A casi dos meses del inicio, comenzaron las audiencias de alegatos en el juicio por la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El Ministerio Público Fiscal reclamó que los seis policías fueron condenados por abandono de persona seguido de muerte, con penas de entre 9 y 15 años. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a cinco de las siete familias, amplió la acusación a homicidio simple y pidió penas de entre 21 y 25 años. Otros dos particulares damnificados adhirieron a este pedido. El organismo destacó la lucha de las familias, resumió la importante prueba sobre la responsabilidad de los policías y señaló la importancia de este juicio: “Por las siete víctimas, por los doce sobrevivientes, venimos a pedir justicia verdadera”. El 20 de diciembre es la sentencia.

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(Agencia CPM) “Pergamino no fue una sorpresa o un accidente y no puede endilgarse, como pretendieron, a las víctimas. Sin embargo no conmovió a nadie; ante el silencio del Estado, es necesario que la justicia hable por este hecho y también por todo un modus operandi que hace posible estas masacres. Como dicen las familias, sabemos que la reparación no será total, que nadie devolverá la vida de sus hijos, pero quieren que no le pase a nadie más”, señaló la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) durante los alegatos de parte en el juicio por la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino.

Los alegatos de la CPM estuvieron a cargo de las abogadas Margarita Jarque y Carla Ocampo Pilla, y el abogado Pedro Auzmendi. La CPM acompañó el reclamo de justicia desde el primer momento y patrocina a cinco familias de las siete víctimas. La audiencia fue seguida desde la sala del tribunal por el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, y la directora general Sandra Raggio.

La sala estaba colmada. Afuera, a través de una pantalla gigante, siguieron el debate familiares, amigos y amigas de las víctimas, vecinos y vecinas, y unos 25 integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM que llegaron desde distintos puntos de la Provincia.

La apertura de la audiencia estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal. Nelson Mastorchio sostuvo que la responsabilidad de los policías había sido claramente probada durante las jornadas del juicio: “A pesar de existir un peligro cierto, se desinteresaron del deber de cuidado, no abrieron las puertas más allá de la posibilidad de hacerlo, tampoco usaron los matafuegos. Todo esto los privó de la ayuda para sobrevivir”, remarcó el fiscal. Sostuvo la calificación legal de la instrucción: abandono de persona seguido de muerte, y pidió penas entre 9 y 15 años.

“Los policías tenían la obligación de custodia, una posición de garantía que surge de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de derechos humanos. Nada exime a los imputados del cumplimiento de esta normativa”, remarcó frente a los jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino la directora de Litigio estratégico de la CPM, Margarita Jarque.

El 2 de marzo de 2017, tras una discusión entre dos detenidos que terminaron dándose un abrazo, los oficiales de servicio decidieron engomar o encerrar a todos en sus celdas. La medida arbitraria y sin sentido inició un reclamo generalizando desde todos calabozos. En ese momento, desde la celda 1 arrojaron un pedazo de colchón incendiado al pasillo; el fuego era menor, pero los policías no intervinieron para apagarlo. Ese día había 19 personas detenidas en la comisaría 1ª: siete murieron tras el incendio; otros 12 sobrevivieron.

En casi dos meses de juicio, los testimonios de sobrevivientes y de bomberos apuntaron a la inacción de los policías para auxiliar y socorrer a las víctimas: dejaron que el fuego se propagara y se fueron del sector de calabozos. Luego, entorpecieron las maniobras de rescate por parte de los bomberos. Al tiempo que minimizaban la situación frente a familiares que comenzaron a llegar a la departamental por mensajes de celulares que mandaron los jóvenes detenidos.

La causa llegó a juicio con la calificación de abandono de persona seguida de muerte; sin embargo, a partir de la prueba que se ventiló en el debate oral y público, la CPM entendió que en un momento el abandono se transformó en homicidio; es decir, hubo una actitud dolosa para dejarlos morir.

Los policías de servicio aquel 2 de marzo -el comisario Alberto Donza, Alexis Eva, Brian Carrizo, Matías Giulietti, Sergio Rodas y Carolina Guevara- se desentendieron de la posición de garantía que tenían frente a los jóvenes. Tenían, además, el control funcional y la capacidad de actuar y no hicieron nada: “Deja de haber abandono y pasa a haber homicidio por omisión cuando el autor, los aquí imputados, retiran su protección cuando el peligro de muerte ya es del todo concreto y directo. Cuando ya haya un riesgo específico de homicidio. Esto fue lo que pasó acá”, explicó Carla Ocampo Pilla. Y detalló algunos datos en cuanto a los tiempos que surgen de las pericias realizadas: pasaron entre 20 y 30 minutos expuestos al humo y, por lo menos, 15 minutos expuestos al fuego.

Para el organismo, los seis tuvieron el control funcional de la situación y la capacidad de acción, sin embargo abandonaron a los detenidos a su suerte; esa actitud terminó con la muerte de los siete jóvenes encerrados en la celda 1: Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Claros y Juan José Cabrera.

Al final de su exposición, la CPM solicitó las siguientes penas: 25 años de prisión para el entonces comisario Alberto Donza (máxima autoridad de la comisaría), 24 años y 6 meses para Alexis Eva (era el oficial de servicio y tenía en su poder uno de los juegos de llave de los calabozos, el otro estaba en poder de Donza), 23 para Brian Carrizo y Matías Giulietti (las dos personas que estaban en el sector imaginaria, a metros de donde se inició el primer fuego), 22 para Sergio Rodas y, finalmente, 21 para Carolina Guevara.

También reclamó que el Tribunal, en caso de dictar un veredicto condenatorio, proceda al cumplimiento efectivo de la pena en el sistema penitenciario, no sólo por la gravedad de los hechos que se juzgan sino también por los mismos antecedentes de esta causa: el comisario Donza ya estuvo prófugo de la justicia por más de un año.

La CPM pidió, además, que se investigue por encubrimiento a 8 policías que pretendieron sostener la impunidad policial. Los agentes de la motorizada Mauro Chida, Brian Ciro y Diego Ulloa, los policías Renzo Giracci y Eduardo Hamué, el jefe departamental Rubén Rojo, el bombero policial Leonardo Seta y el miembro del GAD Julián Tricco desarrollaron acciones que dieron cuenta de la actitud corporativa de la fuerza de seguridad.

“Se advirtieron inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones que tenían un sustento: el espíritu cuerpo. Dirigieron el testimonio para favorecer a sus compañeros de fuerza de dos maneras: por un lado, los pusieron actuando en medidas de auxilio que no se corroboraron; por otro lado, inculpando a los bomberos. Es decir, sumaron voluntades para que sus compañeros eludan la justicia”, explicó el abogado de la CPM Pedro Auzmendi.

Tras la finalización del alegato de la CPM, los abogados Maximiliano Brajer y Felipe Villalba, patrocinante de la compañera de Fernando Latorre y el papá de Franco Pizarro, respectivamente, adhirieron a la calificación legal y condena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, Nelson Mastorchio.

Por otra parte Ramiro Llan de Rosos, que representa a la familia de Federico Perrota, y Jaquelina Conti, representante legal de Juan “Noni” Cabrera, adhirieron a la calificación y penas pedidas por la CPM. “La posibilidad que se produzca la muerte era lógica. El desenlace ocurrió porque los imputados quisieron que así sea”, dijo Llan de Rosos. “La responsabilidad primaria era velar por la vida de las personas detenidas: es imposible que no hayan advertido el peligro para la vida que la situación significa”, afirmo Jaquelina Conti.

Hoy fue el turno de los alegatos de la defensa. Tras la audiencia, los jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino, Guillermo Burrone, Miguel Gáspari y Danilo Cuestas, fijaron el 20 de diciembre como fecha para la lectura de la sentencia y los fundamentos.

A la espera de la resolución del juicio, hay familiares, amigos y amigas de los siete jóvenes que nunca abandonaron el reclamo de justicia, que lucharon contra los intentos de impunidad que quisieron imponer y que buscar de la justicia una reparación justa.

FOTO: Andrés Muglia para El diario del juicio