A un mes de la muerte de Gonzalo Fernández en la Comisaría 3º, familiares y amigos del joven realizaron una marcha en reclamo de justicia ante las graves irregularidades cometidas por los funcionarios policiales en torno a la notificación del fallecimiento, además de las marcas de golpes que los propios familiares advirtieron sobre el cuerpo de Gonzalo y la negación de la Comisaría para dejarlos ingresar como visitas durante las 14 horas que lo tuvieron detenido. La CPM realizó pedidos de informe a la fiscalía interviniente y a Asuntos Internos de la Policía bonaerense y notificó a ambas agencias sobre la prohibición ministerial y judicial, vigente desde 2011, para el alojamiento de detenidos en la Comisaría 3º de Temperley.

ANDAR en la Justicia

(Andar) La muerte de Gonzálo Fernández se suma a una serie de casos ocurridos durante los últimos meses en comisarías de la Provincia que, en principio, generan graves sospechas sobre la veracidad de las versiones oficiales sobre las causales de muerte y, además, confirma la continuidad del alojamiento ilegal de detenidos en comisarías clausuradas para esos fines, tanto por resolución del Ministerio de Seguridad provincial como por distintos juzgados.

A un mes de la muerte de Gonzalo, familiares y amigos reclamaron justicia. IMAGEN: Anred

El joven del Barrio San José había sido detenido el 18 de junio a raíz de un conflicto con un vecino que resultó caratulado como disturbios en la vía pública, un delito menor. Estuvo 14 horas alojado en la comisaría 3º de Temperley, sin poder recibir la visita de ninguno de sus familiares durante todo ese período. De hecho, pasadas las 16 horas del 18 de junio, su novia intentó ingresar y dejarle comida, pero no se lo permitieron. Luego se conocería –con los resultados de la autopsia- que el horario aproximado de la muerte habría sido alrededor de als 16:30 de aquél domingo.

Otro de los indicios que llevaron a los familiares de Gonzálo a sospechar sobre la veracidad del relato oficial –según el cual se habría suicidado con una remera en el calabozo- surgió cuando el padre de la víctima se acercó a reconocer el cuerpo: vio que le faltaban dos dientes y que tenía marcas de golpes.

A partir de estas circunstancias, la CPM tomó intervención en el caso y el 17 de julio, a través del Programa Justicia y Seguridad Democrática, se presentó ante la fiscalía 5 de Lomas de Zamora con el objeto de solicitar información respecto al avance de la investigación y solicitó la aplicación inmediata de la Resolución 1390 por la cual no pueden intervenir funcionarios policiales en las causas que involucren a las fuerzas de seguridad, en este caso los agentes de la comisaría 3º de Temperley que debían garantizar la integridad del detenido.

Asimismo, notificó a la fiscalía respecto a las resoluciones 3975/11 y la 268/12 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, aún vigentes, por las cuales esa comisaría no puede alojar detenidos. Cabe destacar que la CPM pudo averiguar que también un juzgado penal había dispuesto la misma prohibición sobre esa sede policial.

Por otra parte, se remitió un pedido de informes a Asuntos Internos de la Polícía bonaerense para conocer las actuaciones respecto a la responsabilidad de los agentes policiales.