A pesar de que la orden judicial lo indicaba expresamente los organismos encargados de velar por los derechos de los niños, niñas y familias afectados por la medida no fueron notificados para intervenir pertinentemente. El consejo local expresó su repudio y preocupación.

ANDAR en Tandil

(Consejo local/ corresponsalía agencia) El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Tandil se reunió en Asamblea con el objetivo de tomar intervención en defensa de los menores y las familias que se verían afectados por una orden de desalojo en el Barrio Villa Cordobita. La medida quedó suspendida ante la intervención de varios vecinos, organizaciones y el servicio zonal.

El último jueves 16 de octubre al mediodía se hicieron presentes en el barrio, ubicado en la intersección de las calles Paraguay y Roberto Arlt, el representante de la UFI Nº 3, Dr. Luis Humberto Piotti, el Comisario de la Seccional Primera Carlos Villega, el Jefe de la Distrital de Policía Jorge Giménez y el abogado Rodrigo López Santoro en defensa de quien se declaraba como propietario de los terrenos.

En la orden judicial de allanamiento y desalojo impartida el 10 de octubre por la Dra. Stella Maris Aracil a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 de 2014,  se establecía que en el caso de existir menores de edad y/o personas enfermas en el momento de llevarse a cabo la medida, el Sr. Agente Fiscal debería “dar urgente intervención  al Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño y a la Subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tandil como así también al Sr. Asesor de Incapaces y, deberá evitar que los menores y/o enfermos no queden en situación “de calle” (art. 220 1er párrafo y art. 231 bis CPP)”.

Sin embargo, al momento del allanamiento y desalojo ninguna de esas instituciones necesariamente implicadas para brindar a los menores y sus familias un resguardo a sus derechos tenían conocimiento, ni habían sido notificados por ninguna vía, acerca de la orden judicial.  Por este motivo el Consejo local hizo público “su preocupación ante el incumplimiento de los procedimientos establecidos por ley y por la propia orden judicial, viéndose vulnerados los derechos  de los afectados”.