Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi están detenidos desde el miércoles 4 por una causa que se inició en 2017, en el marco de una protesta de trabajadores de la Línea Este por la reincorporación de compañeros despedido y mejores condiciones laborales. En estos dos años, los choferes no pudieron defenderse porque no recibieron ninguna notificación judicial; tres de las detenciones se realizaron además sin orden de allanamiento. Familiares de los detenidos y compañeros, acompañados por referentes políticos y gremiales, reclamaron la libertad de los cuatro choferes. La CPM presentó un oficio ante el Juzgado de Garantías 2 que ni siquiera fue contestado.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) En 2016, luego del cambio de firma, la nueva empresa consignataria de la Línea Este fue cercenando y vulnerando los derechos laborales; en sólo ocho meses, hubo 30 despidos que se justificaron a partir de sanciones y suspensiones que eran definidas unilateralmente por la empresa.

En ese contexto de precariedad y hostigamiento, los trabajadores se organizaron en la agrupación El Bondi y conformaron un cuerpo de delegados; los cinco compañeros elegidos fueron despedidos. Durante 11 días tomaron de manera pacífica el predio de la empresa hasta que fueron desalojados mediante una feroz represión y decidieron marchar hasta el centro de la ciudad. Poco tiempo después, el Tribunal de Trabajo 1 de La Plata ordenó su reincorporación.

“A raíz de esa lucha, la empresa nos inició denuncias penales y el hostigamiento en lugar de trabajo continuó; en marzo de 2017, volvemos a hacer una toma pacífica con retención de tarea por el despido de 25 compañeros. Nos vuelven a reprimir”, recuerda Daniel Figueredo, ex chofer de la línea, uno de los que fue despedido dos veces, en 2016 y en 2017. “En ese momento, muchos desistimos de seguir la lucha porque veíamos que no llegábamos a nada y teníamos que trabajar para mantener a nuestras familias”.

El final de esa disputa llegó con un acuerdo entre las partes, donde la empresa se comprometió judicialmente a no impulsar las causas penales. Pero la justicia penal siguió enseñándose con la lucha de los trabajadores. Dos años después de los hechos, la titular de la UFI 7 de La Plata, Virginia Bravo, ordenó la detención de cuatro trabajadores, vinculados a la organización El Bondi, acusados por delitos que se habrían cometido el 16 de marzo de 2017 el marco de una de esas protestas.

La detención de Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi se produjo a partir de una causa por daños iniciada por la denuncia de un particular. La fiscal terminó imputándolos por coacción agravada en concurso material con daños; es decir, una acusación mucho más severa que la formulada por el propio denunciante.

En estos dos años que la fiscal lleva la instrucción de la causa, los acusados no recibieron ninguna notificación judicial. Y las detenciones también se cumplieron de manera irregular: tres de los cuatro detenidos fueron arrestados en su domicilio sin orden de allanamiento. “No sabemos nada, incluso podría haber otros compañeros también denunciados”, explica desconcertado.

Los ex trabajadores de la Línea Este permanecen detenidos en la comisaría 4ª de Berisso, la 14ª de Romero, y en las DDI de Lomas de Zamora y Avellaneda. “Hay muchos familiares que están preocupados, es muy duro para ellos y para los hijos. Eran trabajadores que vivían día a día y ahora las familias quedaron desamparadas. El dolor de estos días, no lo pueden creer”, cuenta Figueredo.

La defensa de los trabajadores inició un pedido de excarcelación extraordinaria ante el Juzgado de Garantías 2 de La Plata. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ya había intervenido durante el conflicto laboral en 2016 y 2017, también presentó un oficio que ni siquiera fue contestado.

En ese escrito, la CPM señaló su preocupación por “la medida de coerción dispuesta, teniendo en cuenta que los aprehendidos se encuentran imputados en delitos con una pena en expectativa baja; se han identificado y presentado oportunamente ante los organismos jurisdiccionales, poseen domicilios constatados, y carecen de antecedentes penales y rebeldías previas”. Es decir, no hay razones para continuar con la privación de la libertad.

Además, la CPM también remarcó las irregularidades durante la instrucción fiscal que impidieron una justa defensa de los acusados. En ese sentido, indicó que en el convenio firmado entre las partes “no se menciona la existencia de la causa de referencia, y en ningún momento hasta el día de ayer fueron notificados de la misma”.

Luego de la conferencia de prensa realizada por familiares y compañeros de trabajo en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, con la presencia de referentes políticos y gremiales, se convocó a una manifestación pasiva frente a los Tribunales platenses para el miércoles. Mientras tanto, se espera la decisión del juez de Garantías, Jorge Moya Panisello, que tiene que resolver sobre los pedidos de liberación presentados.

“En este conflicto laboral la justicia penal ha operado siempre en perjuicio de los trabajadores,  quienes  han reclamado por sus derechos y fueron brutalmente reprimidos por fuerzas policiales, y por protestar luego en la vía pública ahora son procesados penalmente y encarcelados”, señalaron en un comunicado familiares de los detenidos y compañeros de trabajo. Y agregaron: “evidencia la inocultable voluntad del poder político de enviar un mensaje disciplinador, de carácter aleccionador, contra cualquier grupo de trabajadores o de organizaciones sociales que pretendan protestar en reclamo de sus derechos”.

“El poder de turno está dando un mensaje para los que reclaman. Y hoy están experimentando con nosotros”, cierra Daniel Figueredo.