El Colectivo Contra el Gatillo Fácil analiza el caso y su vínculo con las políticas de seguridad. Los ejemplos locales y el accionar de la justicia.

Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil

La doctrina de convalidar el accionar policial de disparar a matar en cualquier situación no es nueva en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y el aval político a los asesinos de uniforme tampoco. La vieja escuela noventista de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Carlos Ruckauf fue actualizada en la Gestión de Daniel Scioli y su ministro de Inseguridad Alejandro Granados. Los resultados a la vista: el gobierno bonaerense con mayor cantidad de casos de gatillo fácil en tres décadas. La gestión de María Eugenia Vidal se inició poniendo al frente de La Bonaerense a Pablo Bressi, máximo responsable de la Masacre de Ramallo, ocurrida en septiembre de 1999 y donde el grupo Halcón, con Bressi como jefe de los negociadores, coció balazos por igual a los asaltantes del Banco Nación de aquella localidad y a los rehenes que llevaban en el auto en que querían escapar. Todo un símbolo de la escuela de tirar primero y preguntar después.

Quienes trabajamos en el Colectivo Contra el Gatillo Fácil todos los días acompañando a los familiares de los pibes que mata la policía escudándose en la “legítima defensa” sabemos que el asesino Luis Chocobar y el apoyo institucional a su accionar no son un caso aislado. En marzo de 2017 y en juicio oral, el Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata (votos de los jueces Caputo Tártara y Bruni) absolvió al policía Diego Walter Flores, asesino confeso de Omar Cigarán, de 17 años, por entender que actuó en “legítima defensa”. En febrero de 2013 Flores se metió en una escena de robo que no implicaba riesgo para su vida ni para la de terceros, y pudiendo actuar de otra manera eligió matar. Hace días el doctor Caputo Tártara se animó a opinar en los medios sobre el caso Chocobar, y tras explicar los eximentes penales de la legítima defensa aseguró que en estos casos “no hay matemática que valga” porque existe una “relativa flexibilidad” para interpretar los hechos que “permite al juez hacer la correcta justicia del caso”. El juez Caputo, que es a su vez profesor de Derecho Constitucional en la facultad de ciencias jurídicas de la UNLP, avaló a un policía que mató a un joven para evitar el robo de una moto, dejando claro el orden de prioridades de la justicia y de la propia policía.

En la instrucción de la causa por los homicidios de Mauricio Andrada e Ismael Perussatto, de 17 y 20 años, el juez de Garantías platense Guillermo Atencio intentó sobreseer al policía del grupo Halcón Cristian Daniel Duarte también con la teoría de la “legítima defensa”. Duarte, un policía de un cuerpo de elite de la bonaerense y especialista en tiro controlado en situaciones de riesgo, disparó al menos 5 veces sobre 2 personas y trató de explicar que lo hizo bajo emoción violenta. En verdad, igual que Chocobar, remató a dos pibes con la situación controlada e irá a juicio desde el 22 de febrero próximo acusado de doble homicidio en ocasión de robo.

Una madrugada de agosto de 2016 Víctor Gonzáles, de 16 años, recibió un tiro de 9 mm por la espalda en plena zona roja platense y en jurisdicción de la Comisaría 9na. Su cuerpo apareció boca abajo frente a la dependencia de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Bonaerense en La Plata. En la investigación, que a un año y medio de los hechos no registra ningún imputado, la fiscal Leila Aguilar pidió los legajos de todos los numerarios de la 9na, de Infantería y de Caballería. Víctor venía siendo hostigado por el servicio de calle de la Comisaría 9na, célebre por la práctica de torturas seguidas de muerte, como la de Daniel Migone en 2005, y de desapariciones forzadas como la de Miguel Bru en 1993. De hecho el actual jefe de La Bonaerense, Fabián Perroni, estuvo procesado en una causa por torturas como numerario de esa comisaría.

En marzo de 2017 el agente de la Policía de la Ciudad Marco Antonio Gaitán le pegó un tiro en el pecho a Damián Corvalán, de 25 años, cuando se acercó al auto en que el efectivo estaba de trampa con una amiga en el parador 2 de Punta Lara. Gaitán no dudó en efectuar el disparo, aun cuando estaba sentado en el asiento del acompañante y gatilló sobre la cara de la conductora del vehículo. La investigación le adjudica a Damián un revólver de balines con el que habría amenazado a la pareja. Damián estaba sobre una moto desvencijada, con una clavícula quebrada y una férula en el hombro que le inmovilizaba un miembro.

En abril de 2017 el sargento de la bonaerense Rodrigo Laurent le asestó un disparo a Nicolás Vargas, de 18 años, ubicando el tiro en la región frontal y cinco centímetros sobre la ceja derecha, mientras lo perseguían en la moto en que iba con un amigo por el barrio platense de San Carlos. Los policías de la Comisaría 14ta de La Plata realizaron un desfile de toma de testimonios de uniformados en la propia sede para empantanar la investigación del hecho en la persecución de dos supuestos peligrosos motochorros. Laurent está imputado del homicidio de Nicolás pero continúa activo en la fuerza y recibió de la superioridad el habitual traslado encubridor de su situación.

Ciento treinta y siete años después de su creación, y pese a todos los intentos reformistas, La Bonaerense mantiene incólume sus basamentos doctrinales: unicidad funcional, centralismo organizativo, discrecionalidad en el accionar y  espíritu de cuerpo ante el uniformado que comete delitos. Las leyes orgánicas centrales (N° 9.550 y 9.551) se dictaron en 1980, en plena dictadura militar. Según ese cuerpo legal vigente se autoriza a los efectivos a usar discrecionalmente el arma aún fuera de servicio, y no se puede apartar a un policía de la fuerza sino hasta que la condena que recibió esté firme. Estos preceptos sobrevivieron aun a las reformas impulsadas por Luis Brunatti y León Arslanián. Hace casi 20 años asistíamos a la misma discusión pública que abre el apoyo macrista al asesino Chocobar. Por entonces el ministro del Interior Carlos Corach intentó impulsar un proyecto legislativo para autorizar a la policía a usar el arma reglamentaria en situaciones que creyera de peligro sin identificarse ni hacer advertencia alguna. Dos décadas después los ministros Patricia Bullrich en Nación y Cristian Ritondo en la provincia felicitan al asesino Chocobar y le ofrecen abogados. Para nosotros tampoco es novedad: los asesinos de Omar Cigarán, Mauricio Andrada e Ismael Perussatto son defendidos por abogados del Ministerio de Seguridad bonaerense, encabezados por el letrado y también policía Fernando Pedersoli. Lo más preocupante, tanto por la audacia de la iniciativa como por su tosquedad argumental, es el intento de cambiar la doctrina de lo que ellos llaman “la culpa hacia el policía” e “invertir la carga de la prueba”. En criollo eso se llama avalar los fusilamientos públicos más allá o más acá de lo que diga la justicia. En la jerga policial, convertir al sospechoso en potencial “abatido”. Más de 5 mil son los casos que esa doctrina se viene cobrando desde concluida la dictadura militar y comenzada la democracia de represión como control social. Bullrich y Ritondo quieren crear miles de Chocobar para contener el conflicto social que su política económica está agravando.

Al igual que con Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y tantxs otrxs, el gobierno elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas, y para ello tienen de aliados incondicionales a jueces de Comodoro Py y de todo el país. Así lo demostró recientemente Bonadío luego de la masiva marcha contra la reforma provisional, procesando a 33 compañerxs con nada más que declaraciones y actas policiales, en una causa burdamente armada y por la que aún hay compañeros presos. Macri premia a sus asesinos, los asciende y les da reuniones oficiales, y el resultado es inmediato.

En las últimas semanas la policía bonaerense y la local detuvieron arbitrariamente en La Plata a un joven por dormir en la calle, pero también a quienes intentaron filmar este atropello, armándoles burdamente causas por lesiones, daños y resistencia a la autoridad. En el día de ayer el microcentro porteño no hubo muertos por azar ante la absurda balacera desatada por la policía en una persecución callejera.

Por todos estos casos, y porque no podemos seguir soportando que muera unx pibx cada 23 horas a manos de la policía, repudiamos la política llevada a adelante por el macrismo y convocamos a las organizaciones al siguiente cronograma de actividades que estaremos realizando en estos días:

Viernes 9 de febrero – 18 hs: Reunión abierta para organizar el acompañamiento en el juicio por el asesinato de Mauricio Andrada e Ismael Perussatto en Casa Nuestramérica (60 n°1087)

Jueves 15 de febrero desde las 16 hs: Jornada de lucha a 5 años del asesinato de Omar Cigarán por el policía Diego Walter Flores en la Plaza de diagonal 80 y 115.

Jueves 22 de febrero – 9 hs : inicia el juicio al policía Cristian Daniel Duarte en los Tribunales de 8 e/56 y 57.