La controversia entre el máximo tribunal penal de la Provincia -que el 8 de abril resolvió el otorgamiento de la medida de morigeración a la población detenida que integre los grupos de riesgos frente al nuevo Coronavirus- y una parte del Ministerio Público bonaerense ha dejado sus rastros en las decisiones de los juzgados: hasta el momento, sólo un pequeño porcentaje de personas contempladas en la resolución ha accedido a la modalidad de prisión domiciliaria. Frente a la dilación o franca negativa en algunos casos, el Tribunal de Casación Penal resolvió el miércoles 22 que los jueces deberán dictar la medida en forma inmediata. Grave escenario de huelgas de hambre, violencias y temor al contagio entre la población encarcelada.

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(Agencia) El nuevo fallo reitera los criterios de la resolución del 8 de abril respecto a quiénes integran los grupos de riesgo: mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, detenidas y detenidos con enfermedades preexistentes y crónicas, entre otros.

Asimismo, vuelve a remarcar la condición de delitos leves y penas bajas o próximas a su cumplimiento, aunque cabe recordar que también en los casos de delitos graves los magistrados deberán examinar, caso por caso, los riesgos del otorgamiento de la medida de morigeración.

Pero ahora, el máximo tribunal penal exige el cumplimiento “inmediato” de aquella resolución, que tras varias semanas ha sido desoída por magistrados con detenidos a cargo y fiscales que piden frenarla por motivos procesales.

Así, este miércoles 22 el titular de Casación, Ricardo Borinsky, resolvió -a raíz de las denuncias de las defensorías oficiales respecto a que los magistrados se niegan a otorgar la prisión domiciliaria- que “deben cumplir con la medida (se refiere a la resolución del 8 de abril) pese a que no haya adquirido firmeza”, y agregó que esas morigeraciones “están exceptuadas de la regla que impone el efecto suspensivo en los recursos”. Esto último se refiere a la apelación presentada por el titular de la fiscalía ante Casación.

De allí que, según el nuevo fallo, se hace saber “a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza”.

Además de exigir el inmediato otorgamiento de la morigeración para toda la población encarcelada que integre grupos de riesgo, exige que “no sólo deberán resguardar la integridad psicofísica sino también comunicarle la decisión” a la víctima del delito del detenido que se libera.

Esta nueva resolución de Casación llega en un contexto de suma urgencia y riesgo hacia el interior de los penales bonaerenses no sólo por la posibilidad de una crisis sanitaria y contagio masivo entre las y los detenidos sino también por los episodios de violencia institucional que ya investiga la justicia, además de las medidas de fuerza que toman las personas encarceladas en virtud de la falta de respuestas por parte de los magistrados.

En este sentido, cabe recordar que el conjunto de las defensorías generales de la Provincia presentó, también el miércoles 22, una carta al Gobernador en la que exigen la conmutación de penas por motivos humanitarios, el riesgo al contagio masivo del nuevo Coronavirus en lugares de encierro y el estrecho margen temporal que aún queda para evitar el colapso del sistema.

“Se vaticina que el contagio de una importante proporción de la población, demorada gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, llegará indefectiblemente y sería de un optimismo ingenuo y muy peligroso pensar que ello no ocurrirá también dentro de las cárceles. Cuando suceda, el hacinamiento aumentará los índices de contagio -esperables en el medio libre- en el interior de las prisiones”, describen.

“No solo se agota el tiempo y la desesperación puede empezar a cundir entre las personas privadas de la libertad. Los recursos psíquicos de todos los operadores que tienen relación directa con la cuestión (tanto en el ámbito del Servicio Penitenciario, como en el Poder Judicial) están al límite por la tensión y estrés que la cuestión viene generando: los juzgados de ejecución están colapsados, los defensores públicos recibimos cientos de pedidos diarios de personas privadas de la libertad y organizaciones de DDHH, los operadores del Servicio Penitenciario y de salud penitenciaria no dan a basto a responder los requerimientos que se generan”, enfatizan las defensorías públicas de la Provincia.