exigen una serie de medidas de preservación entre las que figuran que se arbitren los medios necesarios para la desafectación inmediata de parcelas específicas, pertenecientes a los ex CCD Puente 12 y El Banco, se garantice la preservación del lugar como prueba en juicios por delitos de lesa humanidad (en curso y futuros), y se implemente una política de memoria que permita convertir al lugar en un espacio que incluya a las organizaciones.

Las medidas dictadas por la justicia para no innovar datan de 2010, 2015 Y 2016, y todas fueron ignoradas. Las mismas resoluciones se ratificaron en 2021 y 2022, y recientemente, en junio de este año, por el Juez Daniel Rafecas. Las medidas obedecen a la recopilación de testimonios y actuaciones judiciales que pudieron demostrar que el lugar funcionó como un crematorio de cuerpos de personas desaparecidas. A la fecha se individualizaron cinco ADN humanos pero se identificó sólo uno, el de un hombre que estuvo en cautiverio en El Banco.

Lo que ocurre en el predio es además un claro incumplimiento de la ley nacional 26.691 y la ley provincial 13.584 de sitios de memoria que obligan al Estado a garantizar la preservación de estos lugares como parte de una definición integral de una política de memoria. “El compromiso con lo sucedido durante la última dictadura militar debe convertirse en una política de Estado coherente, efectiva y permanente”, subraya la CPM al concluir su pedido.