La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) llevó a cabo el pasado fin de semana el tercer encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional. Durante dos días, más de 400 familiares de todo el país se reunieron en el complejo turístico de Chapadmalal. En el marco del trabajo con organizaciones de familiares que organiza la CPM, este nuevo encuentro buscó construir un espacio de articulación para fortalecer la intervención frente a las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de las políticas criminales.

ANDAR en la organización

(CPM/Agencia) Para la CPM el acompañamiento a los familiares víctimas de la violencia institucional ha sido una de las preocupaciones centrales de su agenda de trabajo y entiende que la organización de los familiares es una herramienta política fundamental para la transformación del sistema penal. Un sistema que viola sistemáticamente los derechos humanos.

En esa línea, la Comisión realizó el tercer Encuentro nacional de familiares víctimas de la violencia institucional. En el complejo turístico de Chapadmalal, la CPM reunió a decenas de organizaciones y más de 400 referentes de 16 provincias de todo el país que, desde su historia personal o su militancia en los barrios, trabajan en el territorio para denunciar la violencia policial, carcelaria y judicial y luchan por la erradicación de la tortura. Familiares víctimas que han convertido el dolor en lucha contra la tortura y la impunidad.

Estuvieron presentes organizaciones de familiares de las provincias de Buenos Aires, CABA, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Entre Ríos y Misiones. A ellas se sumaron familiares de Chile, Paraguay y Brasil, que también compartieron sus experiencias de organización y lucha.

En el marco del encuentro, se realizaron una serie de espacios de trabajo para la reflexión y discusión sobre los principales desafíos que impone la agenda actual de derechos humanos en materia de seguridad. Durante la primera jornada, se desarrollaron talleres sobre violencias en el encierro, policial, políticas pos penitenciarias, salud mental y adicciones, comunicación y violencia judicial y acceso a la justicia. Tras la finalización de esos espacios, fue el turno de la mesa-debate Los desafíos en la lucha contra la violencia institucional: gobierno, justicia y organizaciones, de la que participaron como panelistas el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, José Nebbia, fiscal de Procuvin, y César Antillanca de la Comisión contra la impunidad de Chubut. La coordinación estuvo a cargo de Sandra Raggio, directora general de la CPM.

El domingo, bajo el título de Las víctimas de la violencia institucional: entre el dolor y la organización, se realizaron seis comisiones en simultáneo donde familiares expusieron sus experiencias y las estrategias de organización y lucha contra la impunidad.

Cabe recordar que, un año atrás y también en Chapadmalal, durante el II Encuentro nacional, la CPM convocaba a más de 300 familiares y organizaciones víctimas de violencia institucional de 6 provincias. Desde entonces, se desarrollaron distintas jornadas de reflexión y capacitación que buscaron construir colectivamente herramientas para el registro de la violencia policial, penitenciaria y judicial. En ese esquema de trabajo, se consolidaron experiencias de lucha e intervención que instala a estas organizaciones como referentes territoriales y recoge los legados de la histórica lucha de los organismos de derechos humanos.

Este encuentro se inscribe en una serie de encuentros y jornadas de capacitación que viene organizando la CPM con el objetivo de promover y facilitar la articulación, compartir las trayectorias, fortalecer la capacidad de intervención y unificar acciones y demandas que den mayor visibilidad a las víctimas y a sus agravios padecidos.

La pluralidad y representatividad territorial de este encuentro, apunta a construir espacios de participación para la transformación de un esquema represivo a nivel nacional que se sustenta, casi exclusivamente, en la persecución de los jóvenes pobres. Frente al progresivo agravamiento de las políticas de seguridad que, en los últimos años, aumentó las penas, limitó las garantías constitucionales, llenó las cárceles, incrementó los índices de torturas y todo tipo de violencia institucional, la organización de las víctimas debe ser un pilar para la discusión de las políticas públicas.