Cuatro trabajadores rurales –Julio Ayala, Julián Ayala, Juan Ramón Ostapiuck, y el menor de edad Juan Pablo Ostapiuk–, estaban trabajando en sus chacras en San Pedro cuando fueron detenidos por la Policía del Comando Regional XIV de San Pedro junto a los oficiales de la empresa forestal Arauco. “Hace semanas que Arauco entra a las chacras a quemar las casas, matar los animales y detener a los campesinos ilegalmente, mientras son torturados por la policía”, denuncian. Tras la difusión en redes sociales de un flyer sobre la detención de los campesinos, fueron liberados. 

ANDAR en Misiones

(Agencia) “Es una violación a los derechos humanos de las familias, hacemos llamado a todos los organismos de derechos humanos para que se solidaricen, esta es la cara de la brutal violencia del extractivismo forestal en Misiones con la complicidad absoluta del gobierno de Misiones con Arauco, que les permiten ejercer terrorismo a las familias campesinas que trabajan la tierra”, resumió Clarisa Neztor, comunicadora y activista ambiental.

El hecho tuvo lugar en un contexto de escalada de violencia por parte de Arauco Argentina S.A. Quienes viven en la zona denuncian incendios de viviendas, golpes, amenazas, destrucción de cultivos y herramientas, y asesinato de animales en reclamo de una presunta titularidad de tierras, aunque aseguran que los agresores no mostraron documentación que lo acredite. Por estos hechos, los vecinos acamparon frente a la comisaría y el domingo por la mañana los campesinos fueron liberados. Más tarde, Juan Ramón Ostapiuck denunció en sus redes sociales que al llegar al Hospital de San Pedro le negaron la asistencia médica.

“Me fui por unos meses a trabajar afuera y mis vecinos me mandaron la peor noticia, habían quemado mi chacra, mi casa con todas mis cosas adentro”, dijo a ANDAR Diego Antúnez, vocero de los campesinos atacados de San Pedro. 

“El sábado cuando entramos a la chacra fuimos golpeados por gente de Arauco con la policía”, agrega Juan Ramón Ostapiuk, campesino sampedrino, asentado desde hace 5 años con su familia, donde cultiva mandioca y porotos. “Me dieron un golpe a la espalda, nos tumbaron boca abajo, nos despojaron, con armas de calibre 12 dispararon entre mi cabeza y la cabeza de mi hijo. Estoy muy dolorido, se llevaron a mi hijo de 16 años, que es un estudiante, a mi cuñado de 64 años le quemaron la casa y el galpón, le destruyeron todo lo que tenía”, agregó. Ostapiuck manifestó que están pasando un momento muy difícil, que están asustados y que ahora están en Posadas buscando una salida. “Somos como 100 productores que vivimos ahí, somos gente de la casa, del trabajo, de la tarefa, están parando la tarefa, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Las familias están con miedo porque nos llegan, tirotean con la gente policía y disparan contra los que están trabajando ahí”, relató. El campesino, de 44 años, comentó que tuvo que sacar a su familia, y que su esposa se quedó en San Pedro, en el acampe de protesta.

En su relato afirmó: “La autoridad municipal no nos hace caso, la policía cierra la puerta, el juez cierra la puerta, estamos sin salida, necesitamos un apoyo del gobierno provincial, del nacional y de los medios de comunicación”. Además, expuso su hijo quedó sordo de un oído por los golpes, y que él está enfermo y necesita tomar calmantes porque el hospital no lo atendió. “Nos golpean y nos llevan presos las mismas autoridades de nuestra Argentina, la policía responde a la empresa Araújo, que es extranjera. Y creo que la tierra pertenece a los argentinos, no estamos pidiendo mercadería, no estamos pidiendo nada, queremos producir y vivir de la tierra, producir un alimento, criar un pollo, porque estamos pasando hambre, la Argentina está con hambre”.

El mes pasado, los trabajadores Ángel Rivero y Saúl Lindao también fueron detenidos. El segundo expresó en su denuncia que oficiales de la Policía de Misiones llegaron a su chacra acompañados por dos personas que reconoció como seguridad de Arauco Argentina S.A. Dado que tampoco tenían orden de un juez, Lindao se negó a dejarlos pasar. Entonces, cuenta, lo redujeron y asfixiaron hasta que perdió el conocimiento y despertó esposado.

El pasado martes 8, una delegación intentó reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, pero no los recibió. Los derivaron a la secretaría de Tierras y Colonización y allí hicieron responsable al gobierno de Misiones por la violencia que están recibiendo por parte de la empresa y de la policía, y solamente les pidieron un relevamiento de las familias afectadas, algo que ya entregaron hace tres años. “No les dieron ninguna garantía de que cese la violencia, entonces fueron a la Defensoría del Pueblo y a la jefatura de Policía”, relató Neztor.

Extractivismo de la atmósfera

“El conflicto acá por las tierras no es para que Arauco plante pinos, sino específicamente para acaparamiento de tierra para la carbono-neutralidad: Arauco tiene la política de ser carbono neutral, lo que significa que toda la contaminación que produce y las emisiones de gases efecto invernadero que producen las compensan porque son dueños de selva nativa, las convierten en reservas y las pueden facturar dentro del mercado de carbono”, explicó la activista. “Es una estrategia para poder seguir contaminando a nivel regional, compensan las contaminaciones que producen en Chile, Brasil, Argentina, México y Paraguay a través de la selva misionera, además de una reserva que tienen en el Delta, esto es acaparamiento verde o extractivismo de la atmósfera”, completó.

San Pedro es el departamento más extenso de Misiones, pero su casco urbano cuenta con poco más de 34 mil habitantes, según el último Censo Nacional 2022. A cinco kilómetros de allí se encuentran los pinares de Arauco, y atrás está la selva que rodea el pueblo. Las familias que viven en el monte se sostienen con la cría de animales y el cultivo de alimentos. Diego Antunez, presidente de la Comisión de Vecinos por las Chacras, expresó al portal Corta que sufren violencia por parte de la empresa desde hace tres años. A él mismo, cuenta, le incendiaron su casa mientras no estaba, pero advirtió que “eso no es lo peor”. Durante el último fin de semana ocurrió un episodio que se repite desde agosto y que el propio Antunez califica como “cobardía” y “abuso de autoridad”.

Según la propia empresa foresto-industrial, cuenta con 262.000 hectáreas repartidas entre Misiones, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. La primera concentra aproximadamente 240.000. Nacida bajo el nombre Alto Paraná S.A. en 1976, el grupo chileno la compró en 1996 y adquirió hectáreas específicamente para plantaciones forestales, es decir, monocultivos de pinos y áreas naturales. En 2015 la compañía adoptó su última denominación. Neztor, quien es estudiante de ingeniería ambiental y miembro del colectivo socioambiental XR Misiones, afirmó a que la empresa “viene avanzando sobre territorio misionero hace 30 años” y que mantiene conflictos territoriales con la comunidad guaraní, como es el caso de Puente Quemado II, que también reclama desde años la recuperación de 333 hectáreas. “Lo de San Pedro es una emergencia social, habitacional y territorial”, precisó Neztor, y sentenció que “la complicidad estatal está a la luz del día, mientras ellos han llegado a disparar contra niños hijos de los campesinos, eso es terrorismo y violencia institucional sistemática que vienen sufriendo desde hace tres años”.

En este sentido, acusó al Ministerio de Ecología, la cartera de Derechos Humanos, y la Dirección General de Tierras de trabajar “para seguir perpetuando el poder de la multinacional dentro del territorio misionero y despojar a las comunidades que habitan y defienden el territorio”.

La activista ambiental calificó las detenciones de los ciudadanos como secuestros porque a menudo las familias desconocen por largas horas dónde están. “Si vas a la comisaria te dicen no saben nada, y si las familias quieren denunciar esto en la propia comisaria, les niegan las denuncias”, apuntó. La única vía que les queda es denunciar directamente en el Juzgado de Instrucción 1. En su momento, el fiscal emitió una orden para que cese la violencia y que solo se pueda ingresar a las chacras con una orden, pero esto no se cumple. “Cuando entra la Policía les dicen ‘esto es propiedad de Arauco, vos tenés que irte de acá porque estás invadiendo la propiedad privada. Te vamos a llevar preso por seis meses y tenés que pagar a un abogado que te va a salir seis millones de pesos la fianza'”, reveló Neztor.

En un apoyo implícito del gobierno provincial a estas prácticas denunciadas, Daniel Behler, director General de Tierras de Misiones, dijo que “los terrenos pertenecen a Arauco Argentina S.A. y que la empresa subcontrata a los oficiales provinciales para ir a sacar a la gente que está “invadiendo la propiedad privada”. Además, negó que la Policía agreda a los trabajadores y que en la comisaría no den datos sobre las personas detenidas. Respecto al caso de la semana pasada, también negó que en el Hospital de San Pedro no hayan brindado atención médica a Ostapiuk y su hijo. A su vez, adelantó que desde la gobernación planean llevar a cabo un proyecto para discernir cuántos campesinos viven en las tierras hace mucho, y necesitan asistencia, y quienes son “simplemente oportunistas”. Consultado por la ausencia de órdenes de desalojo a la hora de expulsar a los vecinos, argumentó que no son necesarias porque se trata de una propiedad privada.

Antunez asegura que tanto la gobernación como el municipio “miran a un costado”. Pese a los reiterados pedidos formales, ninguna autoridad mostró los títulos de propiedad de Arauco Argentina S.A. sobre las tierras en cuestión. El presidente de la Comisión está seguro que en realidad esos títulos no existen.

El conflicto territorial se suma a otros problemas que atraviesa la provincia. Luego de casi tres años de gestión, Javier Milei visitó Misiones por primera vez como presidente y en Puerto Iguazú fue recibido con un “tractorazo” por parte de los productores yerbateros, que coparon las rutas provinciales. Los trabajadores agropecuarios se manifestaron en contra de los resultados del DNU 70/2023 que desreguló el sector y le quitó facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que se encargaba de fijar un precio mínimo para la materia prima que hoy ronda los $100 y $200 por kilo, cuando en el año 2023 se situaba en los $400.