La joven Elisa Vanesa Castaño, de 34 años, que permanecía alojada en el dormitorio 10 del pabellón E2, fue hallada sin vida durante la madrugada del domingo 17 de marzo. La causa fue calificada como muerte de “etiología dudosa”, aunque organismos y referentes de derechos humanos provinciales denuncian el grave marco de violencia, torturas y regímenes de sujeciones forzosas en las enfermerías de las unidades penitenciarias. En la misma cárcel de Bouwer murieron dos mujeres sólo en febrero pasado.

 ANDAR en Córdoba

(Agencia) A raíz del hallazgo del cuerpo de Elisa Vanesa Castaño el último domingo, la el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba ordenó la intervención de la unidad penitenciaria de Bouwer y designó a Cecilia Lanzarotti como directora en reemplazo de Marisa Alé.

Sin embargo, Lanzarotti era hasta hace pocas horas la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria de la Provincia, es decir, uno de los cargos de mayor responsabilidad sobre lo que ocurre en los violentos penales de Córdoba.

En diálogo con ANDAR, la militante por los derechos humanos y una de las referentes de la organización Autoconvocadas Anticarcelaria, Adriana Revol, afirmó que “el Estado provincial es absolutamente responsable por la muerte de Elisa Castaño, más allá de que es necesario aguardar los avances de la causa penal. El estado de las cárceles cordobesas es sumamente complicado y durísimo, con prácticas de tortura que en general la sociedad cree erradicadas desde hace mucho tiempo”.

En este sentido, explicó que una de las prácticas más extendidas consiste en la “cama de sujeción”, que incluso llega a ser “recetada” con firma y sello por parte de los profesionales de salud que trabajan en las unidades penitenciarias.

El sistema de tortura, de acuerdo a los testimonios de quienes lo han padecido, consiste en la sujeción de la persona por sus cuatro extremidades a través de telas anudadas a las camas de las enfermerías carcelarias. Incluso se ha llegado a atar a las víctimas por encima del tórax, dejando a la persona completamente inmovilizada hasta por días, sin posibilidad de ir al baño.

“Las torturas en las cárceles llegaron a un límite total, insoportable, quebrando a los y las detenidas. Por eso denunciamos la responsabilidad de los funcionarios: las muertes siguen ocurriendo y las prácticas vejatorias y violentas se extienden cada vez más, sin soluciones definitivas. La población encarcelada no recibe atención médica, y en cuanto a las visitas rige un mecanismo mediante el cual solo se autoriza el ingreso  de familiares directos y sin antecedentes penales”, agregó Revol.

En cuanto a la causa que investiga la muerte de Elisa Vanesa Castaño, quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 1, turno 6, a cargo del fiscal José Bringas.