En la madrugada del 15 de noviembre se produjo un incendio en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría que terminó con diez muertos: dos en el lugar y otros ocho en hospitales durante los días siguientes. La dependencia policial tenía siete órdenes de clausura para alojar detenidos, todas fueron desoídas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia. A un año de la peor masacre en comisarías bonaerenses, declararon más de 20 funcionarios y todos reconocieron las graves condiciones de detención que hicieron posible ese desenlace, sin embargo la causa no tiene siquiera un imputado. “A pesar de todo lo que pasó y estamos pasando, quiero creer en la justicia”, dice Matilde, mamá de Elías Soto, una de las víctimas.

ANDAR en Esteban Echeverría

(Agencia Andar) “No fue un motín”, repiten una y otra vez las familias de las víctimas de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría desde hace casi un año. Lo mismo dicen las familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino desde hace casi tres años. La versión policial siempre habla de motín, de peleas entre internos. Siempre busca cargar las culpas en las víctimas.

La masacre de Esteban Echeverría no fue un motín ni un accidente sino un hecho previsible: fue consecuencia directa de la grave crisis humanitaria en el sistema de encierro y, en particular, de las comisarías. Sobrepoblación, hacinamiento, colchones inflamables, falta de medidas de seguridad; casi todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires tienen las condiciones de posibilidad para que ocurran masacres. Y ocurren.

“Queremos ser escuchadas para que el mundo sepa en el estado que están las comisarías; tiene que saberse lo que pasó y los responsables deben ser sancionados. Si esto queda impune nada puede transformarse”, piensa Celina, mamá de Juan Fernández, una de las diez víctimas de la masacre.

Juan murió tres días después del incendio en la sala de terapia intensiva del hospital Narciso López de Lanús. Tenía 31 años y tres hijos que quedaron bajo custodia de Celina. Juan llevaba un año y cinco meses —los últimos tres en Echeverría— detenido en comisarías, a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria. “Yo estoy devastada, por más que tenga otros hijos me falta uno. El amor ese me falta adentro”, dice su mamá.

En la madrugada del 15 de noviembre, las personas detenidas en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría estaban con música en las celdas; los policías de servicio esa noche decidieron cortar la luz. Esta decisión fue el detonante de un reclamo por las desesperantes condiciones de detención.  “Estaban apretados como ratas”, grafica Celina.

“Convivían con bolsas de residuos, que las sacaban sólo el día de visita, le abrían el agua sólo dos días por semana y le daban luz cuando querían. La comisaría no estaba en condiciones, las cloacas rebalsadas. No tenían nada y los policías les sacaban la mitad de las cosas que les llevábamos”, agrega Matilde, la mamá de Elías Soto.

Desde el año 2011 la comisaría 3ª de Esteban Echeverría estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Sin embargo, aquella madrugada había 26 personas donde -según la misma policía- antes de la clausura sólo había cupo para 10. Los detenidos debían turnarse para dormir en frazadas que tiraban en el piso.

El hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta de elementos de seguridad provocaron la peor masacre en comisarías del país. La comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos.

Cuando esa madrugada, prendieron fuego unas mantas en señal de reclamo, todas esas condiciones estructurales desataron un incendio mortal. Las condiciones eran tan siniestras que, a pesar de haber un cuartel de bomberos al lado de la comisaría, ni siquiera el auxilio inmediato podía evitar el desenlace final: la muerte en ese día y los siguientes de Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Arguello

“Amontonados y no liberados”

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a nueve de las diez familias; desde el primer momento, reclamó que se investiguen las responsabilidades materiales y funcionales de la masacre. La causa tiene ya un año y ningún imputado. En su momento, antes de cumplirse un mes de la masacre, la auditoría de Asuntos Internos había desafectado de manera cautelar a los cinco policías que estaban de servicio la madrugada del 15 de noviembre de 2018.

Más de 20 funcionarios que van desde el jefe distrital hasta el superintendente de planeamientos y operaciones declararon como testigos en el expediente judicial.  Todos coincidieron en describir las acciones de su área como de “mera gestión”, sin posibilidades de realizar cambios estructurales en las condiciones en que se encuentran las comisarías y los detenidos alojadas en ella.

Hay otra palabra que muchos funcionarios usaron para describir la situación: “desuso”. El jefe de la División organización y operatividad policial del Centro de Operaciones Policiales, Francisco Pintos manifestó que tenían la función de “actuar como organismo de coordinación respecto a los detenidos para el alojamiento en distintas dependencias  policiales. Esta función cayó en desuso hace bastante tiempo ya que no hay plazas disponibles”.

El reconocimiento de la gravedad de la situación por parte de los mismos funcionarios y la ineficacia para mejorarla responden a una decisión política que el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo graficó mejor que nadie: “Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”.

Al momento de la masacre, la comisaría tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras.

“Es muy doloroso tener que salir a la calle y no tener respuesta de nada, ni nadie. Me gustaría que el próximo gobierno nos pueda escuchar y atender y hacer visible lo que pasó para que no vuelva a pasar”, resume Celina.

La voluntad de creer en la justicia

“Cuesta un poco mantenerse, cada uno lleva su dolor de la manera que puede. Tomé la fuerza de otras madres, de salir a la calle, de pedir justicia. Costó que se sepa bien lo que pasó, sentimos que en estos últimos meses se habló más, pero seguimos esperando novedades de la causa”, cuenta Matilde, mamá de Elías.

Elías Soto tenía 20 años y problemas de adicciones que quería resolver. Era la primera vez que estaba detenido y al momento de la masacre llevaba cinco meses esperando un cupo en el penal. “Lo iba a ver y me decía que nunca se hubiese imaginado esto”.

Las familias de las víctimas coinciden en algo: nadie desde la comisaría les avisó lo que había pasado con los chicos. El incendio fue alrededor de las dos de la madrugada. Matilde se enteró varias horas después: su hermana la llamó desde el hospital, tenía un turno médico que fue cancelado porque estaban atendiendo a los detenidos trasladados desde la comisaría después del incendio. En ese momento, la hermana de Matilde se entera que era la comisaría donde estaba Elías.

“A las siete llegué a la comisaría, fui la primera y nadie me decía nada. Recién a las 8 desde el juzgado le cuentan a la abogada de mi hijo lo que pasó”, dice su mamá. Y recuerda ir al hospital a ver a Elías: “Me dice que estaba grave y que era cuestión de hora, que no podían hacer nada”.

Este viernes, al cumplirse el primer aniversario de la masacre, familiares, amigos y amigas volverán a marchar para reclamar justicia. “Es diferente a otras marchas, se siente distinto la ausencia, duele más. Pasó un año y sigue siendo fuerte. Todos queremos que avance la causa, vamos a seguir luchando los años que sean necesarios”, señala Mariel Corvera, la hermana de Carlos.

Carlos Ariel Corvera tenía 25 años y una niña de 7, estaba detenido desde julio por intentar robar una cortadora de césped. La noche del 15 de noviembre cuando se produjo el incendio llevaba tres semanas alojado en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría.  Luego de la masacre Corvera fue trasladado al hospital de Ezeiza donde falleció 12 días después. Mientras permanecía internado en estado crítico, el TOC 10 de Lomas de Zamora le concedió la excarcelación.

—¿Qué esperan de la justicia?

—Que la justicia sea justa. Que los responsables no queden impunes para que estas muertes no sigan pasando —responde Mariel.

—A pesar de todo lo que pasó y estamos pasando, quiero creer en la justicia, quiero creer que algo vamos a conseguir. Que el Estado se preocupe por los pibes en la comisaría —cierra Matilde.