El sur se incendia y, sumado a la devastación que deja el fuego en la comarca andina, se vive un clima de mucha tensión. Desde la regional de El Bolsón de la APDH elaboraron un informe en el que denunció que “el accionar estatal se caracterizó por una intervención de corte punitiva-represiva”. Queda un solo detenido, que requiere de atención médica, y este 20 de febrero la fiscalía insistirá en impugnar la libertad de seis vecinos de Lago Puelo que fueron acusados de iniciar un foco cuando colaboraban con brigadistas, y luego fueron liberados sin cargos por lo endeble de la prueba.

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“Se priorizó la persecución penal por sobre la protección ambiental y el auxilio a los damnificados”. El informe consigna que el 5 de febrero tres jóvenes fueron detenidos mientras colaboraban activamente en las tareas de contención del incendio; dos de ellos quedaron libres al día siguiente sin que se les formulara ningún cargo. Tres días después se allanaron dos viviendas y el Ministerio público Fiscal les levantó cargos a seis mujeres y un hombre pero fueron rechazados por no contar con elementos probatorios concluyentes. El 10 de febrero otras seis personas fueron detenidas en El Bolsón por averiguación de antecedentes, la mitad eran brigadistas.

“Lejos de fortalecer los mecanismos de prevención y contención de incendios, se ha optado por implementar políticas represivas que desalientan la organización comunitaria y profundizan el temor social”, analizaron desde el organismo.

“Ahora es como que bajó un poco la espuma y se detuvo, en principio, la cacería respecto de las detenciones por los incendios”, cuenta Maximiliano Geido, el presidente de la APDH de la región. De todas formas no descarta presentar un habeas corpus preventivo colectivo para evitar requisas personales, identificaciones o inspecciones oculares de vehículos que dan lugar a detenciones arbitrarias.

Este 20 y 21 de febrero habrá nuevas audiencias por la libertad de una de las personas que quedó detenida y por la impugnación a la libertad de los seis detenidos de El Hoyo. “Seremos nuevamente expuestos públicamente y ante las autoridades judiciales. La fiscalía insiste en exponernos como incendiarios criminalizando la solidaridad con una prueba vaga y endeble que ya el juez Calcagno estimó insuficiente para formalizar una investigación”, difundieron los residentes de Lago Puelo que fueron acusados de iniciar un foco en Mallín Ahogado cuando colaboraban con los brigadistas.

“Es imperioso que las autoridades provinciales revisen el abordaje de situaciones de emergencia y garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que colaboran en la protección del medio ambiente y la asistencia a las comunidades afectadas”, sumaron desde la APDH.