A partir de la madrugada del miércoles 4 de enero, en plena feria judicial, por una orden de lanzamiento (desalojo) firmada por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 13 de CABA, un enorme operativo policial se montó alrededor del edificio del antiguo Patronato de la Infancia (ex Padelai).

ANDAR en CABA

(LADH) La denuncia de usurpación que llevó al desalojo fue presentada por el gobierno porteño contra las más de 60 familias que habitaban el lugar.

Fuerzas coordinadas de las policías Metropolitana y Federal transferida a la CABA (es decir, los que ahora son llamados Policía de la Ciudad) cerraron toda el área delimitada por las calles Paseo Colón, Carlos Calvo, Defensa y Cochabamba, un rectángulo de aproximadamente trescientos metros por doscientos. Sólo los habitantes de esa zona podían pasar: ni prensa, ni manifestantes, ni nadie que pudiera mostrar lo que sucedía en el ex PADELAI o mostrar su apoyo a los habitantes.

CC BY-NC-ND 3.0 – M.A.f.I.A.

A este aislamiento se sumó un enorme número de policías, superior al centenar, con armamento letal, que contaban con al menos un hidrante, una autobomba (que puede utilizarse como hidrante auxiliar), dos furgones de la División Perros, al menos siete carros de asalto de la Metropolitana y media docena de patrulleros. Las familias que habitaban el PADELAI quedaron aisladas y rodeadas por personal armado, con la noticia de que la jueza interviniente ordenaría hacer efectivo el lanzamiento forzado si las familias no se iban antes de las 19.00 hs., y el Gobierno que las había denunciado pasó a ofrecerles diversos paliativos.

Probablemente muchas familias hayan recordado el brutal desalojo del 25 de febrero de 2003, cuando hubo casi un centenar de heridos y detenidos  incluyendo varios niños que pasaron horas incomunicados en la Comisaría 14º.

“Más allá de la situación puntual de cada familia, no cabe ninguna duda de que la actitud del Estado se asemeja fuertemente a una amenaza coactiva y debe ser repudiada. El pretendido consenso de las familias, obtenido bajo presión, carece de todo valor”, consideraron desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). El organismo condenó mediante un comunicado los desalojos forzosos que afectan a las familias más humildes, especialmente cuando son impulsados por el mismo Estado, a quien la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, obliga a garantizar el acceso al hábitat dignos.