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Home›CPM›A LA ESPERA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO Masacre de Pergamino: dos años de lucha en las calles

A LA ESPERA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO Masacre de Pergamino: dos años de lucha en las calles

Por ldalbianco
6 marzo, 2019
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El sábado, al cumplirse dos años de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino, una multitud marchó por las calles de la ciudad acompañando a la lucha de los familiares y amigos de los siete jóvenes que murieron asfixiados y quemados el 2 de marzo de 2017. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y unos 120 representantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales participaron del pedido de justicia. Este aniversario se da mientras se espera que el tribunal fije la fecha de inicio del debate oral y público: hay seis policías imputados, dos esperan el juicio en prisión, el resto con arresto domiciliario; todos fueron exonerados de la fuerza.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) “Como hace dos años, seguimos luchando. Sabemos, a través de la causa, que los policías planificaron la idea de un motín pero no fue así, ellos son los culpables de esta terrible masacre; no tuvieron empatía por la vida cuando los jóvenes gritaban desesperados que los ayudaran”, leyeron los familiares en el inicio de la marcha, frente a la ex comisaría 1ª de Pergamino donde, el 2 de marzo de 2017, siete jóvenes murieron asfixiados y quemados.

Las pericias y declaraciones testimoniales que integran la causa son contundentes: los policías que estaban en la dependencia no hicieron nada para prevenir la expansión del fuego que se inició en las celdas, desoyeron los pedidos de auxilio, no abrieron ninguna de las puertas de los calabozos o del patio trasero de la comisaría, no llamaron de inmediato a los bomberos y obstaculizaron su accionar, a pesar del deber de garantizar la integridad física de las personas encerradas bajo su custodia.

El pasado sábado, como todos los días 2 de mes, y al cumplirse el segundo aniversario de la masacre de Pergamino, los familiares y amigos del colectivo Justicia por los 7 estuvieron otra vez en las calles. Como desde el primer momento, fueron acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales. En la multitud que se movilizó este sábado también estaban las organizaciones civiles, organismos de derechos humanos y vecinos de a pie que, en estos dos años, se fueron sumando al pedido de justicia.

“Estamos hablando del segundo aniversario de una masacre pero, aunque parezca contradictorio creo que nos sentíamos contentas, felices de ver esa gente empujando también nuestra lucha”, resumió Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, uno de los siete jóvenes masacrados el 2 de marzo de 2017. Fue una jornada diferente, más cálida, más acompañamiento. Silvia Rosito, madre de Fernando Latorre, comparte esa misma emoción: “La sentimos una marcha diferente, intensa, cálida, el canto recorriendo las calles, la cercanía con las mamás que pasaron también por esto y sienten lo que sentimos nosotros. Sentimos que logramos una confluencia de muchas luchas que continúan”.

A la par del reclamo en las calles, durante estos dos años la investigación judicial fue avanzando aún con demoras y a pesar de las maniobras de entorpecimiento por parte de los policías y sus abogados. Silvia y Cristina saben que hubo grandes avances, que las pruebas del expediente son muchas y contundentes, pero saben también que todavía falta mucho para quebrar la impunidad.

“Para el colectivo Justicia por los 7 fue renovar las energías, que nos prepara más fuerte para lo que nos viene que es el juicio, que va a ser duro, que sabemos va a ser difícil, que ya hay nuevos intentos por dilatar el inicio juicio. Van a tratar de destrozarnos, de denigrarnos más de lo que ya lo hicieron, pero llegamos muy fuertes”, cuenta Cristina.

En agosto la Cámara de Apelaciones de Pergamino confirmó la elevación a juicio que habían solicitado el fiscal Néstor Mastorcchio y el juez de garantías César Solazzi. Los camaristas entendieron que existían en la investigación penal elementos de pruebas suficientes para dilucidar en un debate oral y público la responsabilidad de los acusados. El juicio debe realizarse este año pero el Tribunal Oral Criminal de Pergamino aún no fijo la fecha de inicio de las audiencias.

Los policías Carolina Guevara, Alexis Eva, Sergio Rodas, Matías Giullieti, Brian Carrizo y el comisario Alberto Donza, que estuvo prófugo durante 14 meses, están imputados por el delito de abandono de persona seguido de muerte con multiplicidad de víctimas. Sólo dos de ellos esperan el juicio en prisión, el resto se encuentra con arresto domiciliario. Todos fueron exonerados de la fuerza.

“En todo momento, estuvimos con los abogados al pie de la causa, la tenemos y la leemos, y nos reunimos con los funcionarios judiciales. Si bien no nos quedamos conforme con las prisiones domiciliarias, estamos bien por cómo avanzó la causa. Vamos a llegar a un juicio en tan poco tiempo, cuando hay familiares que esperan años y años”, destaca Silvia Rosito. “Nuestra lucha era desigual, estamos denunciando a toda una corporación, una familia, que tiene herramientas y estrategias para encubrirse y garantizarse la impunidad. Y nosotros, en cambio, somos las familias de los pibes chorros que merecían ser masacrados porque algo habían hecho, como en la época de la dictadura”, recuerda Cristina Gramajo.

Dos años después, la lucha de familiares y amigos fue horadando el relato policial, hoy los medios en Pergamino que ante hablaban de tragedia, titulan masacre. Ciudadanos que antes miraban de reojo las manifestaciones, ahora se suman. “Hubo mucha gente que vino por primera vez este sábado”, coinciden Silvia y Cristina. “Creo que fueron conociendo el reclamo, empezaron a verlo, entendieron que no es sólo por nosotras, que todos los días estamos frente a un Estado represor. Esa lucha de a poco, fue abriendo un camino en la sociedad”.

En estos dos años, también hubo otro momento de reparación: la aprobación de la ordenanza municipal que crea un sitio de memoria en la comisaría 1ª. El proyecto —aprobado por unanimidad— fue impulsado por la CPM y el colectivo Justicia por los 7; el edificio de calle Dorrego 636 ya se encuentra desafectado y una parte, por medio de esta ordenanza, fue cedido en comodato por 20 años a la CPM.

“Ese es otro de los logros, tenemos que construir ese espacio de memoria para resignificar lo ocurrido, para transformar, como decimos siempre, el dolor en lucha. Para la comunidad, y también para nosotros, recuperar la historia de ese lugar es un acto de aprendizaje. Un sitio marcado por crímenes durante el terrorismo de Estado y también durante la democracia; mi hijo estuvo 28 días detenido y nunca me había dado cuenta que estaba esa placa. Vamos a tener que seguir trabajando mucho, pero estamos dispuestos a eso, es el legado que nos dejaron nuestros hijos”, explica Cristina.

Precisamente, desde ese lugar, y a la hora que ocurrieron los hechos el 2 de marzo de 2017, comenzó la jornada del pasado sábado. Desde allí caminaron un largo trecho hasta el Parque España donde se realizó una jornada antirrepresiva.

En el marco de este aniversario, desde la mañana temprano, la CPM realizó el primer encuentro de capacitación de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias de este año. Participaron unos 120 referentes territoriales de la Red, que trabajaron en talleres sobre fortalecimiento organizativo, realización de spots sonoros y audiovisuales, pancartas, intervención ante un caso, y cómo dar una charla en la escuela.

“Tenemos distintos momentos con nuestro dolor, pero entendemos que la organización y salir a la calle es lo que nos ayuda. Es levantar nuestra bandera todos los días”, dice Cristina. Y agrega: “La justicia también ayuda, si llega. Necesitamos que la condena sea ejemplificadora para que los agentes del Estado no sigan perpetrando estos delitos: los testimonios y las pericias muestran la verdad”.

“No siento que haya una condena que me alcance, porque mi hijo ya no vuelve. Pero espero que esas condenas sirvan para que ellos, los policías, alguna vez sientan lo que hicieron a nuestros hijos”, sostiene Silvia. “Mi hijo no tuvo ni derecho a una audiencia. Hacía cuatro meses que estaba en la comisaría y recién le habían pactado una audiencia para el 15 de marzo. En esa justicia no puedo creer mucho, pero ojalá me equivoque y reviertan un poco este dolor”.

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