El caso de Iván Pérez es uno de los pocos casos de violencia institucional que llega a un juicio en Entre Ríos, y el tercer proceso que se lleva adelante en la modalidad de juicio por jurados. Al día siguiente de iniciado, un testigo ocular del hecho fue detenido y hostigado por la policía. El alerta de los organismos que exigen una clara postura institucional frente a la violencia. Se espera un veredicto esta semana.

ANDAR en Entre Ríos

(Agencia Andar) El sargento Mauricio Gómez es el único imputado en el juicio por jurados por el homicidio de Iván Pérez, y comenzó este 26 de marzo en la ciudad de Gualeguaychú, a más de un año del hecho. El joven  de 24 años fue asesinado de un disparo en la espalda desde una distancia de casi 100 metros. Dos policías lo perseguían por un presunto robo, al llegar a un descampado el sargento Gómez gatilló. Pérez se encontraba desarmado y murió en el lugar el 9 de octubre de 2019.

“Como red tomamos mayor intervención en casos de violencia institucional porque en los últimos 4 años ha habido cuatro asesinatos de pibes de los barrios más populares de la provincia en distintas localidades como Concordia, Gualeguachú, Paraná. Hemos visto que en la provincia no hay causas de violencia institucional que lleguen a juicios, salvo la de Ivan Pérez ahora”, cuenta Clarisa Sobko, integrante de HIJOS regional Paraná, que dentro de de la red  de organismos de derechos humanos de Entre Ríos acompaña la mesa de coordinación Justicia por Iván Pérez.

Lo que les preocupa ahora es la reacción ante el inicio de este proceso. Agentes de la Policía de Entre Ríos en Gualeguaychú amenazaron, golpearon y detuvieron a uno de los testigos clave a horas de haber declarado. El testigo presencial del asesinato es un adolescente, menor de edad, que fue ofrecido como bajo la figura de identidad reservada. Cuatro patrulleros lo interceptaron en la vía pública, los pusieron a él y sus acompañantes contra la pared y les preguntaron sus nombres. Cuando el adolescente dijo su apellido uno de los policías le preguntó si era el que había declarado contra el funcionario policial Gómez.  A eso le siguieron los insultos, golpes y amenazas:  «este fue el hijo de puta que declaró»; “te vamos a esperar unos años más”. Después los esposaron y lo llevaron a la comisaría del Menor desde donde pudo recuperar su libertad horas más tarde.

“Esto es de una gravedad institucional inusitada, tiene que haber un claro pronunciamiento del ejecutivo y de la procuraduría, también tiene que haber una sanción para que estos hechos que sabemos que pasan, que cuando se denuncia a la policía hay hostigamiento, que vienen los móviles policiales pasando por las casas de las víctimas y sus familiares, que les sacan fotos. Pero en este caso fue más, y ya se hizo la denuncia correspondiente”, señala Sobko. La misma fue radicada en fiscalía a cargo de Mauricio contra los agentes policiales que participaron de la detención. El fiscal resolvió diversas medidas investigativas tendientes a identificar a los responsables.

Los organismos de DDHH están difundiendo la situación y exigiendo que las autoridades resguarden la integridad física de los testigos y se posicionen en “una clara línea institucional en contra de la violencia, y a favor de la democracia”. “Estamos alertas y tratando de alertar a la población de que para las fuerzas de seguridad de Entre Ríos, ya sea la policía o el servicio penitenciario  no hay investigación sobre los delitos que cometen. Y eso trae un libre albedrío para cometer estos crímenes y que no haya ni siquiera causas administrativas que traten de dilucidar lo que hacen estas personas. Por ejemplo, El 25 de septiembre de 2018 una bala policial mata por la espada a Gabriel Guzmán, de 20 años. Esa causa fue archivada en diciembre de 2020 después de un arduo derrotero con la fiscalía a cargo que no investigó ni intentó dilucidar el hecho. Ni siquiera llegó a juicio, a una instancia donde uno pueda elaborar por qué un policía de la provincia dispara y mata a un pibe”, relata la militante.

En la jornada de hoy a las 14 hs declarará Matías Ayastuy, el director de Derechos Humanos de Gualeguaychú que acompañó el caso desde el principio y oficirará de testigo convocado por la defensa. Se espera que ya mañana se llegue a un veredicto. “El juicio es muy importante porque ningún hecho de este tipo llega –insiste Sobko-. Lo que pasó con el testigo también porque trae miedo hacia los jurados. Vemos que cada vez que buscas sale más tufo y más cuestiones que atentan contra la institucionalidad y la democracia. Queremos visibilizar esto y el rol de las instituciones en este juicio. Queremos cuidar el mensaje que le dan las fuerzas de seguridad a la vida institucional”.