Después de dos desalojos violentos medio centenar de familias buscan soluciones para acceder a una vivienda. Sus voceros participan en una mesa de diálogo con la Diócesis de Quilmes, el Consejo de Asentamientos (conformado por organizaciones populares y referentes eclesiásticos, sociales y barriales), la CPM, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Municipalidad. El desalojo en primera persona.

ANDAR en Quilmes

(Agencia Andar) “No queremos que nos regalen nada. Nosotros queríamos un barrio, no una villa ni un asentamiento, son necesidades de la gente”, dice Marcelo Romano uno de los voceros que participó de la toma de el predio del frigorífico Penta y fue desplazaa violentamente dos veces.

Marcelo está alojado en la casa de su suegra, donde estaba antes de ir a ese predio en busca de un espacio propio para él y su familia. “Estábamos sin nada viviendo amontonados en las casas de las familias, cuando nos dijeron que estaban entrando a un predio fuimos. Queríamos que el estado lo compre y después ir pagando. Llegó la policía y nos sacó a tiros. Perdimos todo”, resume sobre el primer desalojo. Muchas familias se fueron. Otras, las más necesitadas, siguieron peleando por el acceso a un derecho básico. De los 98 censadas en una primera instancia, quedó la mitad. Cortaron la calle para visibilizar su reclamo y acordaron quedarse en la vereda del lugar a la espera de un compromiso municipal que ensaye alguna solución.

“En ese momento se acercó el Obispado de Quilmes y nosotros aceptamos la ayuda porque del municipio pasaban dos meses y no venía nadie. Te digo que fue re loco: en ese momento hacíamos las comidas para todos y había gente que venía a comer, no se podía creer lo que nos pasaba”, cuenta Sergio Flores, otro de los voceros de la toma. La semana pasada las fuerzas de seguridad volvieron con toda su violencia y con una orden judicial que desoía el proceso de diálogo que finalmente habían logrado iniciar. “Estamos viviendo de prestado, alquilando cualquier cosa, en casas de conocidos” dice Sergio.

Marcelo trabaja cartoneando con su carro. Sergio hace fletes con su moto y se las arregló para inscribirse como monotributista en una baja categoría. Ninguno accede a créditos, no saben con cuánto dinero cuentan cada día y se esfuerzan por mantener a sus familias. Sueñan con su casa, una propia donde sus hijos puedan desarrollar un futuro distinto. “Y uno más o menos la va peleando, pero hay mucha gente con muchas necesidades. No quiero que me escuchen a mí, quiero que conozcan a todos, porque este problema es real”, asegura Sergio.

Desde las organizaciones que los acompañan y tratan de que el estado se comprometa a garantizar su derecho a una vivienda digna están intentando darle mayor impulso e institucionalidad a la mesa de diálogo. También quieren que la justicia participe de esta instancia ya que después del último desalojo Sergio y Marcelo fueron detenidos y la policía les inició una causa que sería por resistencia a la autoridad.

Mientras tanto las familias esperan y tienen buenas expectativas. Se labró un acta y el municipio está volviendo a censarlos. Los voceros dicen que “la expectativa es que nos den respuesta porque nos están escuchando”.