En lo que va del año murieron 8 detenidos. Los días que hay guardia médica sólo cuentan con un profesional y un enfermero para 2500 detenidos, en una unidad que no tiene establecido un cupo máximo de alojamiento. La Comisión por la Memoria (CPM), mecanismo de control de las condiciones de encierro en la Provincia, realizó la segunda inspección en menos de un mes con sus equipos del Comité contra la Tortura (CCT).

FOTO: CPM- H.Z.

 ANDAR en las cárceles

(Agencia)

– No hay luz…

– ¿Es acá o en la zona?

– Es acá, saltaron las térmicas, estamos tratando de repararlo – dice un penitenciario.

Adentro de la UP Nº 1 de Olmos es invierno crudo. A oscuras, un equipo de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se prepara para entrar. Es la segunda vez en el mes que inspeccionan la unidad, porque son insostenibles las condiciones en que viven las personas detenidas. Durante el último monitoreo, las autoridades se negaron a dar información básica. Esta vez, acompañan la inspección el presidente de la institución y Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a Elisa Carca, vicepresidenta, Roberto Cipriano García, secretario, y Sandra Raggio, directora general.

Hacinamiento, torturas sistemáticas y superpoblación son los rasgos estructurales del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires. Olmos no es una excepción. Desde el año 2003, la CPM se ha constituido como un mecanismo de monitoreo y recorre periódicamente cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos, haciendo inspecciones que dan cuenta de esta situación que vulnera los derechos de las personas detenidas.

Las trabas y candados se golpean al abrirse en un ruido seco. “Cada vez que abren y cierran así las rejas me trae saudade”, dice Pérez Esquivel con una media sonrisa triste. El referente de derechos humanos estuvo detenido durante 14 meses en la Unidad 9 de La Plata como preso político de la dictadura. Hoy, una vez más, va a recorrer las celdas, monitoreando las condiciones inhumanas del encierro que aún se sostienen en democracia, casi 40 años después.

El equipo reitera el pedido de información ante uno de los jefes del penal, Juan F. Piorno.

– La población bajó – asegura- ahora hay 2467 detenidos.

El número no ha variado mucho: durante la última inspección había 2506. Hay casi 20 personas “en tránsito”, o sea, sin destino ni lugar de alojamiento fijo; y entre el total de detenidos, 1847 procesados. Así Olmos repite y supera el esquema de altas tasas de prisionización que la CPM denunció en su Informe 2015: el 75% de los presos aún no tienen condena.

– ¿Para cuántos es la capacidad? – pregunta Adolfo.

– …y, estamos entre este número y unos 2500 alojados – esquiva Piorno.

En algún momento el cupo que informaba el Ministerio de Seguridad para la unidad era de 1800 plazas. Ahora la Unidad 1 tiene orden de recibir a los que lleguen: es una unidad sin cupo establecido.

– ¿Cómo están las condiciones edilicias?

– Se soportan.

Cuando se abre la última puerta de ingreso al penal, el olor a basura es nauseabundo. No se soporta.

-Queremos ver la leonera que está en el patio- le pide el coordinador de uno de los equipos de la inspección al penitenciario que acompaña al grupo para abrir las puertas.

Esa leonera está a la intemperie y es una jaula, una especie de gallinero con techo de chapa. No hay nadie ahí porque la están cerrando con unos ladrillos sobre las paredes.

El grupo ingresa a la unidad. La oscuridad es casi absoluta salvo por el reflejo de las linternas que llevan los agentes penitenciarios. El olor a cloaca es fétido. Los pisos y paredes están eternamente húmedos. Hay otra jaula debajo de una escalera.

FOTO: CPM

– Esto no es una leonera -asegura el penitenciario. “Leonera nº 3”, dice el cartel en letras manuscritas sobre la reja. Hay dos personas ahí sobre el piso inundado. En otro lugar, un detenido dice “estamos todos golpeados”. Una de las trabajadoras de la CPM se queda entrevistándolos. El resto se dirige a otra jaula donde hay 3 personas más.

