La Comisión Provincial por la Memoria manifiesta su preocupación y rechaza al proyecto del Ministerio de Seguridad de la Nación que intenta instalar una base operativa de la Policía Federal en la sede de la ex Escuela de Infantería de Marina de Mar del Plata (ESIM). En ese lugar funcionó durante la última dictadura militar el centro clandestino de detención conocido como El Faro; en 2014 fue recuperado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, y se convirtió en sitio de memoria.

ANDAR en Mar del Plata

(CPM/Agencia) Hace un tiempo que las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación vienen buscando un lugar en la ciudad de Mar del Plata para instalar una base operativa de la Policía Federal. Habiendo descartado ya algunos espacios como el de la Terminal de Cruceros, en los últimos días corrieron rumores -luego constatados con hechos puntuales y concretos- que indican como nuevo destino el predio de la ex Escuela de Infantería de Marina, donde durante los años de la dictadura funcionó el centro clandestino de detención conocido como El Faro.

A las declaraciones del jefe de Seguridad de la ciudad, Fernando Telpuk, quién indicó que según las evaluaciones del área administrativa “la vieja Escuela de Infantería aparece como el lugar más integral”, se sumó en las últimas horas la visita, inesperada e intimidatoria, de personal uniformado de la fuerza. Frente a las consultas de los trabajadores del sitio de memoria a los funcionarios de hidrografía naval con quienes comparten el predio, la respuesta fue que se trata de órdenes del Ministerio de Defensa.

Frente a estos hechos, la CPM manifiesta su rechazo a la iniciativa y advierte con preocupación sobre la necesidad de preservar y proteger los sitios de memoria como parte de una activa política de derechos humanos.

Cabe destacar enfáticamente que la desafectación de las funciones que cumplían como establecimientos de fuerzas policiales o de seguridad ha sido parte imprescindible de este proceso de resignificación de estos lugares del horror. Así ocurrió con la ESMA en Buenos Aires, con la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires) en La Plata, con el denominado Olimpo en CABA, el llamado Infierno de Avellaneda, y tantos otros. Por lo tanto, no puede admitirse el contrasentido de que el ex ESIM se convierta hoy en una dependencia de la Policía Federal, institución emblemática también por su participación en el terrorismo de Estado. Sería un grave retroceso.

La recuperación del predio donde funcionó centro clandestino conocido como El Faro, concretada en 2014, fue el resultado de una larga lucha que se inició hace muchos años con el testimonio de sobrevivientes que permitieron identificar el lugar, y se continuó luego con el reclamo y las acciones de los organismos de derechos humanos de Mar del Plata y un conjunto amplio de organizaciones sociales.

Finalmente, el predio que durante años estuvo tapiado y cerrado al público, fue recuperado como espacio de memoria para la ciudad. Pero no para guardar y preservar el pasado sino, por el contrario, para construir ahí una apuesta política colectiva y comunitaria por el futuro, por la vida en democracia y por la plena vigencia de los derechos humanos. Los sitios de memoria tienen además un sentido reparatorio muy importante. Para las víctimas, para sus familiares, para los sobrevivientes, para la justicia y para toda la sociedad.

El Estado no puede desconocer ninguna de estas dimensiones ni eludir su responsabilidad para sostener una política de promoción de los sitios de memoria: en sus dimensiones materiales concretas y específicas y en su reconocimiento simbólico por el peso con que gravitan en la historia del pueblo argentino.

Forzar la convivencia -en espacios que ayer fueron de horror y muerte y hoy son de vida y esperanza- con proyectos que lo único que promueven es una masiva presencia policial es una medida que afecta el trabajo de memoria, verdad y justicia que se viene sosteniendo en ese lugar y revictimiza a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares. Además, desconoce la historia trágica de los años de la dictadura y desprecia la lucha de los organismos, incumple con la ley nacional de sitios de memoria y no comprende el sentido de estos lugares para profundizar la vida democrática de los argentinos.