La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) exige el esclarecimiento urgente y la condena de los agentes de la Policía Comunal de San Miguel del Monte que provocaron la muerte de cuatro jóvenes, de entre 13 y 22 años, durante una persecución policial que culminó en el choque fatal. La quinta ocupante del auto continúa internada en grave estado. Este hecho evidencia la violencia y la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad y confirma las graves consecuencias de una política de seguridad que, además de ineficiente, viola gravemente los derechos humanos.

 El 20 de mayo, alrededor de la 1 de la madrugada, tras ser perseguidos por un vehículo policial de la Estación Comunal de San Miguel del Monte, cinco jóvenes que se trasladaban en un Fiat Spazio impactaron contra un acoplado estacionado; cuatro de ellos perdieron la vida. Danilo Sansone tenía 13 años, Gonzalo Domínguez 14, Camila López 13 y Carlos Aníbal Suárez 22. La quinta ocupante del auto, Rocío, tiene 13 años y continúa internada en grave estado en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Se trata de un gravísimo caso de violencia policial que -tal como venimos sosteniendo- no es aislado, sino que se inscribe en prácticas y rutinas que asumen la violencia y la desprofesionalización como criterio rector.  Es, sin dudas, una nueva masacre en la que la intervención estatal causa la muerte de jóvenes a los que les debe particular protección. No se trata de un hecho lamentable, sino del emergente de la promoción estatal de la violencia policial.

A primeras horas de hoy, la CPM presentó un requerimiento a la fiscalía interviniente para que aplique la resolución 1390 de la Procuración General y los criterios rectores de la ley 14687 que exigen el apartamiento de la policía en la investigación y la obligación de disponer medidas urgentes por parte de la fiscalía. También se requirió la intervención de la auditoría de Asuntos Internos, que hoy confirmó la desafectación del capitán Alberto Rubén García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, reforzando de esta manera los indicios que dan cuenta de la irracional actuación policial. También fue desafectado el subcomisario Julio Franco Micucci, por omitir información para el esclarecimiento del hecho ocurrido, mostrando una actitud corporativa dirigida a construir impunidad.

Las políticas y discursos de parte de las máximas autoridades del gobierno nacional y provincial, que justifican y promueven graves violaciones de derechos humanos, son las responsables de esta nueva masacre ejecutada por funcionarios policiales. Se suma a las de las comisarías 1ª de Pergamino y 3ª de Esteban Echeverría.

La CPM exige que se tomen medidas efectivas para evitar la repetición de estos hechos gravísimos que afectan el estado de derecho y para garantizar una investigación pronta y eficiente que haga justicia por las víctimas.