La Mesa contra la Violencia Estatal de General Pueyrredón emitió un comunicado en repudio a los dichos del intendente interino, Agustín Neme, respecto de la situación de los denominados trapitos y de las personas en situación de calle. “Vamos a seguir haciendo lo mismo”, dijo Neme en una clara respuesta política a la decisión judicial del titular del juez de Garantías 5 Gabriel Bombini, que ordenó al Poder Ejecutivo comunal que cumpla lo ordenado en igual sentido por el juez de Garantías Juan Francisco Tapia el 2 de julio de 2025 y por la sala 1 de la Cámara Penal de Apelación y Garantías el 12 de septiembre de 2025. Puntualmente, el fallo de la justicia ordena “omitir todo despliegue de operativos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales, en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad de este colectivo vulnerado”. Esto fue resuelto en el marco del expediente abierto a partir de la denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por la agresión física y psíquica que sufrió una persona en la vía pública.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) “Esta decisión de Neme reviste una gravedad institucional sin precedentes en Mar del Plata y Batán, porque implica una clara acción de alzamiento contra el orden institucional y democrático de derecho al desconocer la autoridad jurisdiccional de la administración de Justicia que tiene a su cargo el control de legalidad de los actos de gobierno de los otros poderes del Estado por mandato constitucional”, expresó la Mesa. “El actual intendente interino entiende en su accionar que goza de inmunidad política y jurídica, propia de regímenes autoritarios, hecho que nos rememora a la última dictadura cívico- militar- eclesiástica sufrida por nuestro Pueblo”, agregó el colectivo que integran varias organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas.

“El accionar de la patrulla municipal es utilizada como una estrategia distractiva de los problemas reales que tiene la población de Mar del Plata y Batán, y como un elemento que difunde y promueve discursos de odio, estigmatiza a los sectores vulnerados de la población”, dijo a Andar Anahí Tanguikian, de la APDH Mar del Plata. “El intendente está desobedeciendo las instrucciones que le dio la justicia, en cuanto a que la patrulla no tiene ninguna potestad para accionar, no puede ejercer violencia verbal o física, como tampoco sustraer las pertenencias de las personas en situación de calles y de las y los cuidacoches”, agregó. En este sentido, Tanguikian aseguró que el intendente planteó “una falsa dicotomía o enfrentamiento entre la población y los organismos de derechos humanos y sociales que conforman la Mesa, nosotros defendemos la esencia del estado de derecho que hace a la democracia”. A su criterio, “los discursos de odio generan violencia frente a situaciones que el Estado debe resolver con una mirada humanitaria, no ejerciendo acciones ilegales”.

El comunicado de la Mesa afirmó que “Neme intenta justificar su desobediencia cuestionando arbitrariamente y sin fundamentos el accionar la Comisión Provincial por la Memoria como organismo autónomo de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y como mecanismo local contra la tortura instituido por ley nacional 26.827 dentro del Sistema Nacional de prevención de la tortura, recurriendo a un falso enfrentamiento entre la sociedad marplatense y las personas en situación de vulnerabilidad socio- económica, cuando el mismo tiene el deber y la obligación de brindar soluciones con políticas públicas concretas a la situación por su condición de máximo representante del Poder Ejecutivo local que garanticen la convivencia digna y socialmente armónica respetando la ley y los derechos humanos”.

El intendente interino Neme había profundizado su línea argumentativa al descalificar sin fundamentos el aporte estatal de fondos públicos destinados a sostener el funcionamiento de la CPM en defensa de los derechos humanos, dispuestos por ley. “Nada dice sobre las multas aplicadas al intendente con goce de licencia Guillermo Montenegro y al ex secretario de Gobierno y actual subsecretario comunal, Santiago Bonifati, por el Tribunal de Cuentas bonaerense ante la verificación de irregularidades en el uso de partidas presupuestarias que constituyen el patrimonio común de los y las vecinas de General Pueyrredón”, agregó el documento.

La Mesa consideró que Neme “demuestra con ello una selectividad ética en el análisis mediático de las conductas político- institucionales sólo en aras de profundizar de facto y en forma agresiva acciones reprobadas por el Poder Judicial, para descalificar los legítimos y legales controles extra poder que efectúan organizaciones de la sociedad civil careciendo de la legitimidad que otorga su propia conducta institucional”. Y le hicieron notar al funcionario que “la violencia y la desobediencia estatal también son hechos de corrupción compartiendo por ello los conceptos vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la corrupción cuando la describe como un complejo fenómeno que afecta a los Derechos Humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales- así como el derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”.

Por estas razones, instaron a Neme a “rever su práctica institucional respetar el Estado de Derecho y la división de poderes, garantizar la vida e integridad física de los sectores vulnerados de la sociedad y a tener un diálogo respetuoso, sincero y constructivo con las organizaciones de derechos humanos, sindicales y demás instituciones comunitarias en la búsqueda de soluciones integrales a los problemas estructurales que afectan nuestra convivencia ciudadana, dejando de lado la lógica del enemigo y respetando los derechos humanos del conjunto de la población”.