El domingo 25 de febrero se realizaron en Tigre dos manifestaciones para exigir un derecho fundamental: el ingreso sin restricciones a la comunidad indígena Punta Querandí para sus habitantes y para las personas que participen de las actividades educativas, culturales y recreativas. La calle perimetral de acceso -obligatoria por ley- está usurpada por el barrio privado San Benito, que también pretende adueñarse del tramo final del canal Villanueva, un brazo del río Luján.

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(Punta Querandí) “Continuaremos los reclamos por la calle con denuncias y movilizaciones hasta lograr el libre acceso. Nos sentimos discriminados, a otros vecinos les permiten pasar para llegar a la calle Brasil pero a la comunidad indígena no”, dijo Soledad ‘Jasuka’ Roa, del pueblo guaraní y miembro de la comunidad indígena Punta Querandí.

La primera parte de la protesta se realizó después del mediodía desde la plazoleta frente a la estación de tren de Maschwitz. En la entrada del barrio privado San Benito, se encontraron con los portones cerrados y la seguridad reforzada. “No había nadie de la comisión directiva de San Benito que dé la cara, pero el mensaje se lo pudimos pasar a los vecinos del barrio privado, ellos no ven el día a día cuando cruzamos con el bote, no ven cuando hay sudestada, cuando hay correntada después de las lluvias, o cuando baja el arroyo y quedamos trabados”, agregó Jasuka.

Lo que algunos residentes de San Benito manifestaron es que muchos están a favor de la apertura de una calle. La oposición viene fundamentalmente de parte de de la comisión directiva, que está influenciada por la empresa EIDICO. Mientras tanto, la falta de un acceso terrestre perjudica a distintos sectores sociales: “Muchas escuelas no pueden venir, a los ancianos les cuesta subir y bajar al bote, gente mayor se ha caído de la escalera, hay un montón de cosas que adentro del country no ven”, explicó Soledad Roa.

A la tarde, desde Punta Querandí, bajaron los botes al agua. Con canoas y kayaks recorrieron el tramo final del canal Villanueva que pretenden cerrar las urbanizaciones cerradas San Benito, San Marco y Santa Catalina, desarrolladas por la firma EIDICO cuyo presidente, Jorge O’Reilly, quiere desalojar a la comunidad indígena.

A diferencia del año pasado, no hubo presencia ni amenazas de parte de los efectivos de Prefectura Naval de Dique Luján y la caravana de protesta no tuvo ningún tipo de “tensión”. El único detalle fueron los empleados de seguridad privada acompañando todo el trayecto, y un dron que filmaba desde el cielo. “Fue muy positivo poder disfrutar del río sin que esté cerrado, sin que esté Prefectura. Hasta ahora se logró que no se privatice el agua”, destacó la integrante del Consejo de Mujeres de Punta Querandí.

Fotos: Diana Canoambora, Fernando Poggi y Punta Querandí