A mediados de agosto comenzará el juicio a 17 agentes penitenciarios por su responsabilidad en una de las más graves masacres de la historia del encierro bonaerense: la muerte de 33 detenidos en el incendio en la Unidad Penal 28 de Magdalena. Ahora se realizan audiencias preliminares para acordar los detalles del proceso ante el Tribunal Oral en lo Criminal 5 que presidirá el juicio. La CPM integra la querella junto a otras organizaciones de derechos humanos; solicitaron que se corra al servicio penitenciario bonaerense de la custodia de la sala.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) EL 15 de octubre de 2005 hubo una pelea en el pabellón 16 de la Unidad Penal 28 de Magdalena. “Fue una discusión entre dos muchachos, se separó y era algo que se arregla en el pabellón, no era para tanto”, dijo uno de los sobrevivientes de esa noche. A partir de la pelea los guardias irrumpieron en el lugar “a reprimir directamente sin mediar con los chicos”, “como hormigas: tirando”, según esos testimonios de los detenidos. Desde el fondo del lugar, donde estaban las últimas camas, se inició el incendio. Ante el fuego y el humo, los penitenciarios empezaron a retroceder y cuando el fuego crecía cerraron la puerta.

El ingreso a la Unidad 28 de Magdalena. FOTO: Andar

Los matafuegos estaban vencidos, las mangueras no funcionaron, nunca se volvió abrir esa puerta y los bomberos llegaron tarde. Los únicos que auxiliaron a las víctimas fueron los detenidos del pabellón vecino que tuvieron que abrir boquetes para intentar salvarlos. De las 55 personas que había encerradas allí 33 personas murieron asfixiadas y quemadas.

Doce años después llega el juicio a los 17 agentes penitenciarios, 15 acusados por abandono de persona seguido de muerte y dos por homicidio culposo agravado por tratarse de más de una víctima. A partir del 15 de agosto alrededor de 400 testigos serán convocados a prestar declaración ante los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena en el proceso que se extenderá unos 3 meses.

Por abandono de personas seguido de muerte están imputados los agentes Reimundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Busto, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villarreal, Mauricio Alejandro Giaonobile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez; por homicidio culposo agravado por más de una víctima el entonces jefe del penal, Daniel Oscar Tejeda, y Christian Alberto Núñez que era el jefe de seguridad exterior.

Preservar a los testigos y la escena

En la audiencia preliminar se acordaron cuestiones operativas y participaron las fiscales de juicio, Florencia Budiño y Silvina Langone, integrantes del equipo de litigio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que patrocinan a Analía Ortigoza, y Carolina Delgado en representación los hijos de Marco Granado Baldovino y Hernán Lucas Baldovino, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS ) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) como representantes de otras familias damnificadas, y los abogados defensores de los imputados.

Las querellas solicitaron que la seguridad del debate no quede a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, y el tribunal aprobó que sea alguna fuerza de seguridad nacional la responsable de resguardar el lugar durante las audiencias, a pesar de las quejas de la defensa.  Desde la CPM consideraron que estos recaudos son centrales en este tipo de juicios donde los acusados son funcionarios de las mismas instituciones que eran responsables de la custodia de las víctimas y todavía de muchos de los testigos.

Los representantes de las familias de las víctimas coinciden en que el paso de los años dificulta asegurar la condena de los responsables en causas como esta, atravesadas por las condiciones y consecuencias del encierro. Tras la masacre el SPB apuró una política de traslados y dispersión de los testigos ante cualquier acción tendiente a atender las secuelas físicas y psicológicas de la tragedia. Hoy, más de la mitad de los testigos son personas que se encontraban detenidas al momento del incendio.

“Como lamentablemente sucede en la mayoría de los casos como este, los poderes del estado omiten tomar medidas centrales para garantizar una investigación profunda e imparcial, que no enfoque solamente en el hecho sino que pueda también visibilizar el contexto donde esto sucede, el abandono de las personas detenidas y las condiciones del encierro que propician la tragedia”, sostuvieron desde la CPM.

También se evaluó la medida que mantiene clausurado el pabellón del incendio. El tribunal decidió por mayoría mantener la preservación del lugar para “asegurar la bilateralidad, inmediación y contralor de las pruebas”. La CPM además solicitó ante el Ministerio de Justicia que se convierta el espacio en un lugar de memoria y cultura, cosa que no fue respondida.

La justicia no avanzó sobre ninguna de las responsabilidades políticas de la masacre: 7 días después de las muertes Fernando Díaz, el entonces jefe del SPB, declaró que no había “ningún error que reconocer”. Nunca se rectificó. A lo largo de estos 12 años continuó ocupando cargos de relevancia vinculados a la gestión penitenciaria.