Ahí está Emanuel, llegó el día anterior desde la Unidad 39 de Ituzaingó. “Mi familia no sabe dónde estoy; ¿vos podés llamar a mi mamá?”, pide. No sabe por qué lo trasladaron, su familia vive por esa zona. Emanuel tiene 21 años: “Yo quiero volver ahí, hoy me habían autorizado la visita donde iba a conocer a mi hijo que nació hace poco, pero eso era hoy en la 39. Ahora mi señora no sabe dónde estoy y ella no tiene DNI; acá no la van a dejar venir, no puede… ¿seguro que vos podés llamar a mi mamá y avisarle que estoy acá?”.

Hijos de la democracia

Hace menos de 6 meses que Andrés está detenido, lo detuvieron por flagrancia y lo condenaron a 1 año y medio de prisión en un juicio abreviado. Está alojado en “buzones” o SAC, el sector de aislamiento. Ya pasó por los buzones de tres penales desde que está bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense: las unidades 35 y 28 de Magdalena y ahora Olmos.

“Yo hago jardinería con mi papá, que es el único que me va a venir a ver”, cuenta Andrés que no se acuerda su documento pero nació en abril del ’86. “Acá en este papel el juzgado dice que tengo orden de ir a San Martín, pero no hay cupo. Acá no me dan piso y no puedo recibir visitas. Mi papá está con un bastón, así no puede venir a verme a este lugar. Y mirá como estamos, no se puede tener a nadie así… quiero ir a Campana, ahí puede llegar mi papá ¿ustedes pueden pedir eso?”, pregunta.

En admisión, otro sector que se inspeccionó durante el monitoreo, está Lucas. Tiene 30 años y recorrió 16 penales en el último año y medio. Quiere apelar su condena porque el juez de la causa le dijo que se iba a pudrir en la cárcel. “Por ahí con los de ejecución me va mejor”, espera. El problema es que cuando hace solicitudes a la justicia le piden que haga actividades culturales y educativas. “Yo con todos estos traslados estoy por perder tercer año, ¿cómo hago? Además acá te dejan usar el teléfono después de las 14 horas, no puedo ni llamar al juzgado. En Barker me tuve que cortar todo para que me dejen de pegar, y ahí la procuradora me dijo que para presentar un habeas corpus tenía que estar lastimado”, cuenta. “Esto ya es mucha impunidad, te digo la verdad, no me quiero morir acá”, dice.

“Cada uno es un mundo”, comenta Pérez Esquivel al salir de otra celda. El chico que estaba ahí tampoco llegaba a los 30 años. Había denunciado a los agentes del penal anterior por malos tratos; “no puedo volver ahí y no tengo destino. Quisiera saber a dónde voy para que me pueda ver mi familia”, fue lo que pidió. Todos son jóvenes. No había nadie mayor a 40 años entre las personas que entrevistadas. Todos jóvenes nacidos en democracia, pero detenidos en el tiempo tras los muros.

Los jóvenes peligrosos, los otros, los delincuentes. Los jóvenes -esos que son el futuro- que están anclados en un presente continuo esperando que pase el tiempo. “Todas las cárceles son depósitos humanos, de ahí nadie puede salir rehabilitado, tiene que hacer un gran esfuerzo para superar ese tiempo de encierro, por ejemplo la falta de salidas aunque sea al patio, ver el sol, de poder pensar en otras cosas para la vida”, declaró Pérez Esquivel al salir del penal.

El depósito de alimentos de la unidad. FOTO: CPM

Desde la declaración de emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires en el 2014, las condiciones de encierro se agravaron notablemente. Así se denuncia en el Informe Anual 2015 de la CPM: “No albergamos ninguna duda de que la declaración vía decreto de la emergencia en seguridad, en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la provincia.”

Además de recorrer distintos pabellones y hablar con los detenidos, se inspeccionaron el depósito y el sector de sanidad. El depósito es un galpón húmedo con bolsas apiladas sobre tres paredes: algunas son de papas y zapallo, otras tienen arroz, polenta y legumbres. La cámara frigorífica donde se debe conservar la carne no funciona hace un mes. En sanidad no estaban los médicos, al preguntar quiénes estaban a cargo llegó un médico de guardia, “estoy yo y un enfermero”, aseguró. Y casi 2500 detenidos. En lo que va del año en la Unidad 1 fallecieron 8 personas: un muerto por mes.