Un centro de detención, tortura y exterminio recuperado por sobrevivientes, familiares y vecinos. La lucha por la memoria y la denuncia de la tortura hoy. La experiencia como institución de monitoreo de las protestas sociales. Marta Cisterna y Luciano García, observadores de derechos humanos de la casa memoria José Domingo Cañas, visitaron la Comisión Provincial por la Memoria para compartir estrategias de formación para la intervención: “En Chile no existe ese trabajo de registro y documentación que realiza la CPM, debemos empoderarnos con esas experiencias de monitoreo de la situación de derechos humanos en Argentina”.

ANDAR en el territorio

(Agencia) Según registros oficiales, en algún momento, en Chile hubo más centros de detención que cuarteles de bomberos. Sin embargo, a 16 años del retorno de la democracia, muy pocos espacios han sido resignificados como sitios de memoria. La casa José Domingo Cañas fue, durante la dictadura cívico-militar, un cuartel de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Recién en 2010, la casa fue entregada en comodato a la Fundación 1367 para ser recuperada como espacio de memoria pero, para ese entonces, lo que había sido el cuartel de la DINA ya no existía: el edificio fue demolido en 2002.

En el marco de la labor institucional de la Fundación 1367, se formó en 2011 la Comisión de observadores de derechos humanos: “con el auge del movimiento estudiantil chileno, comenzamos a observar que nuestros jóvenes estaban sufriendo la misma represión que sufrió el pueblo de Chile durante la dictadura. En ese contexto, desde un sitio de memoria, decidimos comenzar a monitorear la intervención del Estado sobre las protestas sociales y, a partir de ese monitoreo, descubrimos que en Chile nunca se dejó de torturar”, explica Marta Cisterna, coordinadora del observatorio.

Desde entonces, los voluntarios que integran la Comisión han monitoreado 159 manifestaciones y “sólo en dos o tres llegamos a determinar que la acción de las fuerzas de seguridad se había ajustado a los protocolos de intervención. Y en un único caso logramos que un teniente de una fuerza policial sea sancionado”, precisa Cisterna. Y Luciano García agrega: “La estadística es clara, en Chile hay un 99,5 % de impunidad en casos de torturas”.

Las prácticas judiciales y la misma ley parecen sellar el camino hacia la impunidad, porque el delito de tortura no está tipificado y  porque la violencia institucional es juzgada por la justicia militar. “En Chile todavía cuando la víctima es civil y el victimario es de las fuerzas seguridad, la justicia traslada el litigio al tribunal militar y lo que sucede es que, en la mayoría de los casos, se desestima las denuncias por falta de evidencia, aun cuando existan pruebas contundentes”, explica García y aclara que, incluso, organismos internacionales como Amnisty han corroborado estas estadísticas.

La criminalización de la protesta

“No hay derecho a la protesta, hoy sigue vigente un decreto de Pinochet que impone restricciones a las movilizaciones”, dice Marta Cisterna. El decreto 1086 de septiembre de 1983 sobre “Reuniones públicas” establece, por ejemplo, que los organizadores de toda manifestación deben dar aviso con dos días de anticipación y, además, debe informar “qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación”.

Para el monitoreo de la protesta social, la Comisión de observadores de derechos humanos ha definido un protocolo de actuación que se centra en lo que ellos mismos llaman “la periferia de la movilización”. Ese protocolo se subdivide en tres funciones: la observación de terreno, la coordinación de terreno que implica tareas de contacto con las autoridades de las fuerzas policiales/militares y contactarse con los equipos jurídicos, institucionales y de salud pertinentes caso a caso, y la coordinación central que asume las tareas de contacto con los medios de comunicación, de publicación en redes sociales y centraliza toda la información que suba desde los observadores en terreno.

El trabajo de terreno implica “llegar antes de la protesta para registrar cada vehículo y oficial —anotamos la patente de los vehículos y el número de casco de los oficiales—, el armamento que cargan. Cuando comienza la manifestación, nosotros nos ubicamos alrededor de la movilización para observar el dispositivo de seguridad, si existe provocación, si ingresan vehículos en la marcha, si cortan el paso por donde puede marchar”, detalla la coordinadora de la Comisión. “Además, si observamos que hubieron detenciones, informamos la cantidad de detenidos, el carro policial que intervino y monitoreamos a qué dependencia policial fueron trasladados”, agrega.

Luciano García forma parte del equipo de coordinación central, cuya intervención más importante comienza cuando recibe el informe de campo: “Comparamos nuestro registro de la protesta con otros. Para ello pedimos a las dependencias del Estado —Municipalidad o Carabineros— que informen sobre la cantidad de oficiales que intervinieron en la protesta, qué vehículos utilizaron, qué armamento se utilizó. También hacemos un resumen de prensa para detectar qué informaron los medios de prensa masivos y alternativos, y las redes sociales. Con toda esta información, elaboramos nuestras conclusiones para definir si las fuerzas actuaron siguiendo los protocolos de intervención y si actuaron de manera proporcional a los hechos que se desprenden del mismo escenario de protesta. Y, finalmente, si el caso lo amerita, hacemos la denuncia administrativa y/o judicial”.

A lo largo de su experiencia de monitoreo, la Comisión ha denunciado que mayormente son víctimas de estas prácticas los menores, que se tortura dentro de los móviles policiales y que, en las comisarías, sufren golpizas y también detectaron casos de abuso sexual. “Tenemos situación de chicos que han sido torturados frente a sus compañeros como método aleccionador. En general, los jóvenes no denuncian estos episodios y sus familias se aterran frente a esta situación y sólo quieren retirar a sus hijos de las cárceles; así se consagra la impunidad”, agrega Cisterna.

En cinco años de observación, y después de 159 protestas monitoreadas, la práctica de tortura ha sido sistemática. “Nosotros pedimos a las autoridades de los carabineros que nos informen sobre los cursos en derechos humanos que han impartido y cuántos han participado; desde el 2010, han estado formando por estos cursos a entre 300 y 500 oficiales y, sin embargo, eso no ha significado un cambio en los parámetros de acción. En el mismo tiempo, la tasa de hechos de torturas —informada por las mismas autoridades— ha aumentado y se pasó de 1500 casos de torturas por año a 1700 casos que llegan a la Justicia Militar. No cuadra esa implementación de materias en derechos humanos y el aumento de los casos de torturas: algo no está funcionando y eso que no está funcionando es la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional”, afirma Luciano García.

Frente a esta situación, Cisterna y García sostienen la necesidad de seguir denunciando estas prácticas y, actualmente, buscan llegar a los organismos internacionales para sortear la impunidad que encuentran en la justicia chilena. “Para acogernos al sistema internacional debemos agotar las instancias nacionales de justicia. Ahora mismo, estamos siguiendo un caso —y esto es difícil, porque por la desidia y las demoras judiciales, los victimarios abandonan los procesos de litigio— del 2012 que queremos remitir a la CIDH y esperamos que, por primera vez, se reconozca internacionalmente un caso de tortura a un menor en democracia”.