El martes 4 se realizó una nueva audiencia del juicio oral y público que el Tribunal Oral en lo Criminal -TOC- 5 de La Plata lleva adelante contra tres agentes penitenciarios de la Unidad Penal 45 por las torturas cometidas sobre el detenido Fabián Sampietro en 2006. La víctima amplió su declaración y exigió que se respete su derecho a presenciar todas las audiencias.

ANDAR en los juicios

(Agencia) Ocho días después de su primera declaración, Fabián Sampietro volvió a sentarse frente a los magistrados del TOF 5 por un pedido de los abogados de los tres agentes penitenciarios imputados. La solicitud de los defensores se realizó en función de presuntas contradicciones que la víctima de torturas habría cometido entre sus declaraciones de 2010 (en un juicio por vejaciones que finalmente se suspendió porque la jueza cambió la carátula a torturas) y las de la semana pasada, cuando comenzó el presente juicio.

En julio de 2006, el detenido Fabián Sampietro fue torturado en la unidad penal 45 de Melchor Romero

En efecto, el abogado Beley (que patrocinó a uno de los imputados en el juicio La Cacha) proyectó, sobre una de las paredes de la sala de audiencias, fragmentos de la declaración de la víctima en 2006, con el objetivo de “señalar las contradicciones” sobre datos que, según los abogados de Sampietro, no implican un cambio de versión sobre lo ocurrido.

El propio Sampietro remarcó la descontextualización de los fragmentos de video reproducidos por Beley al mismo tiempo que remarcó: “Soy un hombre que tiene contradicciones, como les ocurre a todos. En los últimos 4 años he recibido 6 palizas a nombre de ellos para que no hablara, para que no denunciara”.

Cabe destacar que de las audiencias del juicio realizadas durante la semana pasada, la víctima sólo pudo asistir a la primera. Luego no fue llevado a la sede de tribunales de La Plata y los motivos no fueron explicitados por parte de los magistrados, afectando el derecho de la víctima a presenciar el debate.

“Hasta ahora, siendo la víctima, me han tratado como si fuera un imputado. Yo sigo estando detenido en el Servicio Penitenciario Bonaerense y, mientras tanto, estos verdugos siguen hostigándome, amenazándome. Espero que usted comprenda por todo lo que yo he pasado”, dijo Sampietro a la presidenta del tribunal, al comenzar su ampliación testimonial.

La negación del derecho de la víctima a presenciar la totalidad de las audiencias casi se vio confirmada durante la audiencia del martes 4 de noviembre, cuando los abogados de los imputados pidieron que Sampietro quedase, en adelante, a disposición del tribunal 5 para “ser llamado a eventuales careos con otros testigos”. De haber sido aceptada la petición (que fue fundada en la posibilidad de “contaminación” de nueva prueba), la víctima de torturas no habría podido presenciar el resto de las audiencias.

Ante tal solicitud, se originó la respuesta de una de las abogadas de Sampietro, Josefina Rodrigo, quien alegó la clara vulneración del derecho de la víctima al mismo tiempo que la falta de motivo para que Sampietro quedara a disposición del tribunal cuando esa misma jornada del juicio había concluido su declaración testimonial.

Por su parte, el fiscal de juicio, Marcelo Romero, afirmó que “aquí está en juego el orden público. Por una parte, se estaría vulnerando el derecho de la víctima a escuchar los relatos y conocer las pruebas que se produzcan en este debate. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que sea solicitado, por parte de las defensas de los imputados, algún careo como estrategia de defensa”.

[pullquote]Alicia Peralta: “No se puede aplicar en este caso el mismo tratamiento procesal que en un caso de robo en la calle”[/pullquote]

“Frente a tal circunstancia, propongo a este tribunal que se le permita a la víctima asistir a las audiencias y que, de hoy en adelante, en caso de surgir la necesidad de un careo con otro testigo, el mismo se lleve a cabo en el mismo momento. Así se estarían resguardando los derechos de las partes”, agregó el fiscal.

Sin embargo, la propuesta de Romero no fue aceptada por los defensores de los tres penitenciarios, quienes incluso llegaron a exigir que tampoco la víctima estuviera presente en las audiencias a través de una sala contigua a la del juicio.

Finalmente, el TOC 5, luego de un extenso cuarto intermedio, dio a conocer su resolución al respecto: reconoció el derecho que asiste a ambas partes sobre el punto en cuestión, pero destacó que Sampietro, por estar detenido en una unidad penitenciaria de la Provincia, no puede ponerse en contacto con los testigos pendientes por lo que no existe posibilidad de “contaminación de nueva prueba”. Por eso, los magistrados ordenaron que, en las siguientes audiencias, pudiera presenciar las jornadas del juicio.

Según Alicia Peralta, otra de las abogadas de la víctima, “todo el tiempo estamos diciendo que hablamos de un tipo de delito especial, la tortura en un ámbito cerrado de una fuerza del estado, más allá de que las defensas de los imputados nos dicen que no es al servicio penitenciario al que se está juzgando, cuando en realidad acá hay tres agentes penitenciarios que cometieron este delito en el marco de sus funciones dentro de la fuerza. Por eso decimos que no se puede aplicar el mismo tratamiento que en un caso de robo en la calle”.

Cabe recordar que los tres penitenciarios imputados por las torturas están en libertad desde el comienzo de la causa, en 2006, y no son los únicos que han sido señalados por la víctima y otros testigos como los responsables de aquél delito.

En este sentido, Sampietro volvió a señalar a Duarte, “el jefe de la gobernabilidad de la unidad 45 de aquella época, a quien he visto agredir a personas privadas de la libertad”. Duarte declaró en el presente juicio la semana pasada, pero la víctima no pudo escuchar su relato de los hechos.

Datos del juicio por torturas

La causa llegó a juicio en 2010 ante un juzgado correccional de La Plata, pero el debate se suspendió cuando la jueza cambió la carátula –de vejaciones a torturas-y se declaró incompetente. De allí, se estipuló fecha de juicio en Tribunal Oral Criminal –TOC- 5 para el 14 de octubre de 2014, pero el inicio se postergó dos semanas por falta de fiscal, y el debate estuvo a punto de ser reprogramado para el año 2016.

Finalmente, luego de tantas dilaciones, la semana pasada comenzó el juicio que el TOC 5 de La Plata le sigue a los tres expenitenciarios de la UP 45 (Rojas, Marcos y Démola) por las torturas cometidas en 2006 contra el exdetenido Fabián Sampietro.

Durante la primera audiencia realizada el lunes 27 de octubre, la principal declaración testimonial fue la de la propia víctima, quien habló durante más de 4 horas frente a los magistrados y relató los vejámenes, hostigamientos y golpizas padecidas en la cárcel de Melchor Romero, que fueron motivadas como represalia por parte de los agentes por la participación de Sampietro en una huelga de hambre y por sus denuncias de corrupción dentro del sistema penitenciario bonaerense.

En la segunda jornada del juicio, realizada el jueves 30 de octubre, dio su declaración testimonial uno de los integrantes de la Asesoría Pericial de La Plata, el arquitecto Eduardo Francisco Pena, que integró la comitiva judicial que inspeccionó, el lugar donde ocurrieron los hechos contra Sampietro al día siguiente: las áreas de sanidad y de admisión.

“A pesar de todo lo que le ha pasado, de todo lo que ha vivido en el sistema carcelario y de que han hecho todo para poder ‘quebrarlo’ –porque la tortura en el siglo 21 apunta a destruir psíquicamente a la persona-, Fabián conserva el sentido de la dignidad y la entereza. En el juicio, Fabián se posiciona con dignidad, con mucha altura”, señaló a ANDAR el abogado Oscar Rodríguez, quien junto a Alicia Peralta y Josefina Rodrigo representan al particular damnificado.

El juicio por torturas que lleva adelante el TOC 5 de La Plata resulta paradigmático por el tipo de delito que se ventila en el proceso. Como lo señalan los integrantes de la organización popular La Cantora, la APDH-La Plata y la Comisión Por la Memoria, una condena a los penitenciarios en esta causa representaría un avance importante para la visibilización de una práctica sistémica de vulneración de derechos que se ejerce cotidianamente en las cárceles bonaerenses y cuyos autores nunca son juzgados.

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