Las audiencias serán en Mar del Plata a partir del 17 de agosto. Son 31 los imputados y 37 las víctimas. Las audiencias están previstas para los días jueves y viernes, semana por medio. A días de su inicio, hay intentos para concretar un cambio de sede a Olavarría.

ANDAR en los juicios

(AC/ FACSO- Francisco Delfino) El jueves 17 de agosto es la fecha estipulada para el inicio del debate oral y público del segundo tramo de la causa “Monte Peloni” por distintos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la región. Con sede en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, son 31 los imputados acusados de ser parte del circuito represivo ilegal que operó en Olavarría, Azul, Tandil y Las Flores (subzona 12); y 37 las víctimas de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones. La Fiscalía estará representada por María Ángeles Ramos, María Eugenia Montero y Juan Manuel Portela. Por su parte, los jueces que integrarán el tribunal son Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas. El organismo querellante sería la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Azul y la Secretaría de DDHH de la Provincia, encabezado por el abogado Manuel Marañón.

Las audiencias están previstas a desarrollarse los días jueves y viernes, semana por medio, a partir del 17 de agosto. El pasado 22 de junio se llevó adelante la audiencia prevista en la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, una instancia preliminar para la organización de la prueba que se abordará en el debate.

Los 31 imputados están acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones. Tres de ellos ya fueron juzgados en la causa “Monte Peloni I”; 20 formaron parte de las Fuerzas Armadas (19 del Ejército y uno de la Fuerza Aérea); uno formó parte del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires; y diez integraron la policía de la provincia de Buenos Aires. Los imputados son Walter Jorge Grosse, Ignacio Aníbal Verdura, Horacio Rubén Leites, Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Edgardo Mariano Viviani, Juan Carlos Cabrera, Osvaldo Miguel Guarnaccia, Francisco Oscar Sarmiento, Argentino Alberto Balquinta, Juan Carlos Gurrieri, Carlos Rubén Bruno, Roberto Manuel Fantini, Luis Alejandro Seambelar, Eduardo Héctor Bernadou, José Clemente Forastiero, Oscar José Bardelli, Julio César Tula, Héctor Rubén Rinaldi, Carlos Alberto Saini, Enrique Vázquez, Luis Oscar Calcagno, Juan Carlos Luján, Raúl Ángel Córdoba, Carlos Alberto Muñoz, Alberto Santiago Padilla, Jorge Liberto Odorisio, Roque Ítalo Pappalardo, Néstor Omar Vapore, Román Valdecantos y Luis Alberto Juárez.

Las víctimas son 37: 21 de ellas fueron casos en la primera parte de la causa. Durante la etapa de investigación se constató, además, que pasaron por distintos lugares del circuito represivo regional como los Centros Clandestinos de Detención Monte Peloni y La Huerta (Tandil), la ex Brigada de Investigaciones de Las Flores, el Regimiento de Caballería Tanques 2, la Comisaría de Olavarría y la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Azul. Las víctimas cuyos casos se juzgarán son Francisco Nicolás Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Cassano, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Néstor Horacio Elizari, Rubén Argentino Villeres, Graciela Noemí Follini de Villeres, Roberto Edgardo Pasucci, Guillermo Oscar Luján Bagnola, Osvaldo Raúl Tisera, Juan José Castelucci, Rubén Francisco Sampini, Carmelo Vinci, Eduardo José Ferrante, Alfredo Serafín Maccarini, Juan Carlos Butera, Roberto Oscar Gianuzzi, Alfredo Rufino Zorrilla, Omar Ciriaco Iturregui, Juan Carlos Prestipino, Mario Daniel Gubitosi, Héctor Domingo Vivas, Horacio Amadeo Vivas, Carlos Alberto Méndez, José Alfredo Pareja, Alcides Félix Díaz, Alberto Vicente Hermida, Néstor Horacio Lafitte, Manuel Daniel Vargas, Mónica Dora Fernández, Susana Beatriz Benini y Jorge Miguel Toledo.

Por un cambio de sede

Mientras se suceden los días, los organismos defensores de DDHH (como la Mutual para la memoria de Olavarría) y los abogados de la querella están pidiendo el cambio de sede de Mar del Plata a Olavarría: allí ocurrieron la mayoría de los hechos y es el lugar donde residen gran parte de las víctimas. En un contexto político distinto al de 2014, año en el cual se realizó el juicio “Monte Peloni I”, que las audiencias del segundo tramo se realicen en una ciudad distante como Mar del Plata le resta un peso simbólico al juicio: tanto para las propias víctimas como a la posibilidad para la sociedad olavarriense de permitirse conocer y tener participación en las jornadas. Durante estos días, los organismos de DDHH están llevando adelante la firma de un petitorio: en primera instancia, para que el tribunal se constituya en Olavarría y el inicio y la sentencia se realicen en la misma ciudad.