El Tribunal de Impugnación de Neuquén confirmó, por unanimidad y en todos sus términos, la sentencia que condenó a la cúpula policial a cargo del operativo represivo de Arroyito en el que fue asesinado el docente Carlos Fuentealba en abril de 2007.

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(Agencia) Las juezas Patricia Lupica Cristo, Leticia Lorenzo y su par Nazareno Eulogio dieron a conocer esta semana la resolución que ratificó la sentencia  en un fallo de más de 200 páginas que confirma «en todos sus términos» lo definido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) que declaró inadmisibles las impugnaciones de Carlos Zalazar, Jorge Garrido y Benito Matus.

El fallo ratificado declaró responsables del delito de abuso de autoridad a cinco efectivos retirados de la más alta jerarquía: Carlos Zalazar (jefe la Policía), Moisés (subjefe) y Adolfo Soto (superintendente de Seguridad), Mario Rinzafri (coordinador del operativo) y Jorge Garrido (jefe del departamento de Seguridad Metropolitana).

El tribunal de juicio, integrado por Luis Giorgetti, Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc, consideró que en el procedimiento ordenado por el entonces gobernador Jorge Sobisch para impedir un corte de ruta del sindicato docente ATEN se hizo un uso indiscriminado de la fuerza.

A Zalazar, Rinzafri y los Soto se les impuso una pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, mientras que Garrido recibió una levemente inferior de 1 año y 4 meses de prisión condicional. La última instancia provincial que puede revisar la sentencia, en caso de que vuelvan a apelar, es la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.

Hubo un sexto policía condenado que fue Benito Matus. El tribunal aseguró que el 4 de abril él disparó de forma directa con una escopeta 12/70 contra un auto en el que huían tres docentes: Angélica Cisterna, Marcelo Marenco y Teresa Gómez. La pena fijada fue de 1 año y 4 meses de prisión en suspenso. Su acusación fue la única impulsada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. El resto de las imputaciones las sostuvo la querella -Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano- que representa a la familia de Fuentealba.

“Con esta resolución del TSJ, 17 años después del asesinato de nuestro compañero, se cierra un ciclo de lucha llevado adelante con dignidad, conciencia de clase y mucha entereza  por el colectivo docente, CTERA y sus organizaciones de base, la Internacional de la Educación, Aten, organismos de DDHH, Cels, Inecip, Madres, Abuelas, Comisión por la Memoria y una cantidad incontable de organizaciones sociales y políticas. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la perseverancia, tenacidad y el amor de Sandra, a sus ideales y a Carlos”, expresaron los docentes en un comunicado de prensa.