En protesta por el cierre del profesorado de historia en el Instituto de Formación Docente 51 de Pilar, estudiantes y egresados de la carrera venían denunciando la escalada de prácticas persecutorias que incluyó la identificación de los manifestantes, la presentación de una denuncia penal sin fundamentos y operativos policiales intimidatorios. Ayer, en el Juzgado de Garantías 7 se firmó un acta acuerdo entre las partes para solicitar a la Dirección de Educación Superior la reapertura de la carrera y que las autoridades del instituto se abstengan de dar intervención a las fuerzas de seguridad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso y realizó una presentación ante Asuntos Internos para que se investigue el accionar de los policías que aparecen documentados en fotografías y videos.

ANDAR en Pilar

(Agencia Andar) Graciela Zugasti es egresada del profesorado de historia del Instituto de Educación Superior de Formación Docente 51 de Pilar. Desde octubre pasado acompaña la lucha de estudiantes ante el intento de cierre de la carrera. En febrero, y en el marco de su participación de las jornadas de protesta, fue denunciada y le iniciaron una causa penal por averiguación de ilícito. Ni el fiscal ni el juez consideraron que había delito; la denuncia fue una represalia, un intento entre otros por deslegitimar el reclamo que estudiantes y egresados vienen realizando desde octubre pasado.

“Cuando comenzaron las protestas, la directora del instituto desmintió personalmente la versión sobre el cierre del profesorado de historia, para apaciguar el reclamo. Eso fue en octubre, en diciembre se confirma: nos llega una notificación del cierre justificado por los intereses del mercado, que no había en la región necesidad de historiadores”, recuerda Graciela sobre el comienzo del conflicto.

En ese entonces, estudiantes y egresados deciden algunas estrategias de protesta: movilizaciones, asamblea, abrazo solidario a la Escuela Primaria 45, establecimiento donde cursaban algunas horas cátedras. Cuando comenzaron estas medidas de fuerza, por una denuncia sobre disturbios, el titular de la Comisaría Pilar 1º Daniel Salerni y un agente de civil se hicieron presentes en el Instituto e interrogaron a los manifestantes acerca del alcance de estas medidas.

Ese hecho intimidatorio fue el primero de un conflicto que fue escalando en gravedad: “En esa oportunidad, había sido convocada como docente externa que estaba apoyando la lucha; no hubo ninguna propuesta en esa reunión, sólo nos acusaban de impedir el derecho de estudiar de los alumnos”, dice y agrega: “Esa fue otra lamentable constante, las autoridades buscaron en todo momento la confrontación entre estudiantes”.

Durante todo febrero, las medidas de protestas continuaron. Luego de varias semanas de conflicto, estudiantes denunciaron que funcionarios policiales de civil se habían reunido con la Directora con el fin de identificar a los organizadores de la protesta. Una de esas personas señaladas fue Graciela. En otro claro gesto de persecución, la docente fue denunciada por la jefe regional de políticas socio-educativas por averiguación de ilícito. “La intención era clara, incluso me propusieron retirar la denuncia a cambio de abandonar las medidas de fuerza”.

En paralelo a la judicialización de la protesta, ante cada nueva movilización la policía se hacía presente en la institución. El 26 de febrero, dos agentes uniformados intentaron ingresar al establecimiento, de acuerdo a una actuación de la Fiscalía 4 de Pilar, para verificar el supuesto impedimento de ingreso de docentes y estudiantes. Los docentes y estudiantes presentes en el instituto impidieron su ingreso.

La escalada del conflicto y el punto máximo de la intervención policial llegó el 28 de febrero; tras una resolución de trasladar las mesas de examen a una nueva sede, la EESN 1, un grupo de estudiantes y no estudiantes se dispusieron a realizar nuevas medidas de fuerza para visibilizar y peticionar ante las autoridades por el cierre inminente de la carrera. En este contexto, desde la dirección se alertó a la Policía: siete agentes uniformados, portando las armas y sin identificarse, ingresaron de modo intimidatorio y obligaron a culminar la manifestación. “Me amedrentaron en todo momento porque estaba filmando el operativo”.

“Al día siguiente, se cierran las dos sedes (EP 45 y EESN 1). Seguimos con las actividades frente al instituto. Hasta el lugar se acerca el juez de garantías que lleva la causa, no encuentra delito y convoca a una reunión de partes”, recuerda Zugasti. Después de meses de conflicto, de una causa penal sin fundamentos, de operativos policiales intimidatorios, la intervención judicial del pasado viernes fue el primer paso hacia una solución del problema.

La reunión se realizó el miércoles en el Juzgado de Garantías 7 de Pilar, entre las partes se llegó a un acta de acuerdo para solicitar a la Dirección de Educación Superior la reapertura del profesorado de Historia, ya que como entendió el juez se trata de una carrera que se viene ejerciendo desde hace 10 años y que, por lo tanto, es un derecho adquirido por los ciudadanos de Pilar. También se acordó que las autoridades del Instituto se abstengan de llamar a las fuerzas de seguridad en relación con este conflicto.

Mañana, desde las 5 de la tarde, estudiantes, no estudiantes y docentes realizarán una vigilia frente al IESFD 51. “Esta lucha nos muestra que la solidaridad entre estudiantes y egresados, la defensa del interés colectivo, es la respuesta para quebrar el ajuste educativo de los gobiernos de turno”, cierra Zugasti.