Junto al abogado de la APDH, Oscar Rodríguez, que representa a la víctima, y al perito psiquiátrico Mariano Castex, Racosta explicó los obstáculos, dificultades y dilaciones que ha atravesado el expediente judicial por el que se investigan las torturas padecidas por Fabian Sampietro en 2006 por parte de tres agentes penitenciarios de la unidad penal 45.

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(Agencia) “Pareciera ser que la tortura en democracia es un hecho legal. El frustrado comienzo del juicio contra los tres penitenciarios por las torturas a Sampietro se da paralelamente al juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha, y para nosotros, como organización social, es tremendo estar observando ese proceso histórico y, al mismo tiempo, sentir la impotencia que sentimos ante casos como el de Fabián cuyas torturas padecidas en 2006 parecen ser ‘legales’”, afirmó Azucena Racosta, referente de la organización La Cantora y docente universitaria, en el marco de una mesa de diálogo con periodistas realizada el jueves 16, un día después de la suspensión del comienzo del juicio por falta de fiscal.

Fabián Sampietro fue torturado en 2006 en la unidad penitenciaria 45

Después de 8 años, la justicia bonaerense tenía previsto para el miércoles 15 de octubre el inicio del juicio por torturas cometidas por tres agentes penitenciarios de la Unidad 45 de Melchor Romero – de apellido Démola, Marcos y Rojas- a Fabián Sampietro, que en ese momento estaba detenido. Pero el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Plata tuvo que suspender el inicio del debate por la falta de fiscal: quien originalmente había sido designada está de licencia y el que fue nombrado en su reemplazo -el fiscal Rubén Sarlo- no pudo asistir por un problema cardíaco.

El TOC 5 asignó nueva fecha para los días 27, 28 y 29 de octubre, pero el abogado de la víctima, Oscar Rodríguez, solicitó un cambio ya que tiene que participar de otro juicio en Santiago del Estero. Los magistrados respondieron diciendo que de no realizarse a fines de octubre, el juicio se postergaría para el año 2016, por lo que se volvería a demorar excesivamente el debate oral y público. “Por ahora nos quedamos sin juicio ni fiscales “– afirmó Azucena Racosta- “Esta situación nos obliga a visibilizar esta situación de injusticia que ya lleva 8 años”, remarcó.

El caso y el periplo judicial

En junio de 2006, Fabián Sampietro fue trasladado desde la unidad penal 34 a la 45 de Melchor Romero. Sin embargo, sus conocidos no supieron durante un tiempo a qué lugar había sido llevado. Sampietro venía siendo hostigado y trasladado de una cárcel a otra como forma de castigo por haber sido parte de una huelga de hambre. Por todo esto, la organización La Cantora sacó un comunicado con el título: “Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos”. Cuando finalmente lo encontraron estaba en condiciones inhumanas, violentado, abusado sexualmente, y con múltiples heridas. Racosta recuerda que “cuando lo vimos, advertimos que prácticamente no se podía conectar a la realidad, estaba en un estado muy confuso, muy golpeado. Tenía golpes en la cabeza y sangre en las orejas. Cuando le preguntamos qué le habían hecho nos dijo que lo habían baleado con balas de goma, pero cuando cayó al piso lo siguieron golpeando, lo abusaron sexualmente; una serie de situaciones alarmantes”.

La causa penal fue iniciada en el año 2006 ante un juzgado de Garantías y luego pasó a un juzgado Correccional bajo la figura de vejámenes. Este último dio inicio en 2010 al juicio oral, pero la carátula cambió a torturas a pedido del abogado de Sampietro, y la causa pasó al TOC 5. Con el cambio de magistrados en 2010 se determinó la fecha del nuevo juicio para los días 15, 16 y 17 de octubre de 2014. Hoy continúan imputados los tres penitenciarios bajo la figura de torturas, delito grave que, de ser reconocido por el TOC 5 en la sentencia, sentaría un antecedente importante en la provincia de Buenos Aires.

“Estamos ante una causa claramente de interpelación al poder, en este caso singularizado en una fuerza de seguridad- explica Oscar Rodriguez. “Esto implica un gran desafío para poder llevar adelante este juicio y obtener una condena. Sampietro es una persona que ha estado siempre sola, tirada en un buzón de seguridad de las cárceles, aislada, torturada, vejada… ¿Cómo hacer para que esa voz que está clausurada se pueda escuchar? Esto es lo que pretendemos aportar en el juicio”, agregó Rodríguez.

Con relación a la suspensión del juicio por la falta de fiscales, el abogado consideró que “la responsabilidad es exclusiva de la Procuradora General María del Carmen Falbo, no de los fiscales. Porque la fiscal del tribunal estaba con licencia con anterioridad a la fecha del juicio por lo que no puedo afirmar que se haya tomado licencia por esto, y el doctor Sarlo, su reemplazante, sufrió un problema cardíaco el viernes pasado, me consta que fue al médico, e incluso intentó asistir a la primera audiencia del juicio”.

“El problema es que, según la resolución 1390 de 2001, firmada por el entonces Procurador General, es responsabilidad de esa Procuración poner a disposición todas las herramientas del Estado para combatir los delitos de gran lesividad social, por ejemplo la tortura y la investigación de los delitos económicos. Además asume que tiene la responsabilidad de seguimiento, saber cuál es la situación particular de los agentes judiciales de toda la Provincia, por lo que aquí se está violando la norma y los derechos de la víctima. Hoy nos encontramos con que la víctima es revictimizada. Teníamos testigos que debieron viajar hasta 1000 kilómetros para asistir al juicio”, agregó Rodríguez.

El abogado de Sampietro enfatizó que “queremos visibilizar el grave problema que tiene una persona que ha sido torturada y que, después de 8 años de proceso, no encuentra la atención que requiere por parte de la justicia. Cuando las víctimas son víctimas del abuso del poder, adquieren un estatus especial que debe ser protegido con mayor celo y atención. La tortura y la violencia carcelaria es una deuda de la democracia. El SPB no ha sido reinstitucionalizado ni democratizado. Hay también un problema ideológico y prácticas autoritarias que son difíciles de cambiar”, concluyó.

El deterioro que provoca el sistema carcelario

Mariano Castex es médico psiquiatra especializado en cárceles, reconocido por su compromiso en la denuncia de la violencia carcelaria como dispositivo de gobierno institucional. Interiorizado sobre el caso de Sampietro, decidió acompañar a La Cantora y será uno de los testigos del juicio.

“Todo gobierno que se honra, se respeta y se considera democrático, debe reconocer casos como este y proceder a ponerle remedio”, explica el especialista. “Yo llevo 60 años como médico y he recorrido casi todas las cárceles del país. En el caso de Sampietro me encuentro con un sujeto que ha pasado 28 años en la cárcel con un deterioro evidente, y que no es un deterioro de nacimiento. Está destruido”, puntualizó Castex.

“Defiendo a través de este caso a todos los sujetos detenidos que no pueden seguir siendo sometidos a tratos crueles y vejámenes sistemáticos, como ocurre en general. Lo que hay es una corrupción total, se baja la línea, los fiscales de la provincia no lucen precisamente por la luz de sus investigaciones. En muchos casos, las actuaciones de los fiscales son deplorables, así como las de muchos magistrados”, explicó el médico psiquiatra.

Sobre Fabián Sampietro, relató que se interesó en saber “cómo estaba él psíquicamente, cómo se sentía. Es un hombre que ha vivido permanentemente en procesos y en esperas. Lo peor que le puede pasar a un detenido es no tener una resolución final. Cuando el sujeto está condenado, sabe a qué atenerse, y cuando no está condenado, no sabe nada y vive en la incertidumbre. Esto genera estrés y riesgo para la persona”.

“Necesitamos magistrados que sean sinceros, que no respondan a presiones políticas y actúen con responsabilidad y objetividad. Además, tengamos en cuenta una cosa: hay un delito y se formula un relato, pero todo relato permite el surgimiento de un contrarrelato, por lo que debemos darle lugar a estos últimos para que definitivamente broten e iluminen este panorama desolador”, concluyó.

El acompañamiento de la CPM

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) señaló que una nueva postergación del juicio podría poner en riesgo la posibilidad de esclarecer las responsabilidades de quienes cometieron las torturas. “Es necesaria la efectivización del juicio para concluir con una historia de 8 años de impunidad de la que gozaron los tres penitenciarios imputados”, remarcaron.

Desde el año 2006 la CPM acompaña a Fabián Sampietro y la organización La Cantora en el proceso de instrucción de la causa, y destaca la importancia de que el expediente haya sido recaratulado bajo la figura de torturas.

Además de la CPM, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata y otras organizaciones de derechos humanos acompañan y promueven el inicio del juicio, cuya particularidad radica en la figura delictual por la que finalmente se llevará a cabo el proceso.