La reunión con las madres de San Nicolás iba a realizarse con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, en la sede de Puente 12, La Matanza. Debido a complicaciones de último momento, en reemplazo del ministro fueron recibidas por el secretario del ministro, Carlos Montagna, y el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, que se reunieron con Sandra Corbalán y Verónica Rial. En la madrugada del 1 de junio del 2020 en San Nicolás, Ezequiel y Ulises fueron asesinados por el impacto intencional de un patrullero contra la moto en la que se trasladaban. La CPM es co-patrocinante de las familias de las víctimas.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Además de descartar la versión policial del presunto accidente, desde el Ministerio se comprometieron a enviar personal de la Auditoría General de Asuntos Internos a San Nicolás para evaluar la actuación del policía Bazán –el acompañante de Pablo Moresco que conducía el móvil y provocó el impacto sobre la moto-. Bazán nunca fue imputado a pesar del mensaje telefónico enviado aquella misma noche a su compañero Moresco en el que lo tranquilizaba porque harían pasar el hecho como un accidente y nadie iría preso.

Ese mensaje fue extraído del celular de Bazán a través de las pericias telefónicas cuyos resultados recién fueron incorporados a la causa en los últimos meses. No es ese el único elemento que indica la intención de encubrir el asesinato de los jóvenes nicoleños: tal como denuncian desde el primer día las madres de las víctimas, y de acuerdo a relatos de testigos del barrio San Jorge donde ocurrió el crimen, aquella madrugada del 1 de junio los policías movieron los cuerpos, modificaron la configuración de la escena y ordenaron a los vecinos a ingresar a sus viviendas.

De allí que, tras muchos intentos por comunicarse personalmente con el ministro de Seguridad bonaerense, las madres fueron convocadas para una reunión en las oficinas de Puente 12, en La Matanza, en la que pudieron finalmente contar su historia y reclamar la exoneración de la fuerza no sólo del único imputado, el policía Pablo Moresco, sino también de quien lo acompañaba en el patrullero aquella madrugada.

Cabe recordar que el 1 de junio de 2020  Ulises y Ezequiel estaban reunidos con dos amigos en el quincho de la casa que compartía Ulises con Verónica, su madre, y su hermana. A la madrugada los dos salieron en moto a buscar unas bebidas. La mamá de Ulises contó que el joven, que tenía una hija de un año y medio y trabajaba doce horas diarias en la planta de Siderar, estaba compartiendo con sus amigos porque ese día tenía franco. Salieron en moto con la intención de volver enseguida.

Cuando regresaban, un patrullero comenzó a perseguirlos y otro que venía de frente sin la sirena encendida ni las balizas azules, los embistió de frente y a contramano. Desde ese momento, la versión de los policías giraría en torno a un accidente posterior a una persecución que se habría originado cuando los jóvenes se negaron a detenerse ante un control policial.

En diálogo con ANDAR, Sandra Corbalán y Verónica Rial aseguraron que la reunión con el secretario del ministro y con el jefe de la Policía bonaerense fue muy importante para ellas y con resultados positivos.

“Nos recibieron por la mañana de este martes 27 de julio y nos informaron que por una situación imprevista el ministro había tenido que salir de urgencia, pero que nos escucharían y que luego le trasladarían nuestras inquietudes al funcionario. El compromiso más importante que asumieron es el de garantizarnos una reunión con personal de la Auditoría General de Asuntos Internos para avanzar en la desafectación de Moresco y su eventual exoneración de la fuerza, así como también en el caso de Bazán, su cómplice que lo acompañaba en el patrullero”, afirmó Sandra.

“Asimismo, nos aseguraron que estaban al tanto del requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Giagnorio, y que compartían plenamente su accionar. Nos dijeron que están muy enojados con el procedimiento que terminó con las vidas de nuestros hijos, que no avalaron nunca la versión oficial y que Moresco no volverá a ser policía”, agregó.

Por su parte, Verónica Rial también se mostró conforme con la reunión y el compromiso asumido por el Ministerio de Seguridad, aunque es consciente de los tiempos de la justicia y el largo camino que aún resta para el esclarecimiento y la condena de los responsables del homicidio de sus hijos.

“Esperamos y queremos verlos presos a Moresco, que ya está imputado, y a Bazán, que increíblemente aún mantiene su vida normal como si nada hubiera pasado. A nuestros hijos no los volveremos a ver nunca más por lo que nuestra vida cambió totalmente: vivimos el día a día como se puede, extrañando cada vez más a nuestros hijos y esto nos repercute en nuestro estado de salud. Pero no nos detendremos”, enfatizó Verónica.

El estado de la causa penal por homicidio

Con notorias demoras desde el inicio de la instrucción, la causa se inició bajo la carátula de doble homicidio culposo a cargo del titular de la UFI 6 de San Nicolás Rubén Giagnorio, quien imputó al conductor del patrullero que impactó sobre la moto, el policía Pablo Moresco, pero no a su acompañante el agente Bazán.

En aquellas primeras actuaciones, la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires se presentó como patrocinante de las familias de las dos víctimas y se reunió con el fiscal y el secretario del Juzgado de Garantías 1, Román Parodi. Durante esa reunión, la CPM remarcó la necesidad de inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza. Para el organismo, el homicidio de los dos jóvenes no fue un accidente: fue un homicidio doloso calificado por ser ejecutado por funcionarios policiales.

Recién el 21 de enero de 2021 se realizó la declaración indagatoria del imputado Moresco, quien intentó ampararse en la versión del accidente de tránsito. En mayo el fiscal Giagnorio realizó el requerimiento de elevación a juicio bajo la calificación legal, no ya de homicidio culposo sino de homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años.

A comienzos de junio, el Juzgado de Garantías 1 departamental notifica a la defensa del policía sobre el requerimiento de elevación a juicio y ésta plantea su oposición a la requisitoria, y eventualmente una modificación de la calificación legal a homicidio culposo.

Hasta el momento, casi dos meses después, la causa sigue a la espera de la resolución del Juzgado de Garantías.