Dificultades para el avance de la causa Massot; el postergado inicio del juicio denominado “causa Armada” y las características del proceso judicial; la complicidad civil ante la dictadura en la ciudad del sur bonaerense.

ANDAR en los juicios

(Por H.I.J.O.S.-Bahía Blanca) Para principios del año, esperábamos que comenzara el tercer Juicio para nuestra ciudad, que correspondía a la Armada (causa 1103 caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros”, conocida como Juicio Armada), luego de los dos que tuvimos del V Cuerpo de Ejército. La fecha probable era para los primeros meses del año, cosa que no fue así y comenzó recién el 8 de julio de 2014.

Son juzgados 25 represores que actuaron en jurisdicción de la base naval Puerto Belgrano, donde funcionaron al menos dos centros clandestinos: el Buque 9 de Julio (desguazado luego) y Baterías. De los imputados, 13 pertenecen a la Armada, 5 a Prefectura, 5 al Ejército, 1 al Servicio Penitenciario, y a la 1 Policía bonaerense. Son juzgados por 66 víctimas, 13 de ellas desaparecidas, 5 asesinadas en supuestos enfrentamientos y 48 que sufrieron privaciones ilegítimas de la libertad seguidas de tormentos agravados.

El Tribunal es el mismo que los dos juicios anteriores, y está integrado por Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti.

Se juzgarán, entre otros casos, los asesinatos de los dos obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, cuyo director del diario, como todos sabemos, está siendo investigado por estos y otros delitos de lesa humanidad. También se ventilará la desaparición de 4 “colimbas” que, bajo la modalidad que empleaban las fuerzas como “deserción”, fueron desaparecidos mientras cumplían con el Servicio Militar Obligatorio.

Los genocidas que están siendo juzgados son:

Oscar Alfredo Castro, Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Tomás Hermógenes Carrizo, Félix Ovidio Cornelli, Eduardo René Fracassi, Francisco Manuel Martínez Loydi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Víctor Oscar Fogelman (detenido), Manuel Jacinto Garcia Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Raúl Artemio Domínguez (“Abuelo”), Víctor Raúl Aguirre, Luis Ángel Bustos (a disp. del TOF), Néstor Alberto Nougués (a disp. del TOF), Pedro Alberto Pila (a disp. del TOF), Luis Alberto Pablo Pons (a disp. CONJ.), Alejandro Lawless (prófugo, fue recapturado una semana después de iniciado el juicio y está siendo juzgado).

El juicio a la Armada es muy distinto a los dos precedentes por los que se juzgaron a integrantes del Ejército. En el juicio actual los imputados llegaron casi todos con prisión domiciliaria, algo que no sucedió en los anteriores, y los tiempos son visiblemente más lentos.

El juicio empezó atrasado, respecto a lo que se esperaba debía ser el inicio, y ni bien comenzó, el 8 de julio, se produjo la feria judicial, por lo que se retomaron las audiencias a principios de agosto. Los jueces adoptaron la modalidad de realizar las audiencias semana por medio, y si bien en el inicio comunicaron que se llevarían a cabo martes, miércoles y jueves, semana por medio, en la práctica solo tenemos juicios los días martes y los miércoles por la mañana. Nunca se realizó en jornada completa como fue anunciado.

Las declaraciones testimoniales comenzaron a fines de agosto y se extenderán hasta pasada la feria Judicial de enero. Por otra parte, la sentencia no llegará sino hasta después de la mitad del año que viene, siempre que no sufra más dilaciones.

En el Marco del Juicio a la Armada, el 4 de septiembre se llevó a cabo la señalización del Puesto 1 de la Base Naval Puerto Belgrano y la Base de Infantería de Marina en Baterías.

La complicidad civil: la Iglesia

En la sentencia del primer juicio de lesa humanidad dictada el 12 de septiembre del 2012, el Tribunal mandó a investigar la posible comisión de delitos de lesa humanidad del diario La Nueva Provincia y sus directivos, como así también de la Iglesia Católica, en la figura del ex capellán del V Cuerpo de Ejército, el cura Aldo Vara.

El juez que entendía en la causa, Santiago Ulpiano Martínez, actuó en los dos casos casi como abogado defensor de los investigados, desestimando hasta de llamarlos a indagatoria a ambos.

El ministerio público fiscal apeló esas resoluciones y en primer término se mandó a llamar a indagatoria al cura Aldo Vara, quien se dio a la fuga. Al ser capturado por interpol en abril de este año, el Juez Coleffi (que asumió la conducción de la causa porque Martínez fue recusado) solicitó la extradición del cura para poder citarlo a indagatoria.

A los pocos días de ser encontrado en Paraguay, Vara murió sin haber sido juzgado por los hechos de delitos de lesa humanidad ventilados en los juicios, que lo comprometían seriamente. Vale aclarar que Vara era el único integrante de la Iglesia que quedaba vivo, que había sido vinculado al terrorismo de Estado. Otros de los involucrados fueron: el cura Dante Vega, Monseñor Mayer, Monseñor Ognenovich, todos fallecidos.

También es el mismo Juez Coleffi, único juez que ha avanzado en las causas de lesa humanidad, quien ha procesado nada menos que al obispo de nuestra ciudad, Monseñor Garlatti, por encubrimiento en la causa Vara.

Massot

El 18 de marzo de 2014 concurrió al Juzgado Federal, para realizar una declaración espontánea, el investigado dueño del diario La Nueva Provincia –LNP-, Vicente Massot. El Juez Coleffi volvió a citarlo el día 24 de abril, para ahí sí hacer una indagatoria exhaustiva de su participación en la dirección del diario. Días antes fue allanada dicha empresa, secuestrándose gran cantidad de actas y documentos pertenecientes a LNP.

El estudio de la documentación demandó mucho tiempo y el examen de gente especializada en ello, lo que llevó al juez a hacer una ampliación de la indagatoria bastante tiempo después, el día 20 de noviembre. Esta última ya es definitiva, y el Juez debe resolver en pocos días la situación procesal de Massot. En la imputación inicial de los fiscales a la empresa de los Massot incluía a la dueña, Diana Julio de Massot, su hijo Federico y el jefe de redacción Mario Gabrielli, todos fallecidos, como así también Vicente Massot, el único imputado en la actualidad.

Además de los emblemáticos casos del asesinato de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, a Massot se le imputa haber efectuado “aportes esenciales” que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas, y de influir día a día en la cabeza de miles de personas que han leído año tras año sus editoriales y opiniones, lo que se denomina acción psicológica”. “La Nueva Provincia fue el guión del terrorismo de estado y del genocidio perpetrado en Bahía Blanca y la región”, dijeron los fiscales.

En estos días estamos esperando la resolución del Juez Coleffi en la causa Massot. No son pocas las presiones y obstáculos que están sufriendo tanto el Juez Coleffi como los fiscales Nebbia y Palazzani y que ha sido motivo para que los organismos de DDHH de Bahía Blanca -APDH, H.I.J.O.S. y Red x la Identidad de Abuelas- mandemos nuestra preocupación por escrito a varios órganos judiciales nacionales.

Para concluir el año, el día 2 de diciembre fue encontrado y detenido en un country de Tigre el Coronel Retirado Aldo Mario Alvarez, prófugo desde el año 2008. Fue Jefe de Inteligencia del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca, había sido beneficiado en su momento por las leyes de impunidad, y cuando lo fueron a buscar en el 2008 para rendir cuentas, al fin, ante la justicia, logró fugarse. Álvarez ahora quedó detenido en el Penal de Ezeiza.

Otros fugados de la Justicia bahiense fueron el cura Aldo Vara, quien fue hallado por Interpol y antes de ser extraditado murió impune en Paraguay, y Alejandro Lawless quien se le había escapado “en un descuido” a su custodia, pero que fue recapturado ni bien comenzó el juicio de Armada y ya está siendo juzgado en ese debate oral y público.

Aun continúan prófugos Ricardo Joaquín Molina, Miguel Ángel García Moreno y Carlos Alberto Arroyo, genocidas que actuaron en nuestra jurisdicción.

Por último, hace algunos días, tal como lo veníamos denunciando, fue apartado de la causa el Juez Álvaro Coleffi. La causa Massot está sin juez. Son momentos de inusitada gravedad institucional, en donde están en riesgo las acciones judiciales que se vienen realizando con relación a la participación civil durante la dictadura cívico militar genocida.

Debido a ello nos hemos manifestado el lunes 15 de diciembre desde las 19 frente al Juzgado Federal, situado en Alsina 317, y lo seguiremos haciendo para exigir una justicia federal sin corporaciones, imparcial y transparente, ya que no estamos dispuestos a seguir con una Justicia federal al servicio de la impunidad genocida.