La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se presentaron como patrocinantes de la diputada nacional (mandato cumplido) Gabriela Troiano, una de las víctimas de la red de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la conducción de Arribas y Majdalani. En la causa que tramita en el Juzgado Federal N 8 de Comodoro Py y se inició con la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño, se investiga las intercepciones a más de 80 correos electrónicos, sin orden judicial y violando los principios de la ley de inteligencia.

ANDAR en Comodoro Py

(Agencia) La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño denunció en la justicia federal la posible comisión de maniobras de espionaje ilegal a políticos, dirigentes y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. Por esa denuncia hay tres causas en trámite: dos en Comodoro Py y otra en San Nicolás.

Una de esas causas investiga la intercepción, sin orden judicial, a más de 80 correos electrónicos de legisladores, legisladoras y dirigentes de distintos espacios políticos. La información recolectada en esas acciones de espionaje ilegal fue hallada en un disco rígido que fue entregado a la justicia.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentaron, ante el Juzgado Federal N 8 de Comodoro Py, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, como patrocinantes de la ex diputada nacional del Partido Socialista Gabriela Troiano, unas de las víctimas de esa maniobra realizada por agentes de la AFI.

De acuerdo a la información que surge de la denuncia, la CPM y la APDH señalaron que estas acciones de espionaje fueron ejecutadas transgrediendo el marco legal de la Ley de inteligencia 25.520 y vulnerando derechos y garantías constitucionales.

El artículo 4 de la Ley 25.520 prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Y en su inciso 5, la misma norma, establece que las comunicaciones privadas “son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”.

La intercepción del correo electrónico de Troiano y el resto de las víctimas de esta infiltración transgrede estos principios de la ley. Y, además, incurre en otros delitos penales por la violación la ley 25.326, de protección de datos personales.

Esta maniobra de espionaje habría sido realizada por un funcionario de una importante Dirección de Inteligencia de la AFI, subalterno de otro que, a su vez, respondía al Jefe de Gabinete de la agencia. Sin embargo, y más allá de la identificación de estos tres agentes [cuya identidad está protegida por la misma Ley 25.520], en un organismo con la cadena vertical de mando de una central de inteligencia, es imposible que la filtración de información de casi un centenar de correos electrónicos sea realizada sin el conocimiento y consentimiento de las máximas autoridades del organismo.

“Son las autoridades de un organismo de las características de una central de inteligencia las que fijan los lineamientos de su accionar, no podemos dejar de señalar que la cadena delictual alcanza al ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y también a su segunda, Silvia Majdalani”, señalan la CPM y la APDH en la presentación de la querella.

Más grave aún, y como se desprenden de la totalidad de causas que en la actualidad tramitan en diversos órganos jurisdiccionales, este acto de inteligencia ilegal se dio en el marco de un espionaje extendido y sistémico.

Durante los últimos años y meses, se investigan numerosas causas de inteligencia ilegal que involucran a la estructura de la AFI y otras agencias de inteligencia. Ejemplo de ello son la causa D’Alessio, las filtraciones ilegales de conversaciones privadas, interceptadas en el marco de expedientes judiciales, para ser publicadas en medios de comunicación, el espionaje masivo sobre opositores políticos, funcionarios y referentes de la alianza Cambiemos y la vigilancia masiva mediante escuchas a detenidos por causas de corrupción, realizadas por la Dirección de Análisis de Información del SPF, conocida como Área 50, en posible coordinación con la AFI.

Por la magnitud y por las características de las personas espiadas ilegalmente resultaría evidente que el entonces Presidente Mauricio Macri, en tanto titular del Poder Ejecutivo Nacional, estuvo al tanto y fue parte de esas acciones criminales o, por lo menos, conocía este accionar. El conjunto de causas que se encuentran en trámite es una muestra de un accionar sistémico e ilegal durante su gobierno.

En la presentación como patrocinantes de la diputada socialista (Mandato Cumplido) Gabriela Troiano, en la causa por la obtención de información de su correo electrónico, los abogados y abogadas de la CPM y la APDH solicitaron diversas medidas de pruebas.

“La cooptación del aparato de inteligencia nacional  por parte de los más altos funcionarios del gobierno, dada a la tarea delictual de espiar a ciudadanos y ciudadanas impunemente, derriba la legalidad vigente”, concluyen los organismos de derechos humanos en la presentación.