El 9 de abril de 2018, Federico Zalazar murió luego de ser agredido por otros jóvenes en el módulo 2 del centro cerrado para jóvenes adultos de Virrey del Pino. Federico murió a puntazos, tenía 19 años. Ese día, las autoridades del lugar permitieron la salida conjunta a un espacio común de dos grupos de jóvenes que estaban enfrentadas y las cámaras de seguridad habían sido desviadas para que no registren la pelea. Los jóvenes detenidos denunciaron que había facas y que era habitual el consumo de estupefacientes. Un año después, la causa por la muerte de Federico tiene dos instrucciones: una por los autores inmediatos, otra por las responsabilidades institucionales que avanzó muy poco.

ANDAR en Lomas de Zamora

(Agencia Andar) “Le pedí muchas veces a la jueza que lo saqué de ahí, yo le entregué a mi hijo para que pague su condena, no para que me lo entreguen en una bolsa negra”, dice Romina, la mamá de Federico, asesinado a puntazos hace un año en el centro cerrado Virrey del Pino.

Romina habla de Marta Pascual, la titular del Juzgado de responsabilidad penal juvenil 2 de Lomas de Zamora, que tenía bajo su tutela a Federico y debía velar por sus derechos mientras cumplía su condena. Fue la jueza que ordenó su traslado al centro cerrado para jóvenes adultos de Virrey del Pino, la que negó cinco veces el pedido de su familia para que vuelva a estar alojado en el Instituto Almafuerte.

La justicia lo encerró y se olvidó, Federico murió a puntazos. Crónica de una muerte anunciada. El 9 de abril de 2018, Federico murió luego de ser agredido por otros jóvenes en el módulo 2. Los jóvenes relataron a las autoridades judiciales que las peleas eran habituales, que existían muchas facas en el lugar, que es habitual el consumo de sustancias estupefacientes y que tienen que estar todo el día luchando para preservar su vida, su integridad y sus cosas.

Ese día, el día de la muerte, las autoridades del centro cerrado permitieron la salida conjunta a un espacio común de dos grupos de jóvenes que desde hacia tiempo tenían problemas entre sí. Otro elemento que da cuenta de la responsabilidad de los funcionarios y de los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense es que las cámaras del módulo no registraron los hechos porque habían sido desviadas y estaban enfocando hacia otro lugar.

Actualmente la causa por la muerte de Federico tiene dos instrucciones: una por los autores inmediatos, otra por las responsabilidades institucionales. “La causa con los pibes avanza, pero la causa por violencia institucional tardó un montón en avanzar porque nos ponían todas las trabas”, resume Romina.

Desde el 2014, con el desembarco del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el centro cerrado de Virrey del Pino, en las periódicas inspecciones realizadas por el Comité contra la tortura de la CPM se constató cómo el SPB fue tomando el control del espacio hasta implementar las lógicas propias de las cárceles para adultos. Esta carcelización del centro cerrado se tradujo en prácticas de aislamiento permanente que exacerban los pensamientos violentos de los jóvenes, torturas físicas y psicológicas, y la gestión de la violencia como forma de gobierno del lugar. Fueron estas prácticas —que dejan a los jóvenes allí alojados absolutamente desprotegidos, sin ningún tipo de contención y expuestos a una violencia extrema— las que terminaron con la vida de Federico, pero antes había causado también autolesiones e intentos de suicidio de otros jóvenes.

“Federico no fue el primero y no va a ser el último. Cuando estaba mi hijo ese lugar era terrible, no podía ni comer un sanguche en el salón porque estaba todo lleno de ratas y palomas”, recuerda su mamá. La justicia encierra, olvida y oculta. Los pibes mueren.