(Por Comisión Provincial por la Memoria) A treinta años del retorno de la democracia, es imprescindible reafirmar la vigencia del Nunca Más. Pues más allá de los avances en el reconocimiento y respeto por los derechos humanos, aún falta mucho por hacer. La tortura sigue siendo una práctica sistemática, cometida por las fuerzas policiales, penitenciarias y por personal de custodia de los centros de encierro, pero consentida, avalada y promovida por el poder político y judicial.

Banners de la campaña. Imagen: CPM

Es imprescindible porque cuando el Estado se ubica en el lugar del victimario se niega la democracia. No como sistema representativo, sino fundamentalmente como un proyecto de sociedad cuyo bienestar se edifica sobre la plena vigencia de los derechos humanos, donde el Estado los garantiza y condena su vulneración.

Es imprescindible también porque la tortura está dirigida fundamentalmente hacia los jóvenes pobres, inscribiéndose, de este modo, en un modelo de sociedad que legitima y profundiza la desigualdad y que mantiene un claro sesgo clasista y racista.

A 30 años de democracia, TORTURA NUNCA MÁS.

Si la Policía te pega, la policía te tortura

SI LA POLICIA TE PEGA, LA POLICIA TE TORTURA.

Se debe considerar tortura a todas aquellas acciones ocasionadas por agentes del Estado con la intencionalidad de producir sufrimiento físico y/o psíquico sobre la víctima. Por eso, una golpiza es tortura.

Estas prácticas son habituales en las fuerzas policiales, de tal manera que parecen “naturales”, es decir que forman parte de su función. Integran, con otras prácticas ilegales, la acción policial cotidiana.

Es usual que la policía detenga arbitrariamente, que allane domicilios sin orden del juez, que reclute para el delito, que extorsione a cambio de protección, que arme causas y “plante pruebas”, que maltrate y agreda física y verbalmente, entre tantas más.

Estas prácticas, graves de por sí, son la antesala de otras de extrema violencia como la tortura, ejecuciones (“gatillo fácil”) y desaparición forzada de personas.

Por eso es importante desnaturalizarlas y caracterizarlas como una sistemática violación a los derechos humanos. Porque no son aisladas sino que se repiten y mantienen en el tiempo formando parte constitutiva de la acción policial.

A partir de la sistematización realizada por la CPM de los relatos de niños y niñas detenidos en institutos de menores, es posible afirmar que la violencia institucional ejercida por la policía bonaerense al momento de la aprehensión y durante la detención resulta sumamente grave, pudiendo agruparse en tres tipos de “prácticas sistemáticas”: 1) torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 2) Amenazas e intimidaciones; 3) Robos/hurtos por parte de los agentes policiales. De un total de 236 jóvenes entrevistados, el 68% fue víctima de violencia policial en el momento de la aprehensión.

La Cárcel es tortura

LA CÁRCEL ES TORTURA

Los sistemas de encierro en nuestro país ejercen la tortura como práctica sistemática para disciplinar a los privados de su libertad. Algunas condiciones del encierro deben ser consideradas como torturas. No sólo las golpizas y otras formas de producir dolor sobre el cuerpo, sino también el hambre y frío a los que se los somete, el robo sistemático de elementos personales, el aislamiento en celdas de castigo, los traslados constantes, el impedimento del contacto con la familia, la falta de atención médica, entre otros, en tanto son prácticas intencionales que buscan el padecimiento no sólo físico sino también psíquico como modalidad de gobierno de la población interna.

Durante el trabajo de prevención y denuncia del Comité contra la Tortura de la CPM, hemos entrevistado a 15046 personas privadas de su libertad en las cárceles bonaerenses que derivaron en más de 11.000 presentaciones judiciales por este tipo de prácticas. Solo en el año 2012 presentamos 3926 habeas corpus y acciones urgentes ante la justicia. Las víctimas de violencia fueron 3713 Hombres, 206 Mujeres, 87 Jóvenes de menos de 18 años. Durante el 2012 registramos 15.820 hechos de violencia contra personas detenidas.

La Tortura es un delito

LA TORTURA ES UN DELITO

En la Antigüedad la tortura formaba parte de los procedimientos judiciales pero estaba reservada a los esclavos, extranjeros, y en forma más extensa durante el Imperio Romano, a los “humiliores” que eran los que componían el pueblo “bajo”, los humildes. Excepcionalmente, los nobles podían ser torturados en la medida que fueran considerados peligrosos para el Imperio. Durante la Edad Media, la tortura se generalizó. No sólo fue parte de los procesos judiciales sino también de la Iglesia, a través de la Santa Inquisición, como práctica contra el delito de “herejía”, de persecución y de purificación a quienes se apartaban del “dogma”. Su uso estaba reglamentado, se establecían los objetivos, modalidades y límites de la práctica. Durante la Conquista de América, fue una práctica usual en el sometimiento de los pueblos indígenas.

Las ideas abolicionistas sobre la tortura emergieron a partir del S. XVIII en el marco del Iluminismo y los procesos de modernización del Estado. En Argentina, la Asamblea del Año XIII entre otras medidas progresistas, abolió la Inquisición y mandó a quemar los instrumentos de Tortura.

La tortura hoy es considerada por el derecho internacional como una grave violación a los derechos humanos:

En nuestro país es un delito condenado por la ley. Las penas impuestas asimilan la tortura con el homicidio.

Esta equiparación de las penas por el delito de tortura fue producto de una iniciativa en el marco de la transición a la democracia que buscaba construir una sociedad sobre la base del NUNCA MÁS a la dictadura militar apenas concluida. Este imperativo sigue vigente, porque hoy, 30 años después, la tortura sigue siendo una práctica sistemática en nuestro país.

TORTURAR ES PEOR QUE ROBAR

La tortura, como práctica estatal violenta, sistemática -no como hechos aislados- es tal vez el delito más grave que contiene el catálogo del código penal. Se trata de un delito cometido por el Estado que atenta contra la dignidad y la libertad de los sujetos que la sufren.

Se trata de una práctica repudiada por el derecho internacional y condenada a nivel interno, con una pena asimilada a la del homicidio. Pero no es sólo la pena establecida para este delito lo que determina su gravedad, sino fundamentalmente el hecho de ser una práctica cometida por el estado contra los sujetos a quienes debe garantizar el acceso a derechos y la protección de los mismos.

En momentos en que la atención está puesta sobre todo en los delitos cometidos por particulares, es fundamental poner énfasis en la práctica de la tortura como delito de estado. Asumir su gravedad, implica exigir a los tres poderes del Estado que su erradicación y condena sea una prioridad en la agenda pública y así desnaturalizarla como práctica socialmente aceptada o tolerada.

LA CEGUERA DE LA JUSTICIA PROMUEVE LA TORTURA

La ceguera judicial promueve la tortura

A pesar de que la tortura es una práctica sistemática de todas las fuerzas de seguridad, no hay condenas por este delito, ni a los autores inmediatos ni a los responsables políticos. La mayoría de los casos no se denuncian y si lo hacen, muy pocos llegan a juicio, donde en general los imputados son sobreseídos. La impunidad que garantiza la Justicia se constituye como otro aval estatal de la tortura.

Esto es muy grave, no sólo porque es injusto sino porque es un nuevo acto de violencia para las víctimas. No sólo no repara sino que inflige un nuevo daño. Al no haber sanción por el delito de tortura, se incumple con la función esencial del aparato jurídico estatal impactando la estructura subjetiva de la sociedad. La impunidad no es sólo ausencia de castigo penal, moral o histórico. Es un acto de violencia directa. No es sólo un efecto de la violencia mediado por una omisión, sino un acto en sí de carácter violento, en tanto acto y como comportamiento. No es sólo un dejar hacer o dejar pasar, sino un acto racional y deliberado de violencia y violación de derechos humanos.

Así el poder judicial no sólo no actúa contra la tortura sino que tampoco cumple con su función de reparar a las víctimas.

Las consecuencias son más graves aún en tanto expresa la mirada clasista y racista del sistema judicial, que persigue penalmente los delitos cometidos por los sectores más vulnerables, los jóvenes pobres, y omite perseguir los delitos cometidos por el poder estatal, consagrando la desigualdad.

La tortura es inseuridad

LA TORTURA ES “INSEGURIDAD”

La tortura es un delito grave, una violación a los derechos humanos que atenta contra la integridad de las personas, contra su libertad, su dignidad, su salud y su vida. El daño no sólo afecta a la víctima, sino a su entorno, a su comunidad afectiva.

La idea de que la “seguridad” se consigue a partir de la persecución, encierro y eliminación de estereotipos sociales a los que se le asigna la peligrosidad y el riesgo de la integridad de los demás, ha provocado las mayores violaciones a los derechos humanos, en tanto el Estado se convierte en el victimario y abandona el lugar de garante de derechos. Para ejemplo sólo basta mencionar la última dictadura militar.

No hay seguridad en la medida en que el estado en vez de garantizar derechos, los vulnera. En vez de proteger a las personas las pone en riesgo, por acción u omisión.

LA TORTURA NOS DAÑA A TODOS

La tortura no daña sólo a las víctimas que la sufren; es una práctica que lesiona la democracia pensada como un modelo de sociedad que garantice desde el estado el acceso a derechos y condene la vulneración de los mismos. Por tanto la tortura, niega el estado de derecho.

La tortura legitima y reproduce la desigualdad social, porque está orientada fundamentalmente hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, cuyos derechos han sido en su mayoría denegados.

La tortura es el estado convertido en victimario y sustraído de su rol de garante irrestricto de los derechos humanos.

Con la tortura el Estado produce más violencia en la sociedad.

Por eso, la tortura nos daña a todos

A 30 años de democracia: tortura NUNCA MÁS