El cargo de defensor del Pueblo de la Nación está vacante desde 2009. El último mes la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo lanzó la convocatoria para ocupar el cargo. Se presentaron casi 80 postulantes, entre ellos el integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Guillermo Torremare. Esta semana cierra la etapa de adhesiones e impugnaciones.

ANDAR en Argentina

(Agencia Andar) Hace 16 años que nuestro país no cuenta con un defensor del Pueblo designado a nivel nacional. Su último representante, Eduardo Mondino, dejó el cargo en 2009 durante su segundo mandato y quedó a cargo desde ese momento Juan José Böckel, el subsecretario general. En agosto la Corte Suprema exhortó al Congreso nacional a resolver esta vacante y finalmente se constituyó la comisión bicameral encargada de controlar, supervisar y proponer al defensor o defensora del Pueblo.

“Los desencuentros que caracterizan la vida política argentina, sumados al generalizado desinterés de los gobiernos por recibir observaciones, pedidos y críticas, han impedido el nombramiento de una persona que ocupe ese cargo. Este largo período de vacancia es un insano récord argentino”, señala Guillermo Torremare, uno de los casi 80 aspirantes al puesto. La convocatoria se lanzó el mes pasado y se presentaron también otras figuras como Julián Axat, Fabián Salvioli y Luis Arias.

“El defensor o la defensora del Pueblo debe ser alguien que colabore críticamente con el gobierno desde su posición independiente, planteando todo lo que advierta lesivo a los intereses populares. Su misión es la de defender los derechos que se ven afectados por las propias disfunciones del sistema político institucional, sin convertirse en un adversario al gobierno. Debe caracterizarse tanto por su prudencia como por su no complacencia con el poder. Así sucede en la mayor parte del mundo en que el instituto funciona bien y así debería ser en la Argentina”, dice Torremare. Y agrega “es estratégicamente importante a la hora de defender derechos humanos. Su voz debe ser la voz de la sociedad cuando cualquiera de sus miembros se vea vulnerado en sus legítimos derechos constitucionales. Si bien no tiene la potestad de obligar al Estado a cumplir con sus resoluciones, puede mediar entre la sociedad y el Estado cuando considere que el gobierno incurre en omisiones, injusticias o arbitrariedades”.

Su propia trayectoria es lo que lo ha llevado a presentarse. “Tengo especial interés en el cargo por las precisas razones que el Instituto Latinoamericano del Ombudsman ha señalado en el escrito que presentó apoyando mi candidatura: conjugo formación académica con su permanente militancia en organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las mismas temáticas que deben ocupar la atención del Defensor del Pueblo y, por otra parte, no participo del partido oficialista ni de las principales fuerzas de oposición, lo que aporta a la necesaria independencia que debe caracterizar al Defensor del Pueblo y tributa a la imprescindible confianza social que el instituto debe generar”, explica.

La actualidad también impone una agenda clara para este tipo de funciones. “En nuestro país, donde los índices de pobreza son altísimos, la marginalidad está a la orden del día, los servicios públicos no se supervisan adecuadamente, la administración pública es burocrática y frecuentemente arbitraria e ineficiente, donde no se propician acciones de prevención ni se impulsa con decisión la participación popular, la Defensoría del Pueblo –en tanto legítima interlocutora entre la sociedad y el Estado– podrá ayudar a superar los conflictos sociales que esos males implican, algunos ignorados, otros sostenidos y no pocos provocados por acciones u omisiones de los gobiernos”, señala el abogado, y suma: “durante la última década no sólo se ha agravado la situación de esas vulneraciones sino que han surgido nuevas problemáticas, como las que afectan a jubilados y jubiladas, a personas con discapacidad, a colectivos de la diversidad, a las mujeres que aún no gozan de una vida libre de violencia, a lo referido al cambio climático, y a la degradación institucional provocada por el abuso de institutos constitucionales de excepción como son el veto y los decretos de necesidad y urgencia”.

Ahora, luego de cerrada la etapa para recibir adhesiones e impugnaciones, la Comisión Bicameral debe realizar una preselección y quienes continúen en carrera deberán presentar un plan de acción que definirá el dictamen que se presentará a las cámaras. Se requiere el aval de los dos tercios en ambas cámaras para validar la elección.

“Es deseable que la elección del Defensor o Defensora del Pueblo se sustraiga de la condición de prenda de intercambio entre las parcialidades político partidarias y, por el contrario, se busque que el nombramiento recaiga sobre quien pueda cumplir idónea y dignamente la responsabilidad que se le encomienda, sin utilizar su mandato para propósitos personales. Por una cuestión de confianza social, siempre es preferible que quien ocupe la Defensoría –al que le está vedada toda actividad político partidaria mientras dura su función– no sea del partido del gobierno, pero no es necesario que se elija a un férreo opositor”, evalúa Torremare.

La expectativa está en mejorar las instituciones “Pienso que es muy bueno que se hayan presentado muchas personas con gran trayectoria. Eso le hace bien a la institución Defensor del Pueblo. Se va a saldar la deuda pendiente que significa terminar con la vacancia del único órgano de nuestra ley fundamental diseñado especialmente para la defensa de derechos humanos. Las y los legisladores enfrentarán el desafío de que el esfuerzo no sea en vano, el desafío de elegir a quien esté a la altura del mandato constitucional”, concluye el postulante.