Roberto Nery Barahona murió este jueves en el hospital Marcial Quiroga donde estaba internado en grave estado, producto de las quemaduras que sufrió durante una protesta en el penal de Chimbas. El martes, las personas detenidas en esa cárcel sanjuanina estaban reclamando medidas para prevenir el contagio de coronavirus, entre ellas mejores condiciones sanitarias y prisiones domiciliarias para quienes estaban en un régimen de salidas de transitoria al momento de decretarse la cuarentena. Otro interno continúa en el nosocomio internado en grave estado.

ANDAR en San Juan

(Agencia) “Hablé un rato con la familia del chico pero, la verdad, es que están muy mal. Me dicen que ya han sufrido mucho y que tienen temor de iniciar alguna demanda. La verdad que en esta provincia si querés denunciar quedás muy expuesto como familiar”, dice Carola Ochoa, referente de la lucha contra la violencia institucional en San Juan.

El martes pasado, detenidos alojados en los pabellones 4, 5 y 6 del penal de Chimbas iniciaron una protesta para reclamar excarcelaciones y medidas sanitarias para prevenir el contagio de COVID-19. Carola Ochoa sostiene que, lejos de auxiliar, los penitenciarios reprimieron. “En ese momento, los familiares empezaron a llegar a la cárcel, desde adentro mandaron mensajes diciendo que estaban en peligro. Pero las autoridades del penal salieron y les dijeron que estaba todo bajo control, que se vuelvan a sus casas”, agrega la militante.

Durante el reclamo, algunos internos iniciaron un fuego, dos detenidos cayeron sobre un foco ígneo, sufrieron graves lesiones y fueron trasladados e internados en terapia intensiva en el hospital Marcial Quiroga. El jueves por la mañana, Roberto Nery Barahona, de 29 años, murió a causa de las quemaduras sufridas. El otro interno, Fabricio Bartolaccini continúa internado en grave estado.

“Esos pabellones que estaban protestando eran presos detenidos por delitos leves, de esos tres pabellones. Muchos de ellos estaban con salidas transitorias y se interrumpieron. Llevaban ya 40 días sin ver a los familiares y, además, los estaban amenazando con quitarle los celulares”, describe Ochoa sobre los principales motivos de la protesta.

El reclamo tenía varios días; la semana anterior, detenidos, autoridades penitenciarias y funcionarios habían firmado un principio de acuerdo, pero denuncian los familiares que desde entonces no tuvieron ninguna respuesta.

Carola Ochoa dice que -según las declaraciones públicas de funcionarios judiciales- se recibieron más de 200 pedidos de morigeratoria y que, sin embargo, todavía no se había aceptado ninguna de esas presentaciones.

“El contexto de la pandemia profundizó todo, pero son problemas que viene de hace mucho: la falta de comida, la falta de respeto de los derechos mínimos, la sobrepoblación. En estos momentos se está construyendo una cárcel en otro departamento para descomprimir la situación carcelaria de Chimbas. Y, encima, la gente está de acuerdo no sólo con la condena sino con que sufran las penas”, cierra Ochoa.