Pamela Macedo Panduro, una chica trans de 29 años, falleció en enero mientras estaba detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela. En febrero las razzias policiales con requisas vejatorias volvieron a recrudecer en la zona roja y este fin de semana levantaron a casi medio centenar de chicas trans en situación de prostitución. Las detenidas de este último operativo se suman a otros casos que vulneran los derechos del colectivo trans migrante en la ciudad. Desde Otrans presentaron 3 habeas corpus y denunciaron múltiples violencias.

ANDAR en La Plata

(Agencia) “Pamela había venido hace casi 10 años a la Argentina, ella vivía en Capital Federal pero venía mucho acá a La Plata y era militante de Otrans acá. Cuando nosotras hicimos una actividad para visibilizar nuestros reclamos, un certamen Miss latinoamérica trans, lo ganó ella en 2014. Era una compañera de una familia de 3 hermanos, ella era la hermana mayor. La familia está muy preocupada en Perú por esto y aún no hemos podido repatriar el cuerpo”, contó Claudia Vazquez Haro, referente de la organización civil Otrans al salir de tribunales.

La organización, que se presentó como particular damnificado en el caso de Pamela, hoy también intercedió ante la justicia por los operativos policiales que se llevaron a cabo en la última semana en la zona roja. “Hoy hicimos presentaciones de varios habeas corpus por lo que sucedió en esta última semana con las dos razzias que redujeron alrededor de 47 compañeras trans y travestis que se encontraban en situación de prostitución; de ellas dos están privadas de su libertad”, explicó Vazquez Haro.

De acuerdo con un informe presentado por Otrans Argentina existe una sobre representación de mujeres trans y travestis privadas de su libertad en las cárceles bonaerenses. Según indican del 100% de las trans privadas de su libertad el 98% son migrantes y de todas ellas el 100% están privadas de su libertad por causas vinculadas a la ley 23.737 (tenencia de estupefacientes). “Las condiciones de detención deterioran la vida de las compañeras. Es un colectivo vulnerable: más del 50% tiene enfermedades crónicas. Lo que estamos pidiendo es que los estándares de la Corte Suprema de la provincia y de la justicia en La Plata son durísimos y no aplican el fallo Zambrano ni el Arriola”, detalló Vazquez Haro.

El fallo Zambrano, difundido en septiembre de 2016, considera que el accionar policial vulnera los derechos de las personas trans y travestis, y asume que estas prácticas tampoco están siendo reconocidas como delitos vejatorios por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Ahora que la violencia policial vuelve a recrudecer en la zona roja encuentra nuevos modos y desde Otrans denuncian que de las requisas vejatorias en la vía pública a los allanamientos en las casas. “Es muy sospechoso el modo en que la policía en connivencia con la justicia lleva adelante este tipo de armado de causas. Nos llama mucho la atención que siempre es a través de una denuncia anónima y esa es la única muestra para dar cuenta de un acto ilícito. Acabamos de revisar las causas con los abogados y vemos que los testigos son los mismos policías. Esto ya lo vivimos el año pasado con la condena a Claudia Córdoba Guerra a 5 años y tres meses por ser peruana y prostituta”, recordó la referente de la organización.

A partir de estos últimos operativos desde el frente TLGB denunciaron particularmente el accionar de una agente de policía trans que no respeta la identidad de género de las trabajadoras sexuales. También criticaron la cobertura de algunas agencias digitales que sólo publica la versión policial y “potencia la discriminación” hacia el colectivo.

“Seguimos con un estado ausente que mira para otro lado, que no implementa políticas públicas pero sí las encierra criminaliza y termina matando a las compañeras. Esto lo venimos denunciando desde el año pasado en la subsecretaría de violencia institucional; ellos estaban al tanto de la situación de Pamela y 5 compañeras: les entregamos informes, les hicimos saber que no estaban comiendo. Las cárceles son inhumanas y no pueden estar más las personas detenidas en esos lugares: hay una gran responsabilidad de la justicia”, concluyó Vazquez Haro.