En un contexto de creciente violencia policial la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difunde un informe preliminar con datos preocupantes sobre el uso letal de la fuerza del estado. El año pasado se registraron 110 muertes provocadas por efectivos de fuerza de seguridad y policiales en la provincia de Buenos Aires. El 70% de las víctimas tenía menos de 30 años. A esto hay que sumar las 12 muertes bajo custodia estatal en comisarías. Estos números son la consecuencia de una política criminal basada en el control y la saturación territorial que asume a la violencia estatal como respuesta natural de la problemática del delito.

ANDAR en la Provincia

(Agencia/ Comunicado CPM) Un niño de 14 años fue asesinado el domingo en San Martín por un efectivo policial integrante del GAD. Según los vecinos, se escucharon catorce disparos. El sábado, la policía metropolitana acribilló a un joven de 22 años en el barrio de barracas. Hace un mes, otro joven de 22 murió en un supuesto suicidio en la comisaría tercera de Temperley. Lo habían detenido por disturbios en la vía pública. Sus familiares denuncian responsabilidad policial.

Estos casos señalan con crudeza la consecuencia de una política criminal que bajo la demagogia punitiva sólo ha generado mejores condiciones para que se extiendan las prácticas violentas y arbitrarias de los agentes de seguridad en los territorios, haciendo de los jóvenes pobres su blanco principal.

En este contexto, la CPM difunde datos alarmantes sobre el uso letal de la fuerza del estado durante el año 2016, que surgen de un informe preliminar que considera múltiples fuentes. Allí es posible observar no sólo la gravedad de la situación por el elevado número de víctimas, sino también otras dimensiones fundamentales para comprender el problema. Entre lo más sobresaliente: en la mayoría de los casos los agentes estaban fuera de servicio al momento del hecho y portaban su arma reglamentaria; además, principalmente se trató de situaciones en las que supuestamente estaban en riesgo pertenencias individuales de los mismos agentes. La evidencia señala que la política criminal se está profundizando en un sentido crítico en el que se cambia vida por propiedad.

Los datos del uso letal de la fuerza del estado

Según este informe, 110 personas murieron durante el 2016 por el uso de fuerza letal de efectivos de fuerzas de seguridad y policiales en la Provincia de Buenos Aires. En el 64% de los casos la fuerza involucrada fue la Policía Bonaerense, el 15% la Policía Federal Argentina, un 11% la Policía Local, y un 3% la Metropolitana, entre las principales.

Uno de los datos más significativos de este informe indica que en el 61% de los casos relevados los efectivos se encontraban fuera de servicio al momento del hecho. Respecto de los motivos por los cuales se produjo la intervención policial el 73% estuvo asociado con la defensa de bienes. De este número, el 51% se trató de bienes pertenecientes a efectivos policiales y un 22% a bienes de terceras personas, entre otros.

Respecto de la edad de las víctimas, los datos también resultan alarmantes. Cerca del 70% tenían menos de 30 años. De los 53 casos en los que se pudo precisar la edad, se desprenden los siguientes datos: un 8% menores de 16 años, 11% entre 16 y 17 años, es decir que un 19% eran niños y adolescentes; por otro lado, 26% tenían entre 18 y 24 años, un 28% entre 25 y 29 años, y 26% de 30 o más años.

Por último, el informe arroja algunos números para pensar la distribución geográfica del uso letal de la fuerza del estado. En este sentido, se lee que el municipio con más casos es La Matanza (20%), seguido por Quilmes (11%), Lanús (10%), Lomas de Zamora (10%) y La Plata (7%), entre otros.

Estos números sólo refuerzan lo que desde la CPM y otros organismos venimos denunciando desde hace años. Denuncias que incluso han sido escuchadas y reconocidas por la justicia y los organismos internacionales de derechos humanos y que le han valido al estado argentino un llamado de atención para revertir su política criminal y asumir las responsabilidades.

Para reiterar y exigir una urgente y efectiva  modificación de esta política criminal, la CPM remitirá este informe a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, a la gobernadora María Eugenia Vidal y la legislatura provincial.

Resulta imperioso que el Estado avance con reformas clave para revertir esta situación, que desde hace años están pendientes. Entre las más importantes se encuentran la creación de las fiscalías especializadas para la investigación de casos de violencia institucional, la puesta en marcha de la policía judicial y autonomía de la defensa. Además, en esta lucha contra las prácticas violentas y vulneratorias de las fuerzas de seguridad la designación de la CPM como mecanismo de control y monitoreo d ella tortura en la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, es urgente avanzar en el desarme del estado policial vigente que hace que los agentes de las fuerzas de seguridad intervengan en todo momento ante cualquier evento. Sumado a esto también es necesario diseñar un protocolo que permita al estado controlar la disposición, uso y custodia de las armas.

Mientras esta y otras acciones sigan demoradas por parte del estado, registrar y documentar las prácticas policiales resulta fundamental. De esto también da cuenta el informe de la CPM. Porque los datos oficiales no existen o son insuficientes, y para poder abordar y transformar esta problemática en sus múltiples dimensiones hay que producir información. Por eso, desde la CPM hemos lanzado el Registro de Casos de Violencia Policial, una base de datos virtual, accesible para todos los ciudadanos, para pode registrar todos los hechos de violencia policial en los que estén involucrados como afectados directos y/o testigos

(http://registrodeviolenciapolicial.comisionporlamemoria.org).