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(Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca) El tribunal Oral Federal Subrogante de Bahía Blanca condenó el martes 17 de diciembre a siete represores por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar. Fueron cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro años y tres meses y tres años y cinco meses. Ordenaron investigar a un juez de la dictadura.

“Señores, el juicio ha concluido”, dijo el juez Mario Triputti. “¿Dónde está mi hermano? Esta es la segunda sentencia, carajo. Si fueran hombres lo dirían”, gritó Adriana Metz mientras se le superponían otros pedidos de familiares de víctimas para que “hablen” los genocidas que vuelven a las sombras en el más absoluto silencio.

Los ex segundos jefes del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, Carlos Andrés Stricker y Alejandro Osvaldo Marjanov fueron condenados a prisión perpetua. El segundo fue penado, entre otros crímenes, por la apropiación ilegal de dos niños nacidos en cautiverio y absuelto por el delito de asociación ilícita.

Felipe “Chamamé” Ayala recibió también la pena máxima de prisión perpetua por secuestros, torturas, homicidios y por la apropiación de los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. La cuarta perpetua correspondió al ex guardia Bernardo Artemio Cabezón.

El ex jefe de los guardias del campo de exterminio, Fernando Antonio Videla, recibió una condena a 11 años de cárcel; el ingeniero militar José Héctor Fidalgo por su intervención en el Consejo de Guerra pasará tres años y cinco meses en una unidad carcelaria; y Ricardo Claudio Gandolfo, cuatro años y tres meses, por un secuestro.

Otras resoluciones de relevancia de los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava fueron el envío de copias de testimonios a la primera instancia judicial para que se desarrolle una investigación sobre la responsabilidad del ex juez Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, el dictado de la nulidad absoluta de la sentencia del Consejo de Guerra contra Julio Ruiz, Rubén Ruiz y Pablo Bohoslavsky, “teniéndola por inexistente”.

Por unanimidad dejaron sentado que los crímenes analizados son de “lesa humanidad” y, por la mayoría compuesta por Ferro y Bava, que “los mismos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.

Revocaron la excarcelación de Fidalgo y las prisiones domiciliares de Ayala y Stricker y dispusieron que el cumplimiento de las penas sea en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal o las unidades provinciales.

Se solicitó a las autoridades nacionales la baja de las filas del Ejército de los represores condenados y al actual jefe de la fuerza, César Milani -cuestionado por organismos de derechos humanos por su participación durante el genocidio-, que ordene al prófugo Carlos Arroyo ponerse a disposición de la justicia.

Los fundamentos de la sentencia, cuyas penas menores la Fiscalía y las querellas ya prometieron apelar, se conocerán -en principio- el próximo 20 de febrero de 2014 a las 17 en Colón 80.