En la segunda jornada del histórico megajuicio por los crímenes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) conocidos como Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y El Infierno de Lanús, el TOF 1 de La Plata dio lugar a los imputados para que brindaran sus declaraciones indagatorias. Sólo uno de ellos, el excomisario general y exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, decidió hacer uso de su derecho de defensa personal en esta instancia del debate: “Este tribunal no tiene autoridad ni legitimidad para juzgarme”, volvió a insistir, como en tantos otros juicios en los que ya ha sido condenado a reclusión perpetua. Por su parte, Hidalgo Garzón alegó no entender absolutamente nada ni recordar, con seguridad, su propio nombre, mientras que Héctor Di Pascuale ensayó un enojo con las querellas porque no le realizaron preguntas sobre los delitos que se le imputan.

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(Agencia) -¿Usted va a declarar?- le preguntó el presidente del TOF 1 de La Plata, Ricardo Basílico.

-Voy a declarar, aunque parcialmente.

-¿Contestará preguntas que le realicen las querellas o fiscalía?

-Voy a ver. Depende del desarrollo de mi exposición.

Desde una sala de la Unidad Penal Federal 34, ubicada dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, Etchecolatz pretendió, una vez más, que el tribunal al cual dirige sus palabras no tiene autoridad para juzgarlo: “Yo no voy a declarar porque sería convalidar la ilicitud de este proceso”, dijo 20 minutos después, al finalizar su declaración.

Según el 7 veces condenado por crímenes de lesa humanidad -con reclusión perpetua en tres ocasiones-, “la sociedad argentina aún sigue desconociendo lo que sucedió. La juventud, la sociedad en general, necesitan saber qué aconteció en aquellos años. Tenemos que saber asumir responsabilidades, aún cuando vayan en contra de uno. Ocurrió una guerra y, lamentablemente en una guerra, por mucho que duela, todo tiene su motivo. Ahí los códigos callan. La única vos que se encuentra es la del fusil”.

La segunda jornada de juicio comenzó casi a la hora pautada, las 10 de este martes 3 de noviembre, y se destinó exclusivamente a la recepción de la declaración indagatoria de los 18 imputados que contemplan las tres causas unificadas para este juicio.

Tanto Etchecolatz como Jorge Héctor Di Pascuale -el exoficial del Destacamento de Inteligencia 101 con asiento en La Plata- establecieron su comunicación desde la Unidad Penal Federal 34 en la que ya cumplen condena y, tal como fuera previamente solicitado al tribunal, debieron declarar en momentos distintos de la jornada para no tener que cruzarse ni compartir la misma sala. Fueron los únicos dos que manifestaron su intención de declarar en esta instancia del juicio.

El resto de los imputados estableció el contacto, vía web, desde sus propios domicilios con la asistencia de algún familiar para el manejo de los dispositivos electrónicos. De estos 16 imputados, ninguno quiso declarar.

En este sentido, Jorge Antonio Bergés, el médico forense de la Policía Bonaerense que participaba directamente en las torturas, señaló que más adelante, “cuando lo crea conveniente”, haría uso de su derecho, pero por “ahora no voy a declarar”. Al responder sobre sus datos personales requeridos por el tribunal, enfatizó que “no tenía trabajo o función profesional al momento de mi detención porque sufrí un atentado terrorista en 1996”.

Las referencias y reiteraciones del vocablo “terroristas” las realizarían varios de los imputados – incluso algunos de los que no aceptaron declarar- como si aún hoy guardaran la esperanza de mezclar y diluir el terrorismo de estado por el cual están siendo juzgados.

Llegado el turno de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, quien ya fuera condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD La Cacha, de La Plata, y por la apropiación de una hija de desaparecidos, emergió otra de las habituales mañas en estos juicios: la falta de lucidez del imputado.

-¿Me escucha, Hidalgo Garzón?- quiso verificar el presidente del TOF.

-No entiendo pero escucho. No tengo capacidad para responder nada. Necesito volver a la cama.

-¿Su nombre es Carlos del Señor Hidalgo Garzón?

-Sí, eso creo.

-¿Es argentino?

-Ssss…. Creo que sí.

-¿Estado civil?

-Creo que casado.

-¿Vive con alguien en su casa o está solo?

-No, estoy con mi esposa…

El insólito diálogo continuó, con las mismas dificultades, durante un par de minutos más hasta que, habiendo cumplido con las preguntas de rigor en cuanto a pasos procesales de una declaración indagatoria, Basílico dio por concluido el trámite: “Hidalgo Garzón, ya puede desconectarse y volver a la cama”.

Además de Etchecolatz, Jorge Héctor Di Pascuale manifestó su deseo de declarar e incluso de contestar cualquier tipo de pregunta de cualquiera de las partes del juicio “para poder dejar expresa constancia de que no tuve nada que ver con los hechos que se me imputan. No conozco ninguno de los tres sitios que dan motivo a este juicio. Me gustaría que me hagan preguntas para poder defenderme”. Sin embargo, las expectativas de Di Pascuale por resolver su situación en esta misma jornada se chocaron con la inexistencia de preguntas por parte de fiscalía, querellas y defensas.

-Este debe ser el juicio número 7 al que asisto. En todos ha ocurrido lo mismo: no saben ni quién soy, pero estoy imputado. Desconocen o inventan, pero es lamentable que ninguno tenga una sola pregunta para hacerme.

-Usted menciona que estuvo en varios juicios… ¿Fue condenado en alguno de ellos?- intervino la abogada Luz Santos Morón, de una de las querellas.

-No, yo ya le di la oportunidad de preguntar… -quiso continuar Di Pascuale, pero lo cortó inmediatamente el presidente del tribunal.

-La oportunidad o no, y el cierre, lo hace el presidente, que soy yo. Usted puede negarse o contestar. Pero usted no dirige la audiencia.

-Bueno, entonces no le voy a contestar- cerró el represor, condenado en 2014 por el homicidio de Laura Carlotto, entre otros crímenes ya juzgados.

Cabe destacar que, al momento de la toma de declaración indagatoria del imputado Juan Miguel Wolk, interrumpió el defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gastón Barreiro, para exigir que no se permitiera la exhibición de fotografías “mientras mis asistidos prestan declaración indagatoria”. El pedido aludía a dos de las abogadas de las querellas, Pía Garralda y Luz Santos Morón, que mostraban ante la cámara de la plataforma Zoom la foto de una de las víctimas cuyo caso se ventila en este juicio.

Finalmente, tras resolver el tribunal en pleno, de negó la petición del defensor oficial al considerar los argumentos de las querellas respecto a la modalidad virtual de este juicio y a la imposibilidad de visibilizar, como ocurre en todos los debates presenciales, los rostros de las víctimas en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

Por otra parte, también los magistrados aceptaron el pedido de la abogada querellante Guadalupe Godoy, que fue acompañado por el resto de las querellas, para que, al momento de la indagatoria de Enrique Augusto Barre, Alberto Julio Candioti y Miguel Ángel Ferreiro -en juicio por primera vez- se mencionaran los nombres de todas las víctimas por cuyos casos los tres están siendo juzgados.

La próxima audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y El Infierno, de Lanús, será el martes 10 de noviembre desde las 9:30, con la incorporación, por exhibición, de las declaraciones testimoniales de Nilda Eloy, Adriana Calvo y Cristina Gioglio, víctimas ya fallecidas pero que declararon en juicios anteriores.