Por tercera vez desde la apertura de la causa que investiga la masacre, la CPM -que patrocina a 9 de las 10 familias de las víctimas- solicitó a la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora la imputación y el llamado a declaración indagatoria del exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y del exjefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perrone, por haber tenido conocimiento y desobedecer las notificaciones, clausuras judiciales y prohibiciones para alojar detenidos en la seccional Tercera de Esteban Echeverría.

ANDAR en la justicia

(Agencia) En la presentación realizada por el equipo de Litigio Estratégico ante la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora se detallan las tres clausuras judiciales de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría dispuestas entre 2011 y 2015, antes de la asunción de Ritondo como ministro de Seguridad bonaerense, y las cuatro posteriores ordenadas entre 2016 y 2018.

Incluso se menciona el oficio remitido por la Fiscalía 1 descentralizada de Esteban Echeverría al propio ministro Ritondo en el cual se le demanda que informe las medidas adoptadas –administrativas, de refacción o remodelación- en virtud de la recurrente clausura de los calabozos de aquella dependencia policial.

“Sin embargo dichas resoluciones fueron desobedecidas, tal como se evidencia a través de los oficios diarios enviados por el comisario de la dependencia con el detalle de detenidos alojados, los cuales siempre oscilaron entre 15 y 27 personas, con fechas que van desde el 18 de abril de 2018 hasta el 13 de noviembre de 2018”, destaca el escrito de la CPM que por tercer año consecutivo exige la imputación y llamado a declaración indagatoria del exministro de Seguridad de la Provincia y del exjefe de la Policía Bonaerense.

La petición de la CPM fue presentada el viernes 12 de noviembre ante la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora en el marco del tercer aniversario de la Masacre de Esteban Echeverría que arrojó 10 víctimas fatales el 15 de noviembre de 2018 por un incendio que pudo haberse controlado e incluso se hubiera evitado de no haber estado sobrepoblada esa dependencia policial y sin las mínimas condiciones de seguridad.

Cabe recordar que a mediados de septiembre, familiares de las víctimas junto a la CPM fueron recibidos por el ministro de Justicia bonaerense Julio Alak y el Procurador Julio Conte Grand para expresar la preocupación por la falta de celeridad en la actuación del fiscal Fernando Semisa. A casi tres años del hecho, el expediente tiene 40 cuerpos, pero el fiscal sigue requiriendo medidas de prueba que no se ajustan a ninguna hipótesis de investigación y, al mismo tiempo, sigue sin resolver los dos pedidos de indagatorias por las responsabilidades funcionales de la masacre.

Según el escrito de la CPM por el que se renueva el pedido de indagatoria de Ritondo y Perrone, en abril de 2017 el titular de la Comisaría Tercera solicitó al departamento de Arquitectura y Obras del Ministerio de Seguridad que se presentara en la seccional a los fines de realizar una inspección en el sector de los calabozos y determinar las reformas necesarias para revertir las clausuras.

La inspección dio cuenta, efectivamente, de las pésimas condiciones en que se encontraban las instalaciones de la dependencia policial, lo que coincidía incluso con una inspección de enero del año anterior. Sin embargo, a pesar de las evidencias registradas por el propio gobierno provincial, siete meses antes de la masacre la Dirección de Arquitectura policial informó que la Comisaría Tercera de Transradio no se encontraba contemplada entre las que serían refaccionadas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense.

De allí que, de acuerdo a los argumentos plasmados por la CPM, las fallas en las instalaciones cloacales, sanitarias y eléctricas, y especialmente la falta de matafuegos con señalización reglamentaria, además de un sistema de agua completo para luchar contra incendios, resultaron determinantes para la masacre en el marco de una  total situación de abandono.

El escrito también rescata fragmentos de la entrevista realizada por el periodista Luis Novaresio cuando, con fecha 10 de septiembre de 2018, el Ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo se jactaba de que en las comisarias de la Provincia de Buenos Aires tenían “record de detenidos”, con alrededor de 4.000 alojados a la fecha de sus declaraciones.

“A la hora de hablar del Poder Judicial manifestó que ‘hay una puerta giratoria’ y remató con una frase de alto contenido político: ‘Prefiero a los delincuentes amontonados que liberados’, marcando así el temperamento y las prioridades de su gestión y una decisión indubitable que provocaba consecuencias previsibles”, cita el pedido de indagatoria presentado por la CPM.

Por último, en cuanto a la calificación legal respecto a Ritondo y Perrone, el escrito fundamenta los hechos ya mencionados en la figura de abandono de persona seguido de muerte.