En marzo de 2007 Gabriel Blanco (21 años) fue detenido por agentes de la comisaría 2° de San Carlos, Isidro Casanova. Luego de ser brutalmente golpeado, su cuerpo apareció sin vida en una puesta en escena que sugería que el joven se había suicidado en la celda. El próximo 16 de marzo comenzará el juicio a los cinco policías procesados por su muerte. La CPM realizará la veeduría del juicio. El lunes 7 de marzo a las 11 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Av. Corrientes 1785 2 piso C, CABA) se realizará una conferencia de prensa junto a los familiares de Gabriel Blanco y organismos de derechos humanos.

ANDAR en la Matanza

(Agencia) Gabriel Blanco fue detenido el 1 de marzo de 2007 en el barrio La Borgward de Isidro Casanova, La Matanza. Tenía 21 años, trabajaba de vendedor ambulante por los barrios del conurbano y vivía junto a su compañera y su hijo. Su negativa a trabajar para la policía de la zona lo había convertido en blanco de hostigamiento sistemático. En reiteradas ocasiones, la policía le quitó la mercadería con la que trabajaba. Por esta razón, su pareja o su madre lo acompañaban a la parada del colectivo cuando salía a trabajar.

El próximo 16 de marzo comenzará el juicio oral y público por su muerte. El TOC 5 será el encargado de juzgar a los policías imputados: el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, acusados por torturas seguidas de muerte, y al comisario inspector Claudio Horacio Hundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos, por encubrimiento.

El 23 de febrero de 2013 el Juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictó la prisión preventiva para todos los acusados, quienes apelaron la medida que fue rechazada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de la Matanza. Los policías estuvieron detenidos en penales hasta el 22 de diciembre del 2015, cuando los integrantes del TOC 5 les otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria mientras esperan el juicio.

Ahora que el juicio tiene fecha de inicio el mismo tribunal declaró como nula la pericia de reconstrucción del hecho realizada en marzo de 2012 por la Gendarmería nacional y la Policía Científica. El argumento esgrimido es que los testigos imputados (Balbuena, Suárez y Gómez) no contaron en su momento con la debida representación legal para controlar sus manifestaciones, y que “no fueron relevados del juramento de decir la verdad”, responsabilidad del Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, los dichos expresados en la reconstrucción pueden ser utilizados en su contra.

La Comisión por la Memoria (CPM) participará como veedora del juicio, tal como lo viene haciendo en los últimos años en casos de violencia institucional. La presencia del organismo en cada una de las audiencias resulta fundamental para detectar y denunciar prácticas judiciales que pudieran resultar vulneratorias de los derechos de las partes y los testigos. Del mismo modo, esta acción contribuye con la posibilidad de desarrollar acciones de difusión y promoción.

Los antecedentes del caso

La noche de su detención, Gabriel había salido de su casa en búsqueda de una cartulina para hacer un cartel de bienvenida a su sobrina recién nacida. La policía lo detuvo y lo llevó a la Comisaría 2° de San Carlos por averiguación de antecedentes. Algunos vecinos fueron testigos del momento y avisaron a la familia. Su padre, Teo, su madre y su esposa se dirigieron al lugar pero no les permitieron verlo. Lo escucharon gritar y quejarse, estaba muy nervioso. La mujer pidió entrar para intentar calmarlo pero la policía la despidió con un “váyase tranquila que nosotros lo calmamos”. La familia creyó en aquellas palabras y se fue. Ya entrada la madrugada, dos policías de la Bonaerense golpearon a la casa de los Blanco con la noticia de que Gabriel se había suicidado en su celda.

Durante el velatorio, los amigos y familiares dudaron de la versión policial. Pudieron registrar los golpes en su rostro, las marcas en el cuerpo y le faltaban cinco piezas dentales. Se acercaron a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y pidieron asesoramiento para conocer la verdad de lo que había pasado con su hijo.

Criminalización de los militantes de derechos humanos 

La familia de Gabriel Blanco estuvo acompañada desde el inicio de esta investigación por la APDH La Matanza. Cuando tomaron conocimiento de la muerte, los integrantes de la APDH se hicieron presentes y tomaron contacto con los detenidos de la comisaria 2° de San Carlos y entrevistaron a los detenidos para conocer la verdad de lo que había sucedido con Gabriel aquella noche. Posteriormente, se acercaron a la CPM para denunciar el caso e impulsar el juicio por las torturas y posterior muerte de Gabriel.

Por esta razón, los abogados de los efectivos policiales denunciaron a la APDH La Matanza y a la CPM por extorsión. Afirmaron que los organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los privados de la libertad declaren en contra de los miembros de la fuerza policial. La fiscalía tomó la denuncia y abrió una causa por extorsión contra Pablo Pimentel, Beatriz Capdevilla y Juan Carlos Losa, todos integrantes de la APDH La Matanza.

Tras varias movilizaciones  en repudio a la acusación y una posterior audiencia con el ex gobernador provincial Daniel Scioli, el fiscal José Luis Claudio Longobardi desestimó la denuncia contra los integrantes de la Asamblea. En el territorio, la APDH sufrió hostigamiento y amedrentamientos públicos contra sus militantes, con la clara intención de silenciar las denuncias contra la violencia institucional y frenar las visitas a las comisarías que realiza el organismo.

Cabe recordar el rol fundamental que viene desempeñando la APDH La Matanza desde hace más de 30 años en la defensa de los derechos humanos y, específicamente, su accionar y acompañamiento en el caso Luciano Arruga.

“Pensamos que los chicos detenidos fueron inducidos por la misma policía para que declaren en contra nuestro. La policía es la que extorsiona con “beneficios” a los pibes con la clara intención de embrollar el juicio. Nosotros queremos dar a conocer la historia de Gabriel porque él no se suicidó, lo mataron. Sus padres están luchando hace muchos años para alcanzar la verdad y que los responsables paguen por lo que hicieron”, relató Beatriz Capdevilla en entrevista con ANDAR y agregó: “es tremendo que la militancia de derechos humanos esté siendo sometida a presiones y acciones mafiosas que son propias de otro momento de la historia, no en democracia.”