El lunes 9 y martes 10 de agosto se llevaron a cabo las primeras jornadas del debate oral y público que tiene como único imputado al ex subdirector del centro cerrado COPA, Juan José Fallesen, por haber protagonizado una violenta persecución y golpizas contra jóvenes que habían intentado fugarse de la institución en la noche del 17 de abril de 2016. Ya declararon las tres víctimas cuyos casos se ventilan en el juicio, además del padre de una cuarta víctima que falleció el año pasado. También prestaron declaración testimonial psicólogas, trabajadoras sociales y otros profesionales de la CPM que, tanto en los días posteriores al hecho como en todos estos años, acompañaron y asistieron a los jóvenes frente a las notorias y graves consecuencias de la violencia y amenazas sufridas. La próxima semana serían los alegatos y lectura de veredicto.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Este lunes desde la mañana comenzó, a instancias del Juzgado Correccional 3 de La Plata a cargo de la jueza Lidia Moro, el juicio por vejaciones, severidades y apremios ilegales que tiene como único imputado al ex subdirector del centro cerrado COPA, Juan José Fallesen, aunque las víctimas mencionan a 4 o 5 funcionarios de esa institución pero sin poder reconocer la identidad de todos ellos.

La CPM, a través de un equipo de abogados y abogadas del Programa de Litigio Estratégico, patrocina a uno de los jóvenes y al padre de otra de las víctimas que falleció el año pasado pero que su caso también se tratará en este debate.

En su presentación de lineamientos de apertura, los abogados de la CPM señalaron “que el día 17 de abril del año 2016, siendo aproximadamente las 20 hs y en un episodio que aún no ha quedado claro en cuanto a cómo pudo ocurrir, presuntamente un grupo de jóvenes no identificados y que se encontraban privados de su libertad en el Centro cerrado Copa perteneciente a la Secretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia, obtuvieron las llaves que abrían las celdas donde sus compañeros estaban alojados facilitándoles el egreso del lugar”.

“Luego de ello, cinco jóvenes de entre 16 y 17 años de edad años fueron encontrados en las cercanías del Centro de la localidad de Abasto. Estos jóvenes son Lautaro Almada, Hernán Ortiz –hoy fallecido- Carlos Burghi y Santiago Díaz quienes fueron perseguidos a los tiros y luego de simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte, fueron sometidos a severidades vejaciones  y apremios ilegales –que incluso pudieran generar acciones típicas de tortura y sus consecuencias-”, agregaron.

Por su parte, la defensa particular del imputado presentó una insólita versión de los hechos, pidiendo no sólo la nulidad completa de toda la investigación penal por presunta inexistencia del hecho que se ventilará en el debate, y afirmando que los profesionales de la CPM que intervinieron desde el comienzo en favor de las víctimas habrían inventado la historia de la persecución y las golpizas, fraguado la causa penal y presionado a los jóvenes para que dijeran falsedades sobre el ex subdirector de COPA.

Incluso la defensora particular enfatizó que en la respuesta al habeas corpus presentado por la CPM en agosto de 2016, la jueza que lo tramitó había rechazado los pedidos del organismo en favor de las víctimas y había denunciado penalmente a los integrantes de la CPM por haber falseado la historia.

Bastó una mínima relectura del habeas corpus en plena audiencia de este lunes para que las increíbles afirmaciones de la defensa se derrumbaran en minutos.  Incluso, el fiscal de juicio, Jorge Paolini, señaló a la jueza Moro que los dichos de la defensa eran una falta de respeto y un planteo malicioso.

Superado el episodio de la defensa, declararon las tres víctimas cuyos casos se ventilan en el juicio –el cuarto caso es el del joven que falleció el año pasado, y sobre quien declaró su padre-. Los jóvenes coincidieron en la extrema violencia que se utilizó en la recaptura; el simulacro de fusilamiento realizado en el reingreso al centro cerrado; las amenazas de muerte y los disparos con armas de fuego realizados por parte del imputado durante la persecución;  y ratificaron que podrían  individualizar a dos personas más, una de ellas el por entonces director de COPA, quien “no participó de las golpizas sino que permaneció sentado, sin hacer nada y presenciando todo”.

De los testimonios de los jóvenes así como de los padres que testimoniaron el lunes se desprende que, tras la recaptura y la violencia padecida, nunca fueron revisados ni asistidos por personal médico, y que fueron realojados en otros centros del mismo complejo de la Secretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia sin dar aviso a las familias que, durante muchas horas, deambularon en busca del paradero de sus hijos.

Respecto a las consecuencias generadas sobre las víctimas –y que aún persisten-, durante la jornada del martes declararon varias profesionales de la CPM que explicaron el estrés postraumático resultante del hecho padecido en agosto de 2016, y puntualizaron en la vivencia y cercanía de la muerte que relatan los jóvenes.

Las psicólogas y asistentes sociales del organismo detallaron la particularidad e importancia de un hecho violento de estas características en la conformación de la psiquis en un adolescente. Además, de los relatos de los jóvenes ellas advierten  la confianza que tenían depositada en los llamados “maestros” del centro cerrado, sobre quienes creían que los ayudarían a corregir aquellas conductas que los habían llevado al encierro. Esa confianza en el sistema se rompió y el estrés postraumático, que permanece todavía hoy, se reforzó por el comienzo del juicio.

De allí que los abogados de la CPM evaluarán sumar el grave daño a la salud como agravante a la calificación del hecho, además de los otros agravantes por las amenazas, por haber sido las víctimas menores de edad y por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del imputado.