(CPM) En los últimos días la Comisión Provincial por la Memoria, organismo público autónomo de la provincia de Buenos Aires que implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos, ha sido víctima de ataques de sectores políticos que con sus declaraciones degradan la democracia y son altamente lesivas para el estado de Derecho.

Desde hace 25 años este organismo denuncia las violaciones de derechos humanos que relevamos en nuestro carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Somos un organismo de control que rige su actuación por la ley nacional de orden público 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Todos los funcionarios públicos deben respetar las leyes y hacerlas cumplir. Denunciar los delitos que llegan a su conocimiento y contribuir a su juzgamiento. No existen los “sheriff” ni los “llaneros solitarios” o los “justicieros” en la institucionalidad de nuestro país.

Los funcionarios públicos que como el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, omiten denunciar los delitos que llegan a su conocimiento o los promueve y reivindica con discursos discriminatorios, están a su vez cometiendo delitos incluso más graves. Ser funcionario público, aun electo por la mayoría de los votantes, no lo exime de cumplir con las obligaciones legales y constitucionales. Por el contrario, tiene que ser un ejemplo, ser el primero, en respetarla.

La CPM no persigue funcionarios ni desestabiliza gobiernos. Cumple con su mandato legal de control. Durante todos estos años en nuestros informes y denuncias no miramos el color político de los gobiernos. Las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía bonaerense -como el caso de gatillo fácil de Matías Paredes hace pocos días en Mar del Plata-, el servicio penitenciario bonaerense, el organismo de niñez o en los centros de salud mental, son denunciados ante la justicia cotidianamente y se hacen públicas en los informes anuales o presentaciones a órganos legislativos o internacionales. También ha hecho lo propio con gobiernos municipales de distinto signo político.

El Intendente de Mar del Plata ha sido denunciado penalmente por la CPM por apología del delito e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque subió a sus redes y celebró que una patota contratada por el municipio golpeaba a personas en situación de calle.

Eso es un delito flagrante, nuestras normas básicas prohíben que las personas golpeen a otras personas. ¿Tenemos que fundamentarlo? Y es más grave aun si lo hacen cumpliendo funciones del Estado.

No puede un funcionario hacer lo que le parezca para resolver un problema de la comunidad, debe hacerlo conforme a la ley. No estamos en el far west, estamos en un país que le ha constado mucho llegar a la democracia.

Si es verdad que las personas sometidas a su violencia son “peligrosos delincuentes” que hagan la denuncia correspondiente y que actúe la justicia y las fuerzas de seguridad que tienen facultades para hacerlo.

Las violencias que denunciamos están ampliamente documentadas: además de lo que muestra el intendente y el municipio en sus videos, estas patotas salen a la calle de noche a limpiar la ciudad, lo hacen en autos sin identificación e incluso sin patente, están encapuchados, golpean a las personas en situación de calle mientras duermen, les roban sus pertenencias, hasta las zapatillas, le arrojan gas pimienta y la comida que le da la asistencia estatal. Personas mayores han sufrido lesiones por parte de este grupo paraestatal. La patrulla municipal de Montenegro está yendo demasiado lejos: reinaugura violencias que no queremos que vuelvan en Argentina.

¿Así se resuelven los problemas de inseguridad y del delito? ¿Amenazando, golpeando, robando, es decir cometiendo más delitos? El fuego se apaga con agua, no con más combustible.

Montenegro no solo no respeta los límites que la ley le impone a su función, va más lejos: amenaza con la “extinción” de este organismo y de los derechos humanos. Extinción quiere decir: “desaparición, agonía, apagamiento, cese, declive, muerte; hecho que una especia desaparece por completo”.

Lo que debe extinguirse en una democracia son las violaciones a los derechos humanos y el amparo de estos actos ilegales por parte de sus funcionarios.

La justicia debe investigar los delitos que se denuncian y el Honorable Concejo Deliberante la actuación del Intendente Municipal. Lo que solicitamos está en el marco de las leyes vigentes. Los poderes del Estado decidirán si avanzan con estas investigaciones y las sancionan.

La CPM reclama solamente que se cumpla con las leyes. Siempre. Incluso para sancionar a quienes la incumplen.

Gobernar por fuera de las leyes, habilitando, ordenando, reivindicando o encubriendo las violencias del Estado, no tiene nada que ver con la democracia, sino con el autoritarismo a la que nuestra sociedad le dijo NUNCA MÁS.