El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, dictó el procesamiento contra los agentes de la policía bonaerense Brian Martino, Cristian Ramírez y Bruno Sosa –que cumplían funciones en la Comisaría Oeste 1° de San Justo al momento de los hechos- por el delito de tareas ilegales de inteligencia llevadas a cabo el 19 de agosto de 2022 durante el juicio por el caso de gatillo fácil del que fue víctima el joven Lucas Verón. Los policías estaban de civil y fotografiaron a familiares y amigos de la víctima e integrantes de organizaciones sociales que los acompañaron durante las audiencias. Para el juez Rodríguez esa práctica de carácter preventivo sin orden ni intervención judicial no resulta razonable ni tiene justificativo legal. La denuncia por acciones ilegales incompatibles con la ley 25.520 de inteligencia había sido realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Los hechos ventilados en esta causa ocurrieron en el marco del juicio llevado a cabo por el Tribunal Oral Criminal 4 de La Matanza por el asesinato de Lucas Verón cuando integrantes de la CPM, organismo que actuó como querellante en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura y también representando a la familia, advirtieron que dos policías vestidos de civil tomaban fotografías a la familia de la víctima y a las personas que la acompañaban fuera de la sala de audiencia pidiendo justicia.

En efecto, los agentes Cristian José Ramírez y Brian Leonardo Martino fueron vistos en las inmediaciones del Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, sitio donde se realizó el debate oral en el que fue condenado el policía que mató a Lucas Verón.

Vestidos de civil y sin ninguna identificación, sacaron gran cantidad de fotografías y luego pretendieron justificar su accionar con el supuesto objetivo de “prevenir posibles disturbios, brindar seguridad, una adecuada imagen y presencia policial, resguardando el orden y el bien común”.

De acuerdo a su testimonio ante el juez federal, esa tarea había sido ordenada por el comisario inspector Sosa pero el magistrado consideró que no fue aportada a la causa una disposición con numeración correcta ni tampoco una razón legítima que tornara razonable los registros fotográficos.

“Resulta poco compatible con una presencia de civil y en el predio de una Universidad Nacional sin que exista justificativo legal alguno”, sostuvo el juez Rodríguez en el auto de procesamiento contra los tres policías imputados, y agregó: “No podemos, en un marco democrático, validar la realización de tareas preventivas como respuesta genérica sin que exista una razón fundada y/o intervención judicial correspondiente”.

Sumado a estos argumentos cabe recordar que, por las características del caso del homicidio de Lucas Verón, la jueza de Garantías que intervino en la etapa de instrucción había dispuesto a la policía bonaerense la prohibición de intervenir o tomar contacto con familiares o allegados de la víctima, de modo que el juicio se llevó adelante con acompañamiento de la Policía Federal.

Tampoco existía ninguna orden judicial que ameritara una intervención de la fuerza bonaerense, porque de hecho es lo que se buscó evitar.

Por todo ello, el Juzgado Federal 2 de Morón resolvió el procesamiento para los policías Cristian José Ramírez, Brian Leonardo Martino y Bruno Sosa por el delito de tareas ilegales de inteligencia. No se dictó la prisión preventiva para los agentes, aunque se les trabó un embargo por 500.000 pesos.

Como denunciante de los hechos ventilados y en su rol de Mecanismo local de prevención de la tortura de la Provincia de Buenos Aires, la CPM considera fundamental el juzgamiento de estas acciones de inteligencia ilegal que, lejos de aportar al orden público y a las tareas de seguridad, provocan la revictimización de quienes padecen la violencia estatal y el debilitamiento de las normas democráticas.

Lo ocurrido durante el juicio por el asesinato de Lucas Verón no fue el único caso, sino que guarda similitud con otros denunciados recientemente por la CPM. El 13 de septiembre de 2022, en el marco del juicio oral llevado a cabo por el TOC 5 de La Matanza contra Oscar Vega, se denunciaron irregularidades en la investigación llevada a cabo por personal policial y judicial, entre las cuales se incluía el fraguado de elementos de prueba y el posible armado de la causa. En el marco de ese juicio, trabajadores de la CPM identificaron nuevamente a Brian Martino y Cristian Ramírez vestidos de civil y fotografiando a los presentes.

También se ha denunciado la presencia de personal policial sin uniformes ni identificación en actividades públicas y reuniones organizadas por los familiares de las víctimas de la masacre de Monte.

Por último, el viernes 20 de septiembre pasado se presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Martín Bava, por las acciones de inteligencia ilegal advertidas al momento de la realización de una actividad pública en el sitio de memoria Cementerio Municipal de General Lavalle llevada a cabo días antes. Distintos asistentes advirtieron que un móvil policial circuló en las inmediaciones del lugar y que los efectivos tomaron fotografías y filmaciones en dirección a donde estaban los asistentes al acto.