Organismos de derechos humanos presentaron  el pedido de juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, por “no reunir las condiciones que la Constitución y las Leyes determinen para el ejercicio del cargo” y por “su carácter de imputado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad”.

ANDAR en la justicia

(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria junto al SERPAJ, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, presentaron formalmente el pedido de juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Entre los firmantes están Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otros referentes del movimiento de derechos humanos de Argentina.

Entre los argumentos de la solicitud, resulta fundamental la participación de Fernández Garello en “la estructura represiva como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) al menos entre los años 1978 y 1981”. Así lo demuestran una serie de documentos presentados por la Comisión Provincial por la Memoria en noviembre de este año ante la justicia de San Isidro y San Martín.

Esta documentación permitió constatar, entre otros hechos, que Fernández Garello se desempeñó como Oficial de Inteligencia con el rango de Subinspector de la DIPPBA, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de estado. Su imputación por la participación en crímenes de lesa humanidad se extiende a dos causas. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en la segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas.

En la presentación realizada, los organismos de derechos humanos sostienen que “la continuidad y permanencia en sus cargos de funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de ‘blancos’ para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas, debe ser revisada con celeridad”.
No sólo los crímenes de lesa humanidad por los que se encuentra imputado, sino también el ocultamiento deliberado de esta información para falsear sus antecedentes y poder alcanzar su designación como fiscal general en el sistema judicial, constituyen hechos graves que violan la Constitución Provincial y toda la normativa internacional.

Por esto, se exige la inmediata conformación de un jurado de enjuiciamiento para que “se aboque con carácter urgente al tratamiento de la presente denuncia procediendo a la remoción del mencionado funcionario, dada su probada condición de imputado en delitos de lesa humanidad así como también su falta de idoneidad por haber sido parte de la estructura represiva”, solicitando además la suspensión en su cargo mientras se tramite el proceso.