La comunidad terapéutica San Antonio había sido denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria a principio de año, después de una inspección. La justicia había rechazado el pedido de clausura en febrero por cuestiones de competencia. Existen además causas penales por muertes de pacientes en años anteriores.

ANDAR en Pilar

(Agencia Andar) La comunidad terapéutica San Antonio está ubicada en el partido de Pilar. Está administrada por una OnG y ya tiene en su haber denuncias penales, presentaciones judiciales por graves violaciones de derechos humanos y la muerte de varios pacientes. El último caso ocurrió a fines de septiembre cuando Claudia Alejandra Martínez, de 40 años, murió en el marco de su internación por problemas con el consumo de alcohol. Por las muertes anteriores, ocurridas en 2013 y 2015, las denuncias penales están a cargo de las fiscalías 1 y 3 de Pilar pero no se conocen avances.

A esos procesos se suma el habeas corpus colectivo que presentó a principios de este año la Comisión Provincial por la Memoria en el que se pidió la clausura del lugar después de una inspección que realizó el organismo junto al Órgano de revisión local de la ley de salud mental. El Juzgado de Garantías 6 de Pilar rechazó la presentación excusándose en cuestiones de competencia y le dio intervención al Ministerio de Salud. Luego de asistir al lugar desde esa cartera dictaron una clausura provisoria, que implica que no puede haber nuevos ingresos, pero a pesar de los pedidos de la CPM no respondió más detalles al respecto.

Sin otro tratamiento que el encierro

“Claudia se internó este año por su voluntad por problemas de alcoholismo. Cuando muere dice que se sentía mal, que iba a dormir la siesta y no se despertó más. Ella iba una vez por semana a Del Viso a ser atendida por un médico clínico por problemas renales y es el mismo médico que asiste a la comunidad una vez por semana, algo que no es suficiente. Entonces lo que podemos intuir conociendo a San Antonio, sabiendo que los operadores ahí son otros pacientes a cargo, y a partir de los antecedentes de otras muertes, es que hubo desatención de su salud”, dice Pablo Galfré, autor de La Comunidad, un libro que investiga las muertes y condiciones de estas comunidades terapéuticas

En el habeas corpus de la CPM se denunciaban y describían las condiciones edilicias, irregularidades administrativas, hacinamiento (tenía una habilitación provisoria para 20 plazas con modalidad abierta y encontraron 36 usuarios bajo modalidad cerrada), y sobre todo la ausencia de un tratamiento adecuado para el abordaje de padecimientos de salud mental.

A través de distintos testimonios, el equipo del organismo constató que el ingreso a la institución, cuando no era voluntario, se realizaba mediante engaños o hasta con una modalidad parecida a un secuestro: de forma violenta buscaban a las personas en los domicilios o en la vía pública, se las reducía arrojándolas al suelo y atándole las manos con una sábana a sus espaldas para luego ser inyectados con un sedante.  Los primeros días de internación permanecían sedados y en una celda de aislamiento, la “habitación 4”, sujetados mecánicamente de pies y manos. Ése también era el destino si no se cumplía con alguna de las reglas del lugar. En las historias clínicas de los pacientes no constaban evaluaciones profesionales que determinaran la existencia de situaciones de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros que hicieran necesaria la internación o cualquiera de esas medidas, incluso la medicación.

El organismo denunció durante la presentación de su informe anual sobre encierro que durante el año pasado murieron 182 personas en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales monovalentes, unidades penitenciarias psiquiátricas dependientes del SPB, clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas. Claudia, aparentemente, había llegado a San Antonio desde una provincia del interior del país: “Llegan a Buenos Aires porque en las provincias no hay dispositivos adecuados para problemas de adicciones, es como si quedaran deportados, y caen en las San Camilo o San Antonio”, se lamenta Galfré.

En su informe la CPM relevó 13.500 personas internadas en 2017 en dispositivos de salud mental bajo seguimiento judicial en la provincia de Buenos Aires. Durante las inspecciones a estos lugares el 62% de las personas entrevistadas manifestó una deficiente o nula atención médica. “A pesar de lo dispuesto por la ley, el abordaje de la salud mental sigue siendo hegemonizado por un enfoque psiquiátrico, que se combina con un modelo de seguridad que impone la tortura y el sufrimiento”, aseguran.