El jueves 18 se dio inicio, a instancias del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata –que para este juicio lo preside la jueza Karina Yabor acompañada por los vocales Ricardo Basílico y Andrés Basso-, del debate oral y público en el que se ventilarán delitos cometidos desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 –incluso desde algunas horas antes- hasta fines de diciembre del mismo año. La importancia de las acciones de inteligencia ilegal sobre los trabajadores del cordón fabril de La Plata, y modalidad de ingreso respecto a la sede policial 1 y 60 desde donde se distribuía a las víctimas en distintos centros clandestinos de la zona.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Tras el golpe de Estado se produjo una serie de detenciones de personas que ya habían sido identificadas previamente. En la madrugada de ese día y en los días posteriores las fuerzas conjuntas procedieron a secuestrar a personas catalogadas como peligrosas que fueron alojadas en la guardia de la Dirección de Infantería de la Policía bonaerense, ubicada en 1 y 60. Dicho registro se encuentra documentado en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), y describe la síntesis del requerimiento fiscal de elevación a juicio leído el jueves 18 de mayo para el comienzo del histórico juicio.

El secuestro de trabajadores y representantes de las fábricas fue una práctica continua y extendida durante el último período dictatorial. La zona de La Plata y sus adyacencias presentaba un gran desarrollo fabril con un significativo grado de sindicalización y organización de los trabajadores. Fueron secuestraron empleados y delegados gremiales del Astillero Río Santiago, de la empresa Propulsora Siderúrgica, de la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), del Frigorífico Swift, de la empresa RAB, de YPF, del Banco Provincia, entre otras empresas.

“Cualquiera que fuera visualizado como peligroso por las fuerzas armadas usurpadoras era chupado, sacado de circulación, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie. Estos operativos eran llevados  a cabo generalmente en horas de la madrugada, trasladando a los detenidos en camionetas de tipo rastrojero o en camiones del Ejército. Los ingresaban por el portón de 60 entre 1 y 115 y los alojaban en un sector llamado ‘la Cuadra’ donde permanecían con los ojos vendados y esposados”, amplía.

El de 1 y 60 fue un CCD que comenzó a operar como tal incluso desde el día anterior al golpe y funcionó como un ingreso de las personas secuestradas para luego ser derivadas a algún otro sitio de cautiverio de los que funcionaron en la región. Las víctimas permanecían constantemente con los ojos vendados y con las manos esposadas a las camas cuchetas, recibiendo una comida de muy mala calidad, sin visitas de familiares y en condiciones materiales gravosas.

Era común que al llegar a “la Cuadra” las víctimas fueran sometidas a lo que los represores llamaron “declaraciones espontáneas”: brutales interrogatorios en sesiones extensas de tortura durante las cuales se pretendía quebrar la voluntad de las personas y obtener información sobre otros trabajadores.

Cabe destacar que cada “declaración espontánea” era adjuntada a una ficha con datos personales de la víctima, huellas digitales y una fotografía que se tomaba en el patio del centro clandestino, y que muchas fueron halladas y aportadas a la causa penal desde el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que preserva y gestiona la CPM.

1 y 60 es una de las causas que se unificaron y que se ventilarán en este juicio. La otra es la conocida como “Comisaría 8va” –situada en 7 y 74 de La Plata-, que funcionó como un lugar de paso respecto de víctimas que habían estado en cautiverio en algún otro CCD de la zona. Por lo general, en la comisaría eran “blanqueadas” o puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Por la primera llegan 10 imputados: los ex miembros de la plana mayor del Regimiento de Infantería 7 Alberto Jorge Crinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro y Enrique Francisco Welsh; los ex oficiales de la Policía Bonaerense Tomás D´Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Juan Antonio Vidal y Claudio Rubén Mejías; el ex integrante de la delegación La Plata de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón; y el civil Carlos “el Indio” Castillo, miembro del grupo paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Por la segunda causa hay 11 imputados -tres de ellos también lo están en “1 y 60”- por los delitos de secuestros, tormentos y homicidios que tuvieron como víctimas a 106 personas. Se trata de ex miembros de la plana mayor del Regimiento de Infantería 7 Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez, Enrique Armando Cicciari, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh y Alberto Jorge Crinigan; los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; y el civil Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires.