La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Sebastián Nicora, un joven de 16 años asesinado en un balneario de Punta Indio en 2013. Consideran que las irregularidades en la investigación violan el derecho de acceso a la justicia para la familia de la víctima.

ANDAR en la justicia

(Agencia) El organismo denuncia que la  investigación del crimen es absolutamente irregular y deja a la causa “signada por la impunidad”. A tres años de la muerte, no existe ningún imputado ni hubo avances significativos para dar con el o los autores responsables. La CPM señala que, en gran medida, la razón de esta situación  es la negligencia e inefectividad de la investigación penal y los agentes estatales. Por eso acudieron a la CIDH al considerar que se requiere de protección internacional “dado que la víctima ha sufrido la vulneración del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

La responsabilidad estatal 

Desde las primeras actuaciones la causa estuvo viciada de irregularidades en la investigación. En su presentación la CPM enumera por qué esto es una responsabilidad de los agentes estatales intervinientes: la instrucción fue, desde un principio, mal dirigida por el Ministerio Público Fiscal que planteó una única hipótesis durante un año; la autopsia fue realizada por el médico policial de la comisaría de Verónica designado por el comisario. Estas  pericias fueron desprolijas e incompletas. El médico omitió prácticas fundamentales para el caso como una radiografía del cráneo donde el cuerpo tenía una herida significativa, pero de todas formas concluyó que había sido producida por un elemento punzante.

La labor del perito médico marchó a la par de una variedad de irregularidades en el desempeño de los agentes policiales en la tarea de resguardo y conservación de las evidencias: no se precintó inmediatamente el lugar del hecho, se movió el cuerpo antes de la intervención de la Policía Científica y los peritos, se realizaron incautaciones indebidas, interfirieron en la inspección del último lugar donde se sospechaba que había estado la víctima. El resto de los funcionarios judiciales actuaron validando este informe a partir del que incluso se realizaron varios allanamientos. Uno de estos procedimientos fue en la casa de la madre de la víctima sin orden judicial y, por lo tanto, ilegítimo. Por estas irregularidades se inició acciones judiciales contra los agentes policiales por encubrimiento, que sigue tramitándose en simultáneo con la causa por el asesinato de Sebastián.

Nuevas pruebas

Ante este panorama la necesidad de que se realice una nueva autopsia era evidente. Sin embargo, sólo por iniciativa de la familia se logró el cambio de rumbo de la investigación. Fernanda Nicora, la madre de Sebastián, insistió a través de la querella para repetir el estudio al que la agente fiscal, la Dra. Ana Medina, se rehusaba.

Un año y ocho meses después de esa primera experticia se realizó la exhumación del cuerpo para practicar una nueva autopsia. Esta vez fue en sede de la Asesoría Pericial, una dependencia por fuera de la estructura policial, perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El resultado de este el estudio constató la existencia de dos orificios en la cabeza de la víctima, uno de entrada y otro de salida, y elementos metálicos en el interior: el “elemento punzante” se convirtió en proyectil, a Sebastián lo mataron de un balazo en la cabeza.

La responsabilidad de la fiscalía

En la presentación, la CPM subraya que un gran número de las irregularidades cometidas en la causa fueron avalados por la fiscalía, responsable principal de la instrucción de la causa. No se encuentran registros de que la Agente Fiscal Ana Medina haya concurrido al lugar de los hechos, hasta Marzo de 2016.

Su inacción se repite en la causa por el encubrimiento en la que, aún teniendo todos los elementos necesarios para indagar y procesar a las personas sindicadas como autoras del delito, no tomó medidas tendientes a que la investigación avance.  Desde su inicio, en Mayo de 2015, no hubo movimientos significantes y ninguna de las personas imputadas fue citada a declarar.

“A esta altura podemos afirmar que los órganos competentes del Estado Argentino obligados a llevar la investigación adelante (principalmente el Ministerio Público Fiscal), han incumplido derechos de la familia de la víctima, como el acceso a la verdad y a llevar adelante una investigación objetiva, eficaz y pronta”, concluye  la presentación ante la CIDH en la que la Comisión por la Memoria solicita que “se recomiende al Estado Argentino el garantizar el pleno acceso a la justicia de Fernanda Nicora en un plazo razonable”